El juez del ‘caso Púnica’ imputa a otros cinco exalcaldes del PP por desviar fondos públicos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado un nuevo impulso a la investigación del caso Púnica con la imputación de 17 nuevas personas, cinco de ellos exalcaldes del PP, y la solicitud de información sobre un diputado conservador en las Cortes valencianas, Víctor Soler, para actuar judicialmente contra él. Todo ello en una de las 12 piezas en las que se divide la macrocausa contra la corrupción, la número 10, en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para mejorar la imagen en Internet de cargos públicos del partido conservador en ayuntamientos y consejerías de Madrid y la Comunidad Valenciana, según recoge un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. El caso Púnica, iniciado en 2014, acumula decenas de imputados, numerosos cargos públicos locales y autonómicos, en su mayoría del PP. Además, en esta causa se investiga la posible existencia de una caja b en el PP madrileño que lideró Esperanza Aguirre, también imputada.

Las nuevas pesquisas judiciales se centran en el supuesto amaño de contratos en los Ayuntamientos de Denia, Gandía, Castellón, Valdemoro, Alcobendas, Coslada y Majadahonda, así como en la Consejería de Educación madrileña, donde ya estaba imputada la que fuera su titular en los gobiernos de Aguirre, Lucía Figar. En concreto, el magistrado imputa, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, a los exalcaldes populares Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas) y Narciso de Foxa (Majadahonda), además de a concejales y asesores de todos ellos y de la Consejería de Educación de Madrid, hasta un total de 17 personas. Además, solicita a la Guardia Civil que se identifique al gerente del Patronato Sociocultural de Alcobendas, para citarlo también como investigado. En otros ayuntamientos, como el de Valdemoro, requiere nueva documentación al consistorio.

En el caso del Ayuntamiento de Gandía, donde ya estaba imputado su antiguo alcalde, Arturo Torró, las sospechas se centran en el concejal y actual diputado del PP en las Cortes Valencianas Víctor Soler Beneyto. Sobre él, el juez solicita confirmación de que sigue siendo parlamentario regional y, por tanto, aforado. En ese caso, el magistrado ya anuncia que elevará una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea este órgano el que le investigue. Soler fue el cabeza de lista del PP en Gandía en las últimas elecciones municipales.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de diciembre de 2016, atribuía a Soler un papel clave en las supuestas irregularidades en este consistorio y le adjudicaba la presunta comisión de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos. El documento policial recogía el intenso intercambio de mensajes del diputado autonómico y uno de los principales implicados en el sumario, el experto informático Alejandro de Pedro, por las discrepancias que tenían uno y otro sobre la cantidad mensual a pagar por los trabajos de reputación online que este último realizaba para el entonces alcalde de esta localidad.

El juez destaca que, en la mayoría de los consistorios investigados, la trama utilizó dos canales para desviar fondos municipales para pagar los servicios de reputación online personales para los cargos públicos del PP. Así, destaca que en ocasiones se fingía la contratación de servicios de formación o auditorias a las sociedades de De Pedro, para lo que utilizaban facturas falsas “por importes que no superarían el umbral del contrato menor”, para así evitar la fiscalización de los servicios de control. En otras ocasiones, De Pedro se valía supuestamente de su red de diarios digitales zombis (con una difusión mínima y contenidos escasos) para simular la contratación desde el consistorio de publicidad institucional mediante la inserción de espacios publicitarios en estos.

Investigaciones aparcadas

En su auto, el magistrado también aparca tres investigaciones relacionadas con el pago de campañas de reputación en Internet. Dos de ellas, la de los ayuntamientos de Madrid y Valencia, cuando eran alcaldesa Ana Botella y Rita Barberá respectivamente. En ambos casos, García-Castellón considera que “los indicios recabados” no son suficientes para concluir que los trabajos realizados por las empresas de la trama estuvieran dirigidas a mejorar la imagen de las dos alcaldesas, sino “las noticias favorables al equipo municipal, enmarcándose más bien esta práctica en el ámbito, sin superarlo, de la promoción, defensa y comunicación de políticas públicas”. No obstante, el juez señala que estas pesquisas no se archivan y que en futuras investigaciones pueden aparecer nuevos datos.

La tercera se refiere a los trabajos también de reputación online que la red realizó en terceros países. En concreto, en Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. En su escrito, el juez recoge los numerosos indicios recabados sobre estas actividades, en los que se implicó presuntamente de manera directa el exconsejero madrileño Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama Púnica. Pata el magistrado, los hechos “podrían no estar sujetos a la jurisdicción española” y, por ello, los excluye de esta pieza del sumario. La Fiscalía había pedido en su escrito al juez que citara como imputados a dos personas vinculadas a una mercantil panameña implicada, además de plantear la posibilidad de interponer una nueva querella criminal por estos hechos por un delito de corrupción en las transacciones internacionales.