Un importante empresario de Alicante admite que corrompió a dos alcaldes del PP para amañar el plan urbanístico

Dinero en metálico, vacaciones pagadas y un coche marca Mini Cooper. Estos son algunos de los regalos que el empresario alicantino Enrique Ortiz pudo haber hecho a dos exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del Partido Popular, con el fin de garantizar que el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad favoreciera sus intereses. Ortiz acaba de admitir ante la Fiscalía Anticorrupción este presunto amaño en un acuerdo por el que acepta dos años de prisión y una multa que roza los 900.000 euros.

El constructor, el mayor propietario de suelo de la capital alicantina, evita entrar en la cárcel gracias a este pacto, que rebaja la petición de condena en seis años, ya que el fiscal iba a solicitar una pena de ocho. A cambio, dificulta las perspectivas de Alperi y Castedo a poco más de dos meses de que comience el juicio de una de las ramas del caso Brugal, un complejo entramado de corrupción política del PP que se extiende por toda la provincia de Alicante. Con el acuerdo, Ortiz se declara autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro de tráfico de influencias, así como cooperador en otro delito continuado de prevaricación.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción también obliga a Ortiz a abonar cerca de 1,6 millones en concepto de multas e indemnizaciones. La corrupción de autoridades públicas le cuesta un año y seis meses de prisión y 356.528 euros de multa. El tráfico de influencias, seis meses más y 526.261 euros. Y, finalmente, los costes derivados de un plan urbanístico que se desarrolló entre 2007 y 2010, y que fue finalmente desestimado en 2015, añaden una indemnización al Ayuntamiento de Alicante de 713.057 euros más. El precio de esquivar el encierro en una celda suma, en total, 1.595.846 euros.

Con este pacto, firmado también por la acusación particular que representa al consistorio alicantino (que pedía cinco años de prisión para Ortiz) y por la acusación popular ejercida por Esquerra Unida (que solicitaba una condena de 13 años), el promotor urbanístico reconoce haber promovido cambios en el PGOU que favorecieran sus intereses. Según el escrito de la acusación, a cambio de esas modificaciones y recalificaciones, Alperi y Castedo recibieron pagos en metálico, viajes a Creta, Ibiza o Andorra y un Mini Cooper. En total, unos 700.000 euros repartidos entre ambos alcaldes, según el fiscal, para garantizarse un buen negocio con el nuevo desarrollo urbanístico de la ciudad. Por este motivo, los dos exalcaldes se enfrentan a diez años de cárcel.

No es la primera vez que Ortiz elude ingresar en prisión gracias a un acuerdo con la Fiscalía. En una de las piezas del caso Gürtel, sobre la financiación irregular del PP, consiguió desviarse del camino a prisión gracias a otro pacto por el que fue condenado a un año y tres meses de prisión que eludió pagando una multa.

Salvo modificaciones causadas por el estado de alarma decretado ante la pandemia de coronavirus, el juicio de esta rama del caso Brugal tendrá lugar en la Audiencia de Alicante en septiembre, con dos sesiones iniciales previstas, inicialmente, para el 30 de junio y el 7 de julio. En el banquillo se sentarán Alperi y Castedo y los abogados José Luis Castedo (hermano de la exedil popular) y Javier Gutiérrez, acusados de tramitar los supuestos cambios en el PGOU.

También lo harán Ortiz, su hermano Virgilio y uno de sus empleados, Santiago Bernáldez, a quienes igualmente ha alcanzado el pacto con la Fiscalía y han aceptado penas de tres meses de prisión y una multa de 81.000 euros por asumir un delito continuado de corrupción de autoridades. Por último, estará encausado también el constructor de Elche Ramón Salvador, quien ya aceptó con la Fiscalía tres meses de cárcel el pasado mes de febrero.