La Audiencia procesa al abogado de Puigdemont por su supuesta colaboración con el narco Sito Miñanco

María Tardón, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido procesar al abogado Gonzalo Boye por presuntamente colaborar con el narco José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, en la creación de un entramado criminal para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. A través de un auto emitido este viernes, la magistrada sigue adelante con una causa que se dirige también contra Miñanco y contra otras 44 personas físicas y cinco jurídicas. Los investigadores atribuyen a la red dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína. Boye es un letrado conocido por representar, entre otros clientes, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra.

A lo largo de un escrito de 75 páginas, la juez instructora detalla toda la supuesta trama de narcotráfico encabezada por Miñanco y la presunta colaboración de Boye, que fue su abogado defensor después de que el famoso narco volviera a ser detenido en febrero de 2018. Según la magistrada, el letrado participó en una reunión con Prado Bugallo y dos de sus hombres de confianza, Enrique García Arango y Manuel Puente Saavedra, con el objetivo de falsificar una documentación para recuperar un dinero que la Policía había interceptado a varios de los colaboradores de la banda.

Todo se remonta a febrero de 2016, según los investigadores. En ese momento, Miñanco llevaba ya casi un año en régimen de semilibertad en Algeciras (Cádiz), donde cumplía su segunda condena. A la luz pública, su reinserción parecía ir viento en popa: pasaba las mañanas trabajando en una empresa de aparcamientos y por las tardes acudía como voluntario a una ONG de asistencia a enfermos terminales. Pero todo era una tapadera, según las pesquisas. Tardón explica en su auto que seguía dedicado a introducir y distribuir estupefacientes en España, aprovechando los contactos que se había labrado años antes con organizaciones de Sudamérica y a la “infraestructura personal” con la que ya contaba en la Península.

“Un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad”, detalla la juez, que subraya el marcado carácter personalista con el que Miñanco dirigía el entramado. Junto a él, además, operaban algunos de sus hombres más próximos: Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico. Otro de sus subalternos de confianza, Puente Saavedra, se dedicaba a coordinar el envío de dinero a Colombia para ocultar la fortuna.

Por aquel entonces, los agentes ya tenían de nuevo a Miñanco bajo la lupa. No se fiaban. Así que, durante dos años, siguieron los pasos de la organización. De esta forma, lograron identificar dos operaciones destinadas a introducir cocaína en España: en una de ellas interceptaron el buque Thoran, con 3,3 toneladas de la droga a bordo; y en la otra, aprehendieron otros 615 kilos en un contenedor en los Países Bajos. Pero para el narco, popularizado en los últimos años por su recreación en la serie Fariña, esos reveses no fueron más que gajes del oficio. Y, según la juez, siguió con sus planes para meter más mercancía en el país a través de nuevos envíos, hasta su arresto en febrero de 2018.

La estructura societaria

La investigación también ha desvelado una compleja estructura societaria, en cuya cúspide se sitúa a Miñanco. Según la magistrada, la organización contaba con numerosas propiedades a nombres de terceros, pero “el único titular real y efectivo” era Prado Bugallo. Además, sus colaboradores se movían por distintos inmuebles y con muchos vehículos que usaban para no ser detectados por la Policía.

La trama contaba incluso con una sociedad, Astilleros Facho SL, que usaba como centro logístico para construir las embarcaciones que utilizaban y también como tapadera para ocultar los beneficios de la droga.

La banda usaba tres vías para blanquear, según la instrucción: a través de las mercantiles de Miñanco, mediante otras empresas que le prestaban su servicio y por el envío de dinero a Colombia con “correos humanos”. En este punto es donde supuestamente entra en juego Boye.

Según la juez, en febrero de 2017, la Policía interceptó en el aeropuerto de Barajas a varios integrantes de la organización cuando transportaban, ocultos en el fondo de su equipaje, 889.620 euros. Entonces, dos de los hombres de confianza de Miñanco se pusieron manos a la obra para tratar de recuperar el dinero. Es ahí cuando se reúnen con Boye y otro letrado, Jesús Morán, que supuestamente dijeron en esa cita que elaborarían unos documentos y unos contratos —de compraventa de letras de cambio— para fingir que otro de los procesados, Manuel González Rubio, uno de los que llevaba el dinero, las habría vendido a terceros unos días antes y que, por ello, llevaban esa cantidad encima.

Pero ese negocio, según la juez, “no presentaba lógica comercial alguna”. “Por cuanto, en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía”. Por ello, la juez procesa a Boye por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.

“Ni por parte de Boye ni de nadie de su despacho, en ningún momento, ha habido blanqueo de capitales. Solo se ha hecho el trabajo como defensores”, ha alegado este viernes el abogado a través de un comunicado.