Una acusación popular pide imputar a María Dolores de Cospedal también en el ‘caso Púnica’
La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre la exdirigente del PP por Kitchen, donde la Fiscalía ya solicitó llamarla a declarar
A María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, se le multiplican los frentes. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que está personada como acusación popular en el caso Púnica, ha solicitado que se la llame a declarar como imputada en la línea de investigación abierta por los sobrecostes en las obras concedidas por la empresa Mintra (Madrid, Infraestructuras del Transporte). Hasta su disolución en 2011, esta compañía dependía de la Consejería de Transportes, que encabezó Cospedal entre 2004 y 2006, tras sustituir en el cargo a Francisco Granados, principal señalado en la trama. Esta petición llega cuando se estrecha el cerco sobre la expolítica por el caso Kitchen, donde la Fiscalía ya planteó que se la imputara.
Adade responde así a un escrito del juez Manuel García-Castellón, que pedía a las partes que le informasen de las últimas indagaciones que querían solicitar en esta parte de las pesquisas de Púnica. El magistrado ha acelerado los trámites para cerrar buena parte de esta macrocausa, que se prolonga desde hace ya siete años y cuyo final está previsto para este verano.
Según detalla escrito de la acusación popular, fechado este martes y al que tuvo acceso EL PAÍS, esta línea de investigación sobre Mintra versa sobre los sobrecostes detectados en las adjudicaciones de la empresa pública, que llegaron a dispararse un 32% en las obras del Metro Norte y un 118 en las de Metro Sur. Estas concesiones bajo sospecha se otorgaron durante la etapa de Granados al frente de la consejería, pero la “consumación del plan” se produce con Cospedal ya en el puesto.
“Es bajo su mandato cuando se aprueban y firman todos los modificados y [costes] complementarios, salvo el último de Metro Norte, que se aprueba en agosto de 2006 ya bajo el mandato de Elvira Rodríguez como consejera de Transportes”, apunta el documento enviado al juez. Adade añade sobre Cospedal: “En su condición de consejera, ejercía la presidencia de Mintra y de ella dependía la alta inspección de esta empresa pública”.
El chófer como vínculo
Los nombres de Granados y Cospedal también aparecen en el sumario de la Operación Kitchen, la trama policial urdida en el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. Ambos se encuentran relacionados por Sergio Ríos, el antiguo chófer del extesorero popular. Este había trabajado antes para Granados y, según la investigación, fue captado gracias a la intermediación de Andrés Gómez Gordo, un comisario que trabajó como asesor para Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.
La Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a la exministra en septiembre del pasado año. Según el ministerio público, Cospedal “tendría un interés personal” en el éxito de la Operación Kitchen “desde una doble perspectiva”: “Directa: como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. E indirecta: como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”. En un primer momento, el juez rechazó llamar como investigada a la exdirigente del PP, pero ahora vuelve a tener sobre la mesa esta iniciativa tras los nuevos indicios encontrados.
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