Alicante sienta en el banquillo a dos de sus últimos alcaldes por corrupción

La incertidumbre planea sobre el inicio del juicio que va a llevar al banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante a dos de los últimos alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por el supuesto amaño del plan general de ordenación urbanística (PGOU) a favor, principalmente, de un empresario, Enrique Ortiz, a cambio de dinero y regalos. Sin embargo, salvo la fecha fijada para la primera jornada de cuestiones previas, el próximo 30 de junio, nada parece estar asegurado, según señalan fuentes cercanas al proceso, cuya investigación arrancó en 2009.

En el caso de que todo siga el calendario fijado por la Audiencia, Alperi, Castedo y Ortiz serán los principales protagonistas de un juicio que nació como una de las piezas desgajadas de la trama Brugal, una compleja red de supuestas corrupciones políticas en la que están implicados diversos altos cargos provinciales del Partido Popular (PP). En este caso, según la Fiscalía, el empresario repartió una cifra que ronda los 700.000 euros entre ambos alcaldes, además de viajes a Andorra, Creta, Ibiza y un vehículo marca Mini Cooper. A cambio, Ortiz, propietario de la mayor parte del suelo de Alicante, se garantizaba modificaciones y recalificaciones que le proporcionaban extraordinarios beneficios económicos. El fiscal pide penas de ocho años de prisión para el constructor y diez para Alperi y Castedo.

Junto a ellos, también se juzgará al hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, y su socio en un bufete de abogados, Javier Gutiérrez, acusados de supuestos colaboradores, así como el hermano del empresario, Virgilio Ortiz, uno de sus empleados, Santiago Bernáldez, y los constructores Pablo Rico y Ramón Salvador. Los acusados, el tribunal, los funcionarios a su servicio, Fiscalía, acusaciones y defensas completan el aforo de la sala, según han advertido fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a causa de las medidas de prevención adoptadas para prevenir la propagación de la Covid-19. No habrá público y los medios seguirán el juicio por vía telemática.

Sin embargo, todo pende de un hilo finísimo, el que enlaza a Ortiz con la Fiscalía, con la que en principio llegó a un acuerdo por el que reconocía todos los hechos que se le imputan a cambio de una reducción de petición de pena, a dos años de prisión, y el pago de una multa de cerca de 900.000 euros. Este pacto se firmó el pasado mes de abril, aunque la resolución de otro caso de la trama Brugal, el de las basuras de Orihuela, podría haber hecho que el empresario alicantino se retractara. El pasado 10 de junio, el juicio por la presunta concesión a dedo de la gestión de residuos de Orihuela, también con dos alcaldes implicados, José Manuel Medina y Mónica Lorente, y con un muñidor confeso, Ángel Fenoll, se saldó con la absolución de todos los implicados por la anulación de las escuchas telefónicas con las que arrancaron las más de veinte piezas separadas de Brugal. Incluida la del PGOU alicantino.

Esta circunstancia determinará, en uno u otro sentido, el desarrollo del juicio. Pero aún está por certificar si Ortiz sigue adelante con su confesión o no. “No se ha notificado nada” respecto a este asunto, afirman las fuentes consultadas. “Ni siquiera está claro que vaya a comenzar el día 30”, prosiguen. El motivo, que falta documentación. “La sala ha pedido las transcripciones de los interrogatorios realizados a los acusados y a los testigos”, indican, “que no han sido entregadas todavía”. La rueda de la justicia, sin embargo, ya está en marcha. 30 de junio y 7 de julio son las fechas para las cuestiones previas. Entre el 23 de septiembre y el 21 de octubre declararán acusados y testigos. Las pruebas periciales (cuatro sesiones) y las documentales y escuchas (tres sesiones) se presentarán entre finales de octubre y principios de noviembre. Y las conclusiones finales están previstas entre el 10 y el 12 de noviembre. Si se disipan todas las incertidumbres.