La bola de nieve judicial que persigue a Podemos

José Manuel Calvente era un abogado desconocido para la opinión pública cuando en diciembre del pasado año, tras ser despedido de Podemos, se plantó ante la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y relató toda una batería de supuestas irregularidades en las cuentas del partido. “Como era tan extenso, la Guardia Civil me dijo: ‘Por favor, si pudiera hacer usted un escrito, nos ahorramos tener que transcribir todo lo que está diciendo”. El letrado, de 55 años, que llevaba trabajando en Podemos desde 2014, elaboró entonces una amplia denuncia que ha explotado ocho meses después: al acabar, este pasado julio, en la mesa de un juez de instrucción de Madrid, Juan José Escalonilla, que ha imputado a la formación y a varios de sus miembros.

“Sobresueldos”, movimientos “opacos” de dinero, “contratos ficticios” o “fraude” en la reforma de la sede del partido son algunas de las acusaciones que engordan una bola de nieve que no ha parado de crecer y que, con la oposición lanzada a la ofensiva, amenaza a la fuerza política liderada por Pablo Iglesias. Este insiste en que quedará en nada: “Se usan términos como caja b o sobresueldos para asemejarnos a la corrupción del PP e instalar que ‘todos son iguales”, protesta el vicepresidente del Gobierno.

Antecedentes. Aunque la causa arranca con la presentación de la denuncia de Calvente ante el instituto armado, el prólogo a esta compleja historia hay que buscarlo en un primer cruce de acusaciones a raíz del despido del abogado, en diciembre de 2019. Mientras la formación justifica su salida por el presunto acoso sexual a una compañera del equipo jurídico —caso que un juez ha archivado hace apenas unas semanas ante la “falta de evidencias”—, Calvente asegura que responde a que él había comenzado a investigar junto a Mónica Carmona, otra letrada también expulsada, toda una serie de presuntas irregularidades en las finanzas que habían conocido a través de otros trabajadores y miembros de Podemos. “Evidentemente, nos cesaron por meternos donde no querían que nos metiéramos”, sostiene el abogado.

Denuncia y declaración. Con esa pugna de fondo, la génesis de la investigación judicial se gesta con la denuncia de Calvente como base. La Guardia Civil se la remite a un juzgado de Barcelona y este la reenvía a otro de Madrid, pues allí se habrían cometido los supuestos delitos. Tras caer el escrito en sus manos, el magistrado Escalonilla decide el 16 de julio abrir una causa y una de sus primeras iniciativas es citar a declarar al antiguo abogado de Podemos para saber si se ratifica en sus acusaciones. Este lo hace el 29 de julio por videoconferencia: cuenta entonces todas las “sospechas” y “cosas raras” que otros trabajadores del partido le habían transmitido, según la grabación del testimonio al que tuvo acceso EL PAÍS. “No deja de ser una serie de indicios”, le puntualiza al instructor en cierto momento. Palabras que demuestran, según Podemos, que todo el caso se sustenta simplemente en “rumores” y “especulaciones”, y que se ha abierto una “causa general” contra ellos.

Ejes de las pesquisas. Pese a la opinión de la formación, que carga contra el juez y recurre a la Audiencia Provincial para que archive las pesquisas, Escalonilla pone en marcha el 30 y 31 de julio una ingente batería de pruebas. Pide documentación y facturas al partido y a empresas relacionadas con él, informes al registro mercantil y a la policía, y llama a declarar a varias de las personas de las que habla el denunciante. Todas estas solicitudes tienen por objetivo comprobar los cuatro ejes sobre los que gira el relato de Calvente: supuestos delitos de malversación y administración desleal en contratos firmados para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019; en la obra de reforma de la nueva sede de la formación; en el pago de “sobresueldos” a través de complementos; y en la salida “opaca” de fondos de la denominada caja de solidaridad, a la que los altos cargos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales.

