Detenidas 19 personas de una organización dedicada al tráfico de migrantes en España y Europa

La necesidad de unos es el negocio de otros. Una organización cobraba a personas inmigrantes 300 euros empadronarles de manera fraudulenta, 1.600 euros por tramitar certificados de nacimiento, 7.500 euros por solicitudes de arraigo familiar y hasta 9.000 euros por lo que consideraban un paquete de adopción que incluía un trámite de reagrupación ficticio y un pasaporte falso. Es la actividad ilegal que había puesto en marcha un grupo de delincuentes asentados en distintas ciudades españolas para beneficiarse de la urgencia de muchas personas y de las dificultades, obstáculos y largo periodo necesario para regularizar la situación documental de los inmigrantes en España. La Policía Nacional, sin embargo, ha conseguido desmantelar la red y ha detenido a 19 de sus integrantes en Málaga, Madrid, Zaragoza, Murcia y Valencia, provincias donde también han sido arrestadas 21 personas más por beneficiarse del trabajo de los delincuentes.

Las alarmas saltaron en octubre de 2019 en la Oficina de Extranjería de la subdelegación del Gobierno en Málaga, ubicada en el edificio de La Caleta, en la zona este de la capital malagueña. Los funcionarios detectaron entonces un “número inusual” de trámites administrativos “poco comunes” relacionados siempre con ciudadanos de Ghana. La Policía Nacional comenzó entonces una investigación que permitió descubrir a una organización criminal de carácter internacional. Estaba asentada en España y operaba en distintas provincias, pero también lo hacía en varios países europeos. Su objetivo no era otro que el “tráfico ilegal de personas” por todo el territorio de la Unión Europea, según explican fuentes policiales.

El método era sencillo. Las personas que pertenecían a la banda criminal tenían nacionalidad ghanesa, pero también de algún país europeo como Alemania, Austria, Reino Unido, Italia, Bélgica o Países Bajos. Aprovechaban dicha situación administrativa regular para, mediante la falsificación de documentos, acreditar aparentes vínculos familiares con las personas que les pagaran. Es decir, hacían pasar a los inmigrantes por sus hijos, parejas de hecho o cualquier otro vínculo familiar que les permitiera adquirir documentación legal en Europa. A cambio, les exigían pagar un precio de entre 300 y 9.000 euros, según las dificultades de la gestión a realizar. Los investigadores creen que la red de delincuentes había obtenido más de 100.000 euros de beneficio aprovechándose de la necesidad de más de un centenar de personas inmigrantes.

La operación, denominada Wakaso, se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se arrestó a 19 personas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en Málaga, Madrid, Valencia, Murcia y Zaragoza. Más tarde, se realizó una segunda fase que ha culminado con la detención de otras 21 personas por beneficiarse del delito de falsedad documental en las provincias de Málaga, Madrid y Zaragoza.