Diamantes de sangre: el caso Desaedeleer

Por primera vez en la historia, un empresario, Michel Desaedeleer, es detenido por saqueo de “diamantes de sangre” y por esclavizar civiles para su obtención. Una noticia que tiene una gran importancia para las víctimas de la guerra de Sierra Leona que todavía, a punto de cumplirse 14 años del final de la contienda, buscan justicia. Además, ayudará a desenmascarar la cooperación necesaria de los agentes internacionales que trafican con los recursos naturales de África y financian sus conflictos.

En 2013, al conocer la condena a 50 años de prisión del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, por el Tribunal Especial para Sierra Leona por su participación en la guerra de ese país, en estas mismas páginas nos congratulábamos por el importante paso dado por la justicia internacional pero señalábamos los muchos flecos sueltos que la sentencia dejaba, como la reparación de las víctimas o la determinación del grado de implicación de diversos actores internacionales. Parece que con el caso Desaedeleer las cosas pueden empezar a ser distintas.

El pasado 28 de agosto, el ciudadano belga-americano Michel Desaedeleer fue detenido en el aeropuerto de Málaga cuando se disponía a viajar a Estados Unidos. El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González acordó su entrega a Bélgica el pasado 1 de septiembre.

Desaedeleer está acusado de beneficiarse del tráfico ilícito de los “diamantes de sangre” y de utilizar esclavos para su extracción durante la guerra civil que asoló Sierra Leona entre 1991 y 2002. Aunque hace mucho tiempo, al menos desde el año 2000, su nombre está relacionado con estos crímenes, solo recientemente se han podido presentar las acusaciones contra él gracias al interés de las autoridades belgas, el trabajo de organizaciones de derechos humanos y las declaraciones de víctimas y testigos presenciales.

El empresario belga-americano es sospechoso de haber participado, junto con el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, y los rebeldes del Frente Revolucionario Unido (RUF), liderado por Foday Sankoh, en un plan para extraer diamantes ilegalmente en el distrito de Kono, en el este de Sierra Leona.

La orden internacional de arresto emitida por las autoridades belgas se basó en testimonios recogidos por la organización suiza Civitas Maxima de testigos y víctimas que se encontraban en Kono, entre 1991 y 2001.

Gracias al asesoramiento de esta ONG, varios ciudadanos sierraleoneses, esclavizados durante la guerra de Sierra Leona, presentaron en Bruselas una querella criminal contra Desaedeleer, en enero de 2011. Esta denuncia permitió a las autoridades belgas abrir oficialmente una investigación que culminó con la emisión de la orden internacional de detención del empresario en 2015.

La organización suiza lleva años trabajando conjuntamente con la sierraleonesa Centre for Accountability and Rule of Law (CARL), la cual tiene como objetivo conseguir justicia para las víctimas de aquel conflicto.

Los testimonios de los testigos presenciales y de las víctimas aportan las pruebas necesarias para demostrar lo que ya habían denunciado periodistas como Greg Campbell, autor del libro Diamantes Sangrientos, Teun Voeten, en su libro How de body?, y sobre todo Sebastian Jaunger, famoso por su artículo The terror of Sierra Leone, publicado en Vanity Fair en el año 2000. Esto es, que durante la guerra sierraleonesa, el RUF utilizó a civiles como esclavos en las minas de diamantes de Kono. El producto de los trabajos forzados era llevado a Charles Taylor en Monrovia, Liberia, y luego vendido en el mercado internacional. Esta actividad también ha sido probada por las sentencias del Tribunal Especial para Sierra Leona. Tanto los periodistas antes mencionados como las víctimas de esclavitud y los testigos presenciales nombran expresamente a Michel Deseadeleer como uno de los responsables de los crímenes al supervisar las operaciones de excavación y tráfico de diamantes.

Pero quizás fue el informe del panel de expertos de la ONU que investigó el comercio de diamantes de sangre, el que en su documento final, conocido como informe Fowler y publicado en el año 2000, puso, por primera vez, de relieve los negocios de Deseadeleer con el RUF. El empresario y los rebeldes habrían tenido un primer contacto en Togo para luego negociar directamente con Foday Sankoh la concesión de todos los recursos de diamantes y oro de Sierra Leona por 10 años.

El acuerdo se materializó en 1999, tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Sierra Leona y el RUF por los que Sankoh era nombrado Presidente de la Comisión para la gestión de los Recursos Estratégicos Minerales, en un intento de integrar a los rebeldes en el gobierno de la nación.

Documentos encontrados posteriormente en la casa de Sankoh en Freetown, mostraron que aún estando en el gobierno, este seguía negociando con cientos de diamantes ilícitos y que hombres del RUF seguían en Kono controlando las minas. En ellos aparece claramente en nombre de Desaedeleer como intermediario en el tráfico de las gemas.

El dinero producido por el comercio ilícito de diamantes sierraleoneses fue mucho y ayudó a financiar un conflicto muy sangriento que costó la vida a más de 50.000 personas, produjo cientos de amputados, mujeres y niñas violadas, niños y niñas utilizados como soldados y miles de desplazados y refugiados. Los expertos de la ONU estiman que cada año el RUF exportaba ilegalmente entre 25 y 125 millones de dólares.

Alain Werner es el abogado que ha ayudado a las víctimas, además de director de Civitas Maxima. Trabajó como fiscal en el Tribunal Especial para Sierra Leona e intervino en varios juicios contra dirigentes del RUF y también en el celebrado en La Haya y que condenó a Charles Taylor. En declaraciones a la CNN ha dicho que: “Este caso ayudará a dar a conocer el papel fundamental que desempeñan los actores financieros en el comercio de los recursos minerales que alimentan los conflictos armados en África y otros lugares”.

También Ibrahim Tommy, director ejecutivo de CARL, ha declarado que “este es otro paso importante en nuestro esfuerzo colectivo por asegurar la responsabilidad por los crímenes ocurridos durante el conflicto sierraleonés. No se puede permitir que ninguno de los que participaron en delitos tan graves como esclavizar personas y forzarlas a extraer diamantes para ellas quede impune. Este caso también ayudará a arrojar luz sobre los que desde las sombras controlaban el infame comercio de los ‘diamantes de sangre’ en Sierra Leona”.