13 acusados de Gürtel, listos para tirar de la manta en el juicio por la visita del Papa

Llegó la hora de tirar de la manta. Al menos 13 de los 23 acusados en el caso de desvío de fondos públicos por la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, admitirán los hechos en el juicio de esta pieza del macrosumario Gürtel que se ha iniciado este lunes en la Audiencia Nacional. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, los abogados de todos estos procesados han anunciado que sus clientes se prestarán, además, a “colaborar con la justicia” para desvelar...

Llegó la hora de tirar de la manta. Al menos 13 de los 23 acusados en el caso de desvío de fondos públicos por la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, admitirán los hechos en el juicio de esta pieza del macrosumario Gürtel que se ha iniciado este lunes en la Audiencia Nacional. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, los abogados de todos estos procesados han anunciado que sus clientes se prestarán, además, a “colaborar con la justicia” para desvelar quién más se encontraba detrás de esta macro red de corrupción vinculada al PP.

La pregunta que sobrevuela ahora es a quién o a quiénes señalarán estos 13 acusados que han pactado con el ministerio público. Entre los dispuestos a confesar se encuentran varias piezas importantes del entramado. Como Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Francisco Correa en Valencia y a quien Francisco Camps, expresidente valenciano, llamaba “amiguito del alma”. O también Ramón Blanco Balín, el “cerebro financiero” de la Gürtel; o Pedro García Gimeno, entonces director de Canal 9 y persona de confianza primero de Eduardo Zaplana —el expresidente autonómico al que se investiga también en el caso Erial— y después del propio Camps, que está pendiente de juicio al señalarle varios implicados en el juicio sobre la caja b del PP valenciano.

“Nuestro representado va a colaborar con la justicia y va a reconocer los hechos”, ha adelantado, por ejemplo, el letrado de García Gimeno durante la fase de cuestiones previas del juicio, que se prolongará hasta principios de junio, según las previsiones iniciales. En la misma línea se ha manifestado el abogado de Blanco Balín, que destacaba el “arrepentimiento” de su cliente tras “un proceso de reflexión”.

Las fiscales llevan semanas negociando este acuerdo, que no ha sentado nada bien a otros acusados. Entre ellos, a Francisco Correa, cuyo abogado ha recordado que esa acuerdo no afecta al juicio “y debe seguir igual para todos”. Más duro se ha mostrado el letrado de José Luis Martínez Parra, uno de los empresarios procesados, que ha acusado a la Fiscalía de poner en marcha “maniobras y tácticas” para “amedrentar” a quienes se sientan en el banquillo.

Al pacto no se ha acogido uno de los personajes clave en la causa y posible diana de los procesados confesos: Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas, consejero de los Gobiernos de Camps y director general de la Policía Nacional con José María Aznar. Según el ministerio público, que pide 11 años de cárcel para él, “impulsó activamente" y “gestionó de facto” la contratación [irregular] de los actos programados para la visita del Papa. Y lo hizo, según la Fiscalía, "pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia (organizadora del evento), ni formar parte de sus competencias como conseller”.

Reparto de 3,3 millones de euros

Según los investigadores, la trama Gürtel aprovechó el viaje de Benedicto XVI a Valencia para que, gracias a su “estrecha relación” con los cargos públicos del PP, el canal de televisión autonómico Canal 9 adjudicara a una de sus empresas la instalación de las pantallas y la megafonía del evento. Se desembolsó más de siete millones de euros y, según la Fiscalía Anticorrupción, los cabecillas de la red se repartieron al menos 3,3 millones. Para ello, prosigue el ministerio público, Correa y sus acólitos echaron mano de la “red de influencias” que habían tejido en aquellas comunidades y municipios gobernadas por el partido conservador.

“A partir de 2003, los acusados Correa, Pablo Crespo, [ex secretario de Organización del PP gallego] y Álvaro Pérez decidieron de común acuerdo extender la actividad del grupo Correa a la Comunidad Valenciana para aprovechar las posibilidades de negocio que les permitía el acceso a determinadas personas que ocupaban importantes cargos públicos y políticos de esa comunidad en el Partido Popular”, recalca Anticorrupción en su escrito, donde subraya la existencia de delitos de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda. Una tesis que también mantuvo el juez instructor de la causa, José de la Mata: “La razón para constituir una nueva sociedad en Valencia fueron las buenas perspectivas de negocio derivadas de las buenas relaciones que estas personas tenían con diversos responsables políticos del PP”.

La Fiscalía pide inicialmente por estos hechos 38 años y 3 meses de cárcel para Correa; un año menos tanto para su contable, Pablo Crespo, como para El Bigotes; 18 años para Balín; y 40 para García Gimeno. Aunque estos tres últimos, de no torcerse el pacto, verán rebajadas considerablemente sus respectivas solicitudes de condena por parte del ministerio público.