El riesgo de volver a delinquir por la pandemia

La justicia les dio una segunda oportunidad que el coronavirus ha puesto ahora en riesgo. Los condenados a menos de dos años de cárcel por delitos leves a los que la sentencia les permitió evitar el ingreso en prisión a condición de que siguieran uno de los programas de rehabilitación de Instituciones Penitenciarias han visto como el decreto de estado de alarma del 14 de marzo cortaba bruscamente la terapia que recibían. En estos programas -que incluían reuniones grupales ahora imposibles de realizar por el confinamiento- participaban en aquel momento 8.884 penados, buena parte condenados por amenazas o maltrato psicológico a sus parejas, según las estadísticas del Ministerio del Interior. El pasado 30 de marzo, los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) de Prisiones ya pusieron en marcha un servicio de seguimiento telefónico para “identificar las variables de riesgo de reincidencia derivadas de la situación de confinamiento” en estos condenados. Ahora, con la experiencia de estas dos últimas semanas, los expertos han elaborado un documento de trabajo en el que se detalla a los psicólogos penitenciarios y de las asociaciones colaboradoras cómo atender a distancia su evolución para evitar que vuelvan a delinquir.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que este seguimiento telefónico prestará “especial atención” a aquellos penados que, cuando estalló la crisis sanitaria, seguían cinco terapias de rehabilitación concretas de los cerca de una docena que Prisiones tiene en marcha. Se trata de los programas Puente Extendido (destinados a los que sufren un trastorno mental grave) PRIA-MA (para condenados por violencia de género), Encuentro (para implicados en agresiones familiares), PCAS (para el control de la violencia sexual) y Fuera de Red (dirigido a consumidores de pornografía infantil en internet). Todos los participantes en ellos recibirán a partir de ahora, al menos, una llamada semanal, salvo aquellos casos catalogados de “prioridad alta” por haber manifestado problemas de “salud mental, drogodependencias, confinamiento en soledad sin redes de apoyo social, detección de situaciones de conflicto en la unidad de convivencia o detección de factores de riesgo de violencia inminente”. En ese caso, los contactos telefónicos serán dos cada siete días. Guadalupe Rivera, subdirectora general de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, asegura que “los propios penados también pueden llamar a los terapeutas que les atienden si son conscientes de que el confinamiento está teniendo un efecto negativo en su comportamiento”. Rivera insiste en que el objetivo final es “evitar que vuelven a delinquir”.

Para lograrlo, el documento fija las pautas y preguntas que deben conducir estas conversaciones telefónicas. Así, se pide a los psicólogos que, en primer lugar, transmitan “tranquilidad ante las preocupaciones o miedos” que los penados puedan presentar ante la enfermedad, el contagio en familiares o allegados, o la pérdida del puesto de trabajo y los ingresos por la crisis económica provocada por la pandemia. En las llamadas, los profesionales debe intentar detectar si el penado se encuentra solo durante el confinamiento, tiene cubiertas las necesidades básicas, cómo le está afectando a él y su entorno la covid-19, qué gestión hace del tiempo de encierro, su situación laboral y económica, el estado emocional y la posibilidad de que esté consumiendo algún tipo de droga. En función de las respuestas, el profesional deberá proponer al condenado que adopte diferentes actuaciones, entre ellas, poner en práctica las medidas de autocontrol aprendidas en las sesiones del programa hasta que la pandemia obligó a suspenderlo.

Instituciones Penitenciarias presta especial atención a dos tipos de penados: los condenados por violencia de género y familiar, y a aquellos por delitos de índole sexual. En los primeros, los psicólogos deberán detectar las respuestas que revelen “un incremento de la hostilidad y una posible planificación del daño, así como la presencia de emociones de ira, rabia y resentimiento”. En caso de que el penado “verbaliza una situación inminente de riesgo para terceras personas”, el profesional deberá avisar a Instituciones Penitenciarias para que se alerte a las Fuerzas de Seguridad y estas actúen. No obstante, Rivera asegura que, “hasta ahora, no se ha dado ninguna situación de este tipo y no ha sido necesario llamar a la Policía”. Los terapeutas también intentarán detectar posibles tendencias suicidas o de autolesión, así como un incremento en el consumo de alcohol o drogas, sobre todo en aquellos casos “donde se detecte características de personalidad psicopática o trastorno límite de la personalidad”.

El documento señala que los terapeutas deben explicar a los penados que “en esta situación extraordinaria”, el temor a enfermar o perder el trabajo, sentirse aprisionado en casa por el confinamiento, el desánimo y la inseguridad son “sensaciones y emociones perfectamente normales”. “Es importante hacerle ver que, si se siente así, las personas de su entorno pueden tener emociones similares y que, además, pueden temer nuevos episodios de violencia”, señala la guía. Por ello recomienda que se les plantee que “es un buen momento para demostrar que es capaz de estar en casa de manera tranquila y respetuosa […]. Es importante recordarle que esta difícil situación no puede ser nunca excusa para actuar de manera violenta y hacer daño a nadie”, recalca el documento.

Si durante la entrevista telefónica se detectan señales de alarma, el psicólogo recomendará al condenado alejarse de la persona en peligro para evitar agredirla: “Sal como mínimo de la habitación y, si es necesario, al rellano o a la calle. No bebas alcohol ni tomes otras drogas. Cálmate, por ejemplo, haciendo ejercicios de respiración lenta. También puedes llamar a una amistad que te ayude a calmarte y no actuar de manera violenta”, propone plantear la guía al penado.

En el caso de los condenados por algún delito leve de índole sexual, en su mayoría por el consumo de pornografía infantil en internet, Prisiones alerta que este tipo de delincuentes suelen recurrir “en situaciones de malestar emocional” al consumo continuado de todo tipo de pornografía y a la masturbación compulsiva. Además, alerta que muchos de ellos formaron parte de comunidades virtuales de orientación pedófila a las que pueden intentar recurrir ahora en busca de contacto social. También contempla el riesgo de que intenten navegar en las redes sociales utilizando identidades falsas para contactar con menores y reanudar la actividad delictiva por la que fueron condenados. En caso de detectar cualquier factor de riesgo, los terapeutas propondrán a estos penados, entre otras medidas, que se pongan en contacto con amigos y familiares que puedan ayudarles. También que hagan deporte en casa “como forma de ventilar emociones” y que si recurren a la pornografía, que hagan “un uso controlado” de la misma.

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