El primero de esos puntos calientes salpica a dos empresas consultoras: la mexicana Neurona Consulting, que ha trabajado para dirigentes de izquierda en América (como Evo Morales) y que habría constituido en España en marzo de 2019 la sociedad limitada Neurona Comunidad para este proyecto con Podemos; y la portuguesa ABD Europa LDA (según Calvente, participada al 100% por una mercantil brasileña). Según el denunciante, Podemos las fichó para trabajos de campaña que no se realizaron. Era “humo”, lo llega a calificar Calvente, que basa su acusación en que empleados del partido le contaron que, por ejemplo, ellos “estaban haciendo cosas para Podemos y las estaba facturando Neurona”. Una tesis que ha reforzado el denunciante con el último informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de los partidos para el 28-A, donde se rechaza subvencionar este contrato como gasto electoral al afirmar que Podemos no ha acreditado “suficientemente” que Neurona elaborara los vídeos de campaña y los carteles de publicidad que dice que le hizo.

Calvente narró al juez, además, que Pablo Manuel Fernández, exgerente de la formación, le trasladó “sospechas” de que esos “contratos simulados” tenían como objetivo realizar pagos en otros países o, incluso, pagar a personas que en su día dieron dinero a Podemos para su creación.

Pero la fuerza liderada por Iglesias lo niega. No solo recalca que esos trabajos se ejecutaron, sino que incide en que el propio Calvente reconoce ante el juez que supo que un grupo de trabajadores llegó a España desde Latinoamérica para sumarse a la campaña. Es, además, en esta parte del relato cuando aparecen señalados dos nombres propios de calado: Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos; y Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación, director de las campañas del partido en las dos últimas elecciones generales y actual miembro del gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno.

Sobre el primero, Calvente asegura que Fernández Alarcón le dijo que se “rumoreaba” que Monedero hizo de intermediario con Neurona y ABD y que se llevó una comisión. El profesor universitario lo desmiente tajantemente: “Supongo que si tuviera alguna prueba sobre ello, la habría presentado al juzgado”, indica en declaraciones a este periódico. Dice que él trabajó para Neurona hace ya años, pero que no tuvo relación con ella para el 28-A. “La atacan por ser una consultora de izquierdas”, apostilla.

A Del Olmo, uno de los personajes más influyentes en la maquinaria interna de Podemos, Calvente le atribuye el poder de decidir qué hacer con el dinero de campaña. Tras la declaración del abogado, el juez ha imputado a Del Olmo y lo ha citado para que testifique el 20 de noviembre.

“Tenemos memoria. En estos años, han sido muchas las ocasiones en las que se nos ha acusado de delitos graves. Una lista interminable”, dice Iglesias, que añade: “El daño que hacen horas y horas de tertulias, portadas escandalosas y telediarios no lo repara el archivo sistemático de los procedimientos. El juicio mediático, a la hora de instalar relatos, pesa siempre más que el final de los procedimientos judiciales”. “Hay una causa abierta contra nosotros desde 2014 que forma parte de un acuerdo de quienes siempre han mandado para que una fuerza política no esté en el Gobierno”, añade Monedero, que califica este caso como un “golpe judicial apoyado por una cobertura mediática”.

La reforma de la sede. El juez también centra sus pesquisas en la reforma de la nueva sede del partido. Calvente narró al magistrado que en un primer momento se licitó la obra por 600.000 euros y, a los 10 días, se adjudicó por “un millón, doscientos mil y pico”. Escalonilla ha pedido a Podemos que presente ese expediente y los contratos firmados con el arquitecto M. C. G. y las seis empresas que participaron en el proyecto, además de citar a todos a declarar como testigos. Contactado por este diario, el arquitecto no ha querido hacer ningún comentario: “Tengo un contrato de confidencialidad con Podemos”, alega. La formación niega irregularidades y recalca que fue Calvente quien “preparó toda la documentación de esa licitación, validando legalmente todo el proceso y proponiendo expresamente el mismo procedimiento de urgencia que, según dice en su denuncia, ‘fue una farsa para aparentar que se estaba cumpliendo la ley”.

Supuestos sobresueldos. Escalonilla ha solicitado al partido las nóminas del tesorero, Daniel Frutos, y de la gerente, Rocío Esther —ambos imputados también—, así como “facturas, tiques y demás documentación” que estos hubieran presentado cada mes para cubrir gastos derivados de sus funciones. Según la tesis de Calvente, los dos tendrían complementos no permitidos por la normativa interna y se les habría abonado dinero “sin control” a través de esos gastos que pasaban, estableciendo “un pago en especie al margen de la nómina”. Podemos lo niega y afirma que el propio abogado dijo al magistrado “que no le consta que se hubieran hecho en efectivo el pago de esos gastos”, “aportando [al juez] únicamente una hoja o solicitud de reembolso que estaría pendiente de aprobación”.

