El PP, contra el policía número 81.067

La paciencia del PP con las actuaciones policiales se acaba cuando, al final de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), observa una firma: la del funcionario 81.067. Un número que esconde la identidad del inspector jefe Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, quien genera verdaderas pesadillas en la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova. Las conclusiones de dos de sus últimos informes enviados a la Audiencia Nacional el pasado julio, tanto sobre la Operación Kitchen de espionaje al extesorero Luis Bárcenas como sobre la vinculación de adjudicaciones de obras en la época del Gobierno de José María Aznar con la caja b, han irrumpido con tal fuerza que el PP ha llegado a enviar un escrito al juez Santiago Pedraz en el que acusa a Morocho de presentar un “sesgo incriminatorio” que busca “desesperadamente elementos indiciarios” contra ellos.

El partido liderado por Pablo Casado, que pide al magistrado en ese documento que aperciba a este metódico agente, eleva así la ofensiva contra un policía al que ha puesto en la diana en multitud de ocasiones. Sus críticas se han sucedido desde que comenzara a investigar la trama Gürtel hace más de una década —que derivó posteriormente en las pesquisas sobre los papeles de Bárcenas y la caja b del PP—. Estas se tradujeron, además, en infinidad de presiones e intentos de apartarlo del caso por parte de la cúpula policial y del Ministerio del Interior nombrada con el Gobierno de Mariano Rajoy, según el propio Morocho narró el pasado junio al juez Manuel García-Castellón, que dirige la instrucción del caso Kitchen. Entonces, el inspector jefe describió un episodio que, en su opinión, resume el boicot al que se le sometió: un comisario implicado en la trama se sorprendió al verlo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a donde se le trasladó temporalmente, y le espetó sarcástico: “¿Y tú qué haces aquí? Si tú tenías que estar muerto”.

Los populares acusan ahora a Morocho de “mala praxis” y de una “inaudita y censurable proactividad” por haber enviado un informe a Pedraz —que ha asumido los últimos flecos del caso Gürtel— donde se concluye que Kitchen tenía como “objetivo estratégico” el “desactivar” precisamente esa investigación judicial sobre la red de corrupción liderada por Francisco Correa. Según el PP, Morocho se ha extralimitado en sus funciones, ha incorporado “valoraciones subjetivas” y ha asumido una “sorprendente y reprobable conducta”.

Estos reproches inciden en la línea argumental que los populares han desplegado en el último medio año para desacreditar los análisis del investigador de la UDEF cuando aún quedan juicios por delante. Morocho firma la mayoría de informes que han enviado al PP al banquillo y, de hecho, ya fueron claves para que se le condenase en 2018 por la parte principal de Gürtel, bautizada como Época I. De hecho, este mayo, en la recta final del juicio sobre la parte de la caja b referente a la reforma de la sede de Génova con dinero negro, cuya sentencia aún se encuentra pendiente, el abogado del partido no solo cuestionó las conclusiones del inspector sino que califico de “evasivas” y “poco precisas” las respuestas que dio en la vista. Su comparecencia había durado tres días.

Comisión de investigación

