La policía estima en más de 100.000 las víctimas de las cámaras ocultas en baños de Málaga

Unas cámaras con calidad 4K de 90 euros compradas por Internet y ocultadas, unas baterías de refuerzo y la pericia con las manos de dos personas bastaron para grabar 71.080 vídeos en servicios de señoras públicos de Málaga. Las hicieron pasar por ambientadores y las instalaron en centros comerciales, restaurantes de comida rápida y facultades universitarias de toda la provincia. Los dos responsables, un hombre de 44 años y su sobrina, de 31, tenían previsto subirlas a la Red para lucrarse, pero fueron arrestados el martes, antes de hacerlas públicas. Están acusados de los delitos de pornografía infantil y contra la intimidad. Según los cálculos policiales, en las grabaciones aparecen más de 100.000 mujeres —la mayoría—, pero también niños y niñas. El detenido está ya en prisión y su compañera de en libertad con cargos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fuentes jurídicas explican que se trata de un delito continuado contra la intimidad, que se agravará por la tenencia de pornografía infantil y la intención de los detenidos de distribuir las imágenes.

Los detenidos habían colocado las cámaras en establecimientos públicos de varios municipios malagueños, según ha confesado el propio arrestado en un interrogatorio que duró más de seis horas. “En muchísimos sitios”, explica Antonio Arcos, responsable de la investigación y jefe de la Brigada Móvil de la Policía Nacional en Málaga.

El ahora detenido escondía las cámaras en unos artefactos que simulaban ser ambientadores, pero en realidad contenían los sistemas de grabación. Pasaban prácticamente desapercibidos en el interior de los baños porque mostraban un aparente remache que en realidad era el agujero por donde se captaban las imágenes. Se solían colocar junto a la puerta, a la altura del pestillo, o bien detrás del inodoro.

El principal responsable de los hechos construyó varios modelos con acabados y colores distintos —blanco, negro, wengué y beis— para adaptarlos a cada lugar. Instalaba los dispositivos, los dejaba vacíos y al cabo de un mes, si no levantaban sospechas, volvía al lugar e introducía un ambientador durante un mes más. Si, pasado ese tiempo, volvían a superar la prueba, pasaba a la acción: colocaba con la ayuda de su sobrina unas cámaras de apenas unos centímetros longitud y calidad 4K, dotados con sensor de movimiento y un objetivo gran angular —para recoger el mayor campo de visión posible— y con una tarjeta de memoria que podía contener hasta 800 vídeos. Además, añadía una batería de refuerzo.

Cuando una persona entraba al baño, su movimiento activaba la cámara y grababa las escenas, entre otras, de consumo de drogas, sexo o cambios de ropa. En ocasiones, las mujeres iban acompañados de sus hijos o hijas, y también quedaban filmados.

Periódicamente, la ahora arrestada acudía a rescatar los dispositivos. Tras descargar los vídeos, las cámaras volvían a ser instaladas en otro lugar. Las imágenes grabadas se archivaban en carpetas por categorías, según la apariencia física de las víctimas. Y su destino era una página web que el detenido había creado, donde pretendía ofrecer suscripciones a razón de 16,99 euros al mes. “Había acumulado material para muchos años”, cuenta el investigador. Varios discos duros de hasta cuatro terabytes de capacidad.

Larga investigación policial

El camino recorrido por los agentes de la Brigada Móvil hasta dar con los responsables de los hechos no ha sido nada fácil ni corto: 13 meses. Comenzó el 17 de enero de 2020, cuando los vigilantes del centro comercial Vialia, junto a la estación de Adif de Málaga, advirtieron a los agentes la presencia de unos extraños aparatos en los baños femeninos. “Todo apuntaba a escondían una cámara, pero cuando los abrimos estaban vacíos”, explica Arcos.

Agentes de paisano comenzaron a vigilar la zona y seis semanas después hallaron un ambientador en el interior de uno de los artefactos, de los usados para despistar. La labor de rastreo ha continuado durante el último año hasta que el pasado lunes, por fin, encontraron uno de los dispositivos instalados.

El análisis de las imágenes que encontraron en la tarjeta de memoria permitió identificar a los sospechosos. La mujer aparecía en los primeros segundos de algunas grabaciones, justo después de haber colocado las cámaras. La policía buscó personas con su misma ropa en los vídeos de las cámara de seguridad del centro comercial y encontró una coincidencia con una persona que accedía en coche al parking. Quien la acompañaba en el vehículo, era el otro autor de los hechos.

Al día siguiente de esta identificación, el hombre volvió al lugar y pasó junto a los agentes de paisano, que lo siguieron hasta un restaurante de comida rápida. A la salida, lo detuvieron. Llevaba encima uno de los aparatos, así como distintas herramientas como espátulas, disolvente, tornillos e incluso pintura para retocar cualquier desperfecto.

Poco después, detuvieron a la ayudante del hombre, que finalmente descubrieron que era sobrina suya. En el registro de la vivienda del tío encontraron “una cantidad ingente de imágenes” captadas en los baños, pero también 120 vídeos de pornografía infantil y 2.300 fotos de niños y niñas desnudos, que la policía cree proceden de un intercambio con alguna organización de pederastas. También había 1.187 vídeos del detenido manteniendo relaciones sexuales con mujeres. El investigador sospecha que estaban grabadas sin el consentimiento de víctimas.

“Quizá ahora todos vamos a ser más conscientes de este tipo de actividades desarrolladas por depravados”, subraya el policía Antonio Arcos. “Al menos las mujeres pueden estar tranquilas de que esas imágenes no se han subido a la Red. Tenemos los originales y no se hicieron copias previas”, explica, al tiempo que destaca que está a disposición de lo que diga el juez para conocer si deben identificar a todas las víctimas. El responsable policial también ha destacado que esta semana un grupo de agentes ha barrido todos los baños de centros comerciales, restaurantes de comida rápida y centros universitarios. En total, han intervenido 84 dispositivos, 27 cámaras y 21 baterías. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.