Jardineros, canteros y motobombas públicas daban servicio al pazo de Meirás

El Gobierno trata de demostrar que el pazo de Meirás tenía la consideración de residencia del jefe del Estado mientras la familia Franco busca justo lo contrario: probar su carácter privado, como regalo que el pueblo de A Coruña hizo al dictador por su persona, no por su cargo público. Esta mañana, durante la primera sesión del juicio en que ha desembocado la demanda presentada por la Abogacía del Estado en 2019 para que ...

El Gobierno trata de demostrar que el pazo de Meirás tenía la consideración de residencia del jefe del Estado mientras la familia Franco busca justo lo contrario: probar su carácter privado, como regalo que el pueblo de A Coruña hizo al dictador por su persona, no por su cargo público. Esta mañana, durante la primera sesión del juicio en que ha desembocado la demanda presentada por la Abogacía del Estado en 2019 para que los nietos del caudillo devuelvan el palacete, distintos testigos han afirmado que Meirás recibió numerosos servicios de la Administración pública. En estos servicios se encuadra la vigilancia hasta 1990, por parte de guardias civiles que vivían allí todo el año, o repetidos trabajos de jardinería, cantería o suministro de agua que corrían a cargo del vecino Ayuntamiento de A Coruña antes de la muerte del dictador, y que supuestamente no se cobraban.

Cuando llegaba el verano, el pueblo de Meirás (Sada, A Coruña) disparaba su población. “Allí estaba el jefe del Estado, se multiplicaba la gente”, ha explicado un funcionario del consistorio de A Coruña al que hace años el Ayuntamiento encomendó un informe sobre servicios prestados al pazo. Existían, por tanto, problemas de abastecimiento de agua, así que los bomberos de A Coruña, según revelan los partes de la época (“hojas blancas firmadas” por responsables del parque que él recuperó del archivo) enviaban “cinco o seis” veces “en julio y agosto” motobombas al pazo. Esto ocurrió en los años 60 y parte de los 70 y no constan papeles en los que figure “ningún reembolso” por el servicio. “Mi padre era bombero”, ha dicho el funcionario del departamento de gestión del suelo y de patrimonio, “me decía que esto era público y notorio”. Además del suministro de agua en cisternas, según ha explicado el trabajador del Ayuntamiento, “los jardineros públicos se trasladaban al pazo a arreglar la finca” y “los canteros del taller municipal también”. Por esas tareas “se les pagaban horas extra”, ha comentado.

Los testigos que han declarado a petición del abogado de la defensa de los nietos de Franco, Luis Felipe Utrera, han compuesto, sin embargo, un relato en el que la familia siguió haciendo uso de la residencia estival e invirtió “mucho dinero” no solo en la rehabilitación posterior al incendio de 1978, sino en el constante mantenimiento de un caserón centenario y lleno de achaques. El exalcalde de Sada entre 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares, que durante casi todos sus gobiernos mantuvo colgado en el despacho consistorial el retrato de Franco, ha confirmado que en los años 80 hubo conversaciones desde el Ayuntamiento de A Coruña y que incluso se trató en el pleno de la diputación provincial la posible compra del pazo a la familia. Si hubo intentos de adquisición, ha defendido el abogado de los seis nietos demandados (Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, además de la mercantil Prístina, SL, que gestiona bienes de la familia), es porque “las Administraciones lo consideraban propiedad privada”.

Según Rodríguez Ares, pese al incendio de 1978 que se atribuyó a un cortocircuito y que devoró las entrañas de la torre derecha (y aunque el inmueble no fue rehabilitado hasta después de 20 años), “el pazo no estuvo abandonado de ninguna manera”. Además, ha recordado que en una ocasión, comiendo con la hija, Carmen Franco, y el yerno del dictador, Cristóbal Martínez Bordiú, este, el marqués de Villaverde, le dijo que “tenía que irse a Betanzos a pagar el IBI”. “Quiero decir una cosa”, ha anunciado a continuación el exalcalde (por AP, PP y el Partido Demócrata Sada Popular cuando Fraga lo expulsó del PP): “Eso siempre fue una propiedad privada. No se puede hablar de recuperación [por parte del Estado] porque el pazo nunca ha sido público. Antes de ser de Franco era de Emilia Pardo Bazán”.

