El PP, dispuesto a renovar el Poder Judicial tras el 14-F si no hay indultos

El Partido Popular tiene una “voluntad clara” de acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y está pendiente de encontrar una “ventana” de oportunidad para hacerlo posible, siempre que se cumplan sus condiciones. Los populares, cuyos votos son necesarios para conformar la mayoría precisa para la renovación, están dispuestos a pactar en cualquier momento, a más tardar tras las elecciones catalanas del próximo febrero, si el Ejecutivo deja a Unidas Podemos fuera del proceso y no indulta antes a los presos del procés, según fuentes populares.

Hay agua en la piscina. El pacto no está cerrado al detalle, pero PP y PSOE estudian un reparto de diez a diez en el Consejo General del Poder Judicial, según dirigentes de ambos partidos conocedores de las conversaciones. Aunque falta también consensuar los nombres de los jueces y del futuro presidente o presidenta, se da por hecho que, salvo sorpresa, habrá entendimiento en este asunto. Los términos de la renovación no suponen un escollo: la clave para que Pedro Sánchez y Pablo Casado puedan alcanzar su primer gran acuerdo es de oportunidad política.

Si nada se tuerce, el Consejo General del Poder Judicial podrá ser renovado dos años después de que caducara su mandato. Como tarde, tras las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Esa es la fecha límite en la que piensa el PP. Los populares son conscientes de que después no existiría ningún escenario que imposibilitara un acuerdo con el Gobierno, más allá de no querer hacerlo. Pero, en principio, el PP sí quiere cumplir con el mandato constitucional.

Habrá pacto, eso sí, siempre que el PSOE cumpla las condiciones del PP y que no indulte antes a los presos independentistas, algo que si sucediera “dinamitaría cualquier acuerdo”, señalan en el partido de Pablo Casado. Tan cerca está la posibilidad de cerrar la renovación que en el PP no descartan que pudiera suceder incluso este mes de diciembre, aunque es “muy difícil”, según las fuentes consultadas. En enero hay vacaciones parlamentarias, y después llegan las catalanas, cuando también se suspende una semana la actividad en el Congreso de los Diputados para la campaña. Lo más probable es que fuera en febrero, tras el 14-F.

Las conversaciones entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de esta área del PP, Enrique López, están muy avanzadas. Hace muchos meses que hablan, se conocen desde hace años y tienen plena sintonía en su visión general sobre la justicia. La clave de bóveda es que se den las circunstancias políticas que permitan a Pablo Casado apostar por un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que no tiene las mejores relaciones. La semana pasada el líder del PP reveló que hace cinco semanas telefoneó al presidente y este no le devolvió la llamada. “Es algo que no se entiende en ningún país del mundo”, se quejó Casado. El líder del PP tiene la última palabra sobre la renovación, pero a pesar de ese clima gélido entre ambos líderes, las fuentes consultadas en el PP aseguran que Casado es consciente de que hay que renovar el Consejo del Poder Judicial.

Se trata de encontrar el momento adecuado. En noviembre, el principal obstáculo que lo ha impedido ha sido el apoyo de Bildu a los Presupuestos. “Quien está con Bildu no puede estar con el PP”, argumentan en Génova. Ahora, el meollo reside en que el Ejecutivo no indulte antes de las elecciones a los presos del procés, como pretenden Unidas Podemos y ERC. El Gobierno ha enfriado la semana pasada la posibilidad de liberar de la cárcel a los independentistas pese a la presión de sus aliados parlamentarios de ERC. Los trámites de concesión de los indultos no están del todo en sus manos: dependen de cuándo informen sobre la medida de gracia la Fiscalía y la sala sentenciadora del Supremo.

Si Sánchez indulta a los presos, ya no podrá contar con el PP para renovar el Consejo. Los populares advierten de que una medida como esa volaría los puentes entre ambas formaciones. En las conversaciones que ha habido todo este tiempo el PSOE no ha dado garantías de que no irá por ese camino, pero es una línea roja clarísima para el PP. Otra cosa es qué suceda luego a lo largo de la legislatura con los presos independentistas. Casado siempre estará enfrente y muy beligerante ante cualquier posibilidad de alivio de la situación procesal de los líderes separatistas.

El acuerdo sobre la composición del Consejo entre el PSOE y el PP no está cerrado, como dijo el ministro de Justicia, pero las fuentes populares consultadas aseguran que bastaría un día para perfilarlo. En principio, hay sintonía en ir a un reparto de diez vocales a propuesta del PSOE y diez a propuesta del PP. Esto dejaría de entrada fuera al resto de partidos, aunque se tendrían en cuenta “otras sensibilidades” más allá de las de socialistas y populares en la elección de los 12 jueces y ocho juristas. Por ejemplo, en la propuesta del PP podrían entrar vocales que viera bien Ciudadanos, y lo mismo con otros partidos en la del PSOE, aunque los populares insisten en que sí debe quedar fuera Unidas Podemos. Casado no aceptará un reparto en el que el partido de Pablo Iglesias reivindique como afines a varios de los vocales. En el PP argumentan que el PSOE ha dejado algunas veces fuera a Podemos de sus decisiones y acuerdos.

El nombre de los jueces que se sentarán en el consejo aún está por decidir, así como el perfil del presidente o presidenta, que es probable que sea una mujer. Entre los nombres de candidatas sobre la mesa figura el de la magistrada del Supremo Pilar Teso, que no disgusta en el PP, o también María Emilia Casas, la expresidenta del Tribunal Constitucional. Campo y López no se han sentado a discutir los nombres de los vocales que integrarían el órgano, pero creen que no tardarían en ponerse de acuerdo y esto no será un escollo. El PP rechaza que entren perfiles políticos, es decir, vocales que hayan tenido experiencia previa en el mundo de la política como, por ejemplo, diputados. El Consejo del Poder Judicial ha tenido en sus distintas etapas a vocales que antes fueron diputados.

La operación política es sensible y todavía depende de que se alineen algunos factores para llegar a buen puerto. El principal obstáculo es Unidas Podemos y la presión que ejerce en el PSOE. Hasta ahora, Pablo Iglesias ha logrado cortocircuitar los intentos de la parte socialista del Gobierno de llegar a acuerdos con la derecha. Ha impedido que Ciudadanos apoyara los Presupuestos. Y ahora presiona a Sánchez para la reforma que reduciría a mayoría absoluta los votos necesarios para renovar el consejo, en vez de tres quintos, lo que dejaría fuera al PP.

De momento, el PSOE ha dado muestras de que prefiere un pacto con Casado. Ha paralizado esa reforma —que además recibió un toque de atención serio desde Bruselas— y en su lugar ha optado por promover otra para impedir que el Consejo pueda seguir aprobando nombramientos de cargos judiciales con el mandato caducado. Esta última iniciativa, que todavía tardará en ser aprobada en el Congreso, da un margen de tiempo para terminar de madurar el acuerdo. Los populares exigen además, como otra de las condiciones para pactar, que el PSOE entierre la ley que permitiría renovar el órgano solo con mayoría absoluta. “El PP no puede correr el riesgo de que no se respeten las instituciones en España”, declaró el martes el portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Onda Cero.

Casado va con pies de plomo porque tiene muy presente el error del acuerdo de 2018, cuando pactaron situar a Manuel Marchena como presidente del Poder Judicial. Marchena, ponente de la sentencia del procés y presidente de la sala Penal del Supremo, renunció tras publicarse un mensaje del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, en el que contaba a sus senadores que con ese magistrado el PP iba a “controlar la sala segunda por detrás”.