A propósito del voto igual

Que el voto igual figure como una de las exigencias programáticas principales de los partidos emergentes constituye sin duda una excelente noticia para nuestra democracia. Aunque tal exigencia suela presentarse en clave de “regeneración”, su significado democrático es tal que convendría hablar más bien de “constitución”. Y, de hecho, solo una reforma constitucional podrá lograr que en España el voto de los ciudadanos sea, en efecto, “igual”. Porque, sorprendentemente, es en la propia Constitución de 1978 dónde se apuntala nuestra desigualdad ante las urnas.

Durante mucho, mucho tiempo, los partidos beneficiados por esa desigualdad constitutiva —el PP, el PSOE y los nacionalistas periféricos— han apelado a la existencia de un cierto “consenso” como toda justificación. En 2011, por ejemplo, Rajoy afirmaba que la ley electoral “forma parte de las reglas del juego y debe ser producto del mayor consenso posible” y que “solamente se podrá modificar por el acuerdo de todos los partidos”. Se trata de un argumento radicalmente contrario a unos cuantos presupuestos democráticos elementales. Tan elementales, ay, que asusta tener que señalarlos a estas alturas.

La primera objeción es meramente empírica, factual, indiscutible: no hay ningún consenso. Por ningún lado. Un consenso implica por definición unanimidad, y aquí nunca la ha habido. Los partidos beneficiados por el sistema electoral lo defienden, los perjudicados no. Así que no hay consenso, sino lo contrario: hay discrepancia, hay conflicto, hay desacuerdo.

“Bueno, pero es que hay una mayoría favorable a esas reglas de juego”, se dirá. Algo que, de nuevo, es radicalmente falso. O, mejor dicho, democráticamente falso. Porque, en su más elemental abecé, la teoría de la democracia establece que ciertas cosas no están sujetas a la regla de la mayoría. Por eso a esas cosas —la vida, la libertad, la educación, el trabajo y otras minucias— las llamamos “derechos”. Porque no son un producto de la regla de la mayoría: son su manantial, su mera condición de posibilidad.

El voto igual es una de esas cosas. Es un “principio”, como solemos decir, y ya el lenguaje —cuyo sentido primigenio y obvio resurge a veces como un chispazo que ilumina de pronto nuestra comprensión— nos da la clave fundamental: un principio es algo que está en el origen, que está antes, que está al comienzo. Por eso de los principios decimos que son “inalienables”, porque nadie nos los puede arrebatar. Tampoco una mayoría de ciertos partidos… beneficiados además, y espectacularmente, por aquello que aprueban.

Es obvio que un acuerdo entre partidos que decidiera abolir las elecciones no sería democrático, como tampoco lo sería que tales partidos acordaran imponer un determinado credo religioso a todos los ciudadanos. Pues bien, tampoco ningún acuerdo entre partidos puede decidir “por mayoría” lesionar el voto igual, esto es, la igualdad política. Porque la participación popular, la libertad religiosa y la igualdad política son principios, derechos, fundamentos. Ellos están primero, las mayorías vienen después. Son ellas las que existen gracias a ellos, y no pueden violentarlos.

La teoría de la democracia establece que ciertas cosas no están sujetas a la regla de la mayoría

Así que, frente a lo establecido por Rajoy y por todos los partidos que sostienen a día de hoy un sistema representativo basado en un voto desigual, ocurre no solo que no hay consenso al respecto, sino que no puede haberlo. Es democráticamente imposible. ¿Cómo los ciudadanos que reciben un voto degradado van a estar de acuerdo con el apaño? Nadie que sea un sujeto político puede por definición —esto es: por principio— aceptar voluntariamente la desigualdad en el ágora.

Por eso aquí el único consenso democrático es el contrario y obvio: el voto de todos ha de ser igual. Porque, si la ley es igual para todos, entonces todos hemos de ser iguales a la hora de establecerla. Es el punto de partida de la democracia. El voto igual es un derecho, tal y como afirman todas las teorías de la democracia y tal y como recoge la mismísima Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Si en nuestro país no lo tenemos garantizado, será cuestión de exigirlo, y de hacerlo ya.

Pero hay aquí, todavía, un último sofisma a desmontar oculto bajo esa argumentación del “consenso”. El argumento de la política. De la antipolítica, mejor, porque eso es, a todas luces, lo que subyace bajo todo este lodazal partidista en el que se transforma el debate público en cuando toca hablar de nuestro modelo representativo y de su fundamento. Muchos intereses, sin duda… pero ningún ideal.

Durante mucho, demasiado tiempo, los dos grandes partidos han esgrimido el “consenso” como si fuera una rutina heredada con la que ellos no tienen que ver. Como si ellos no fueran parte activa de ese consenso. Esto es: como si con respecto a ese consenso ellos no pudieran hacer política. Como si ante él fueran antipolíticos. Y ya vale.

Las dos grandes formaciones han esgrimido el “consenso” como si fuera una rutina heredada 

El Partido Popular defiende en su ideario la libre competencia en el mercado económico ¿Hay algún motivo por el que el PP no esté de acuerdo con la libre competencia en el mercado político? Esto es, ¿hay algún motivo por el que, cuando se trata de competir por el voto de los ciudadanos, el Partido Popular favorezca reglas electorales que vulneran la libre competencia y favorecen un duopolio contra el que es casi imposible competir? No apelen a un pretendido consenso: el consenso son ustedes. Esgriman las razones políticas, públicas, razonables, basadas en su ideario liberal, por las que ustedes sostienen activamente ese consenso y forman parte de él… ¿podemos los ciudadanos saber por qué están ustedes a favor del voto desigual?

El Partido Socialista encumbra el principio de igualdad como su máximo valor político. ¿Por qué razón no ha movido jamás un dedo para modificar una ley electoral que otorga a los ciudadanos españoles un voto desigual? ¿Qué razones políticas aducen? Arguyan, propongan, repliquen… pero no se escondan bajo un consenso previo: ese consenso son ustedes.

Son, para ambos, preguntas sencillas: ¿quieren que los españoles tengamos un voto igual o no? En caso de que lo quieran, ¿por qué no han hecho nunca nada al respecto? No están acostumbrados a responderlas, lo sé, pero los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, han cambiado ahí fuera. Mucho. Ya no se conforman con fantasmales y antipolíticos consensos heredados. Ahora quieren razones democráticas concretas. Otros partidos ya están respondiéndoles… ¿y ustedes?

Jorge Urdánoz Ganuza es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra. Para firmar por el voto igual: www.20destellos.com