Fernando Quiroga Piñeiro, suegro de una de las nietas demandadas, Arancha Martínez-Bordiú, ha reconocido también su amistad con el marqués de Villaverde (”nos gustaban los mismos deportes”) y ha asegurado que fue a visitar a Manuel Fraga a la Xunta para pedirle que colaborara económicamente con la rehabilitación del pazo de Meirás tiempo después del asolador fuego que dejó el edificio (que por entonces no era un bien de interés cultural) hecho “un caos”. “Fraga me dijo que no era posible ayudar”, ha comentado sin más el testigo ante la juez de primera Instancia 1 de A Coruña.

Así que finalmente la obra, según Quiroga, la abonó la familia y se acometió a partir de 1998 durante “cuatro años”. “A mi modo de entender, la pagó Carmen Franco o familiares... y creo que fue del orden de los 100 millones de pesetas”, ha añadido después de explicar que fue él mismo quien supervisó los trabajos y quien, tras sucesivos intentos, logró convencer a la hija del dictador de que había que restaurar Meirás porque “era una decisión histórica”. “El pazo era muy importante para la historia de España y de Galicia”, ha repetido varias veces hoy, “aquello estaba de llorar, y Carmen tenía mucho miedo de lo que costaría”.

El consuegro de la hija de Franco ha reconocido que, mientras vivió el dictador, “un mes antes” de que desembarcase la familia allí para veranear, “iba el Ejército” para acondicionar “superficialmente” el recinto. “[Los Franco] no se aprovecharon de la Jefatura del Estado para dejar aquello como un palacio”, ha defendido Quiroga Piñeiro. El enclave, según este testigo y el exalcalde de Sada, siguió siendo utilizado para “reuniones y visitas” de la familia, para celebrar misas conmemorativas y para recibir “a gente importante de la sociedad española”. Quiroga ha citado, en concreto, a Juan Carlos de Borbón, que iba “ocasionalmente a comer con Cristóbal”.

Entre vecinos y personajes vinculados al pazo, hoy también ha prestado declaración Juan Pérez Babío, nieto de Josefa Portela, una viuda con cinco hijos (dos en el frente) a la que expropiaron la casa para magnificar los dominios del pazo cuando este se convirtió en mansión estival de Franco. El vecino de Meirás ha recordado que a su abuela “se le cayó el mundo encima” cuando la despojaron a la fuerza de su vivienda. “A ella y también a mi madre les costaba muchísimo hablar de eso. Les causaba mucho dolor”, ha dicho el testigo llamado a declarar a petición de las partes demandantes (Estado, Xunta, Ayuntamientos de Sada y A Coruña y diputación provincial). “La terminaron presionando”, ha relatado Pérez Babío. Los encargados de la maniobra, de parte de la Junta pro Pazo formada por personalidades franquistas de la provincia, “le hicieron varias visitas, trataron de convencerla, pero ella no quería”. Al final, la “expulsaron” y aquello “la marcó para toda su vida. Siempre la vi profundamente triste”.

“Solo se acordaron del pazo 44 años después”

El abogado de la familia Franco ha defendido antes de entrar a la sala de vistas que detrás de este juicio para la devolución del pazo al Estado hay “un trasfondo político”. “Lo que realmente se trata [aquí] es la discusión de la propiedad de un inmueble que tanto el Estado como el resto de las instituciones que están personadas abandonaron por completo en 1975 y solo se acordaron de él 44 años después”, ha dicho. “No se acordaron cuando se destruyó, no se acordaron cuando se incendió, cuando hubo que reconstruirlo, y se acuerdan ahora”, ha apostillado. Durante la declaración de Quiroga, no obstante, ni él ni ninguno de los abogados demandantes han querido tirar del hilo de Fraga que el testigo les brindaba. Nadie preguntó a renglón seguido por qué el exministro de Franco no quiso invertir en el pazo cuando ya era presidente de la Xunta y en Galicia llovían las subvenciones. Si fue porque lo consideraba una propiedad privada o bien por no marcarse públicamente con lo que podría ser interpretado como un favor a la familia del dictador.

La abogacía del Estado trata de defender que la escritura conocida hasta el año pasado, de 1941, es “fraudulenta” y su objetivo fue traspasar de forma “simulada” la propiedad a Franco de un bien comprado tres años antes a los herederos de Pardo Bazán y pagado con una cuestación popular llevada a cabo con “coacciones”. Otra escritura hallada en 2019 y fechada en 1938 demuestra, según los letrados que representan al Gobierno, que el inmueble ya había sido adquirido por un precio mucho más alto, y que lo fue para regalar al dictador en calidad de jefe del Estado. Además, la abogacía intenta probar que el pazo se mantenía con fondos públicos y que incluso el Ayuntamiento de Ferrol se encargaba del abonar el IBI mientras vivió Franco.