Caja de solidaridad. Este fondo de donaciones, al que la oposición se ha lanzado a bautizar como “caja b”, centra otra parte de la investigación. “Hay gente que viene a decir que se están manejando fondos de esta caja de forma opaca”, le dice Calvente al juez. Y asegura que Rafa Mayoral, diputado de Podemos, gestionaba “de facto” el destino del dinero que había en ella. A raíz de ello, el juez ha solicitado a la policía que comprueben si se llegó a pagar desde esa caja 50.000 euros a la empresa #404 Comunicación Popular, que Calvente vinculó con dos miembros de Podemos, de los que dice que le han dicho que son “muy amigos de Mayoral”.

“Utiliza el nombre de terceros”. José Manuel Calvente —que también acusa a Podemos de urdir un “montaje” en el caso Dina y al que la Audiencia Nacional ha citado a declarar por esas palabras— menciona en su relato a dos personas a través de las que le llegan la mayor parte de “sospechas”: otra abogada, Mónica Carmona, y el exgerente Pablo Manuel Fernández Alarcón, ambos citados ya como testigos por el juez. Según Calvente, los dos han sido “purgados”, aunque la primera fue cesada de su puesto en diciembre de 2019 y el segundo no continúa en el cargo pero sí en el partido. De Fernández llega a decir: “Él me dice: ‘José Manuel, están metiendo la mano en la caja de todos y eso no lo podemos consentir”. Aunque el exgerente marcó distancias esta semana con un tuit: “Ni comentarios, ni rumores ni mucho menos acusaciones... En un Estado de derecho las culpabilidades se dirimen con pruebas en procesos con todas las garantías”, escribió.

Calvente también cita en su declaración a Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso y pareja de Fernández, quien le habría indicado que se pusiera a mirar con Carmona las presuntas irregularidades. Preguntada por ello por este diario, la parlamentaria responde: “Las únicas indicaciones que yo le he dado al señor Calvente son de carácter laboral como su responsable en el departamento de Legal, donde el escrupuloso cumplimiento de la ley se da por sentado”. “No comparto [algunas de sus actuaciones], ni en el fondo ni en la forma, y menos intentando utilizar el nombre de terceras personas que no tienen nada que ver”, añade.

Pese a ello, Elizo considera que Calvente fue despedido del partido por motivos “dolorosamente infundados, según ha dictaminado de momento la justicia”. “Eso quizá explica, pero desde luego no justifica algunas de sus actuaciones”, añade Elizo. En una entrevista en EL PAÍS publicada el 9 de julio, la parlamentaria ya afirmaba: “Calvente es un abogado extraordinario y una persona de la máxima honestidad que se ha llevado la peor parte en una lucha interna que no iba con él”. Una idea que mencionaba también la juez que archivó el procedimiento de acoso sexual: “Se han interpuesto denuncias o querellas cruzadas en vía judicial, reflejo de discrepancias personales, profesionales, y quizás también de una lucha de poder interna, que transciende al propio conflicto entre las partes de este procedimiento”.

Precisamente, en la web La Última Hora, dirigida por Dina Bousselham —exasesora de Pablo Iglesias— y vinculada a la cúpula de Podemos, se menciona a Elizo en un artículo contra Calvente publicado sin firma y titulado El abogado que quiere sacarle 400.000 euros a Podemos. “Calvente, Gloria Elizo y Pablo Fernández Alarcón hacen todo juntos, uno no pestañea sin que los otros lo sepan”, reza el texto, publicado el 29 de julio. “Me resulta raro que Calvente trabaje solo”, afirma también Monedero, que no señala, eso sí, ni a la vicepresidenta tercera ni al exgerente. “Yo no doy importancia ni credibilidad a lo que esté fuera del periodismo libre, independiente y profesional”, responde Elizo sobre lo difundido en esa web, que concluye: “Pero ni Pablo Fernández ni yo hemos estado ni estamos detrás de nada ni de nadie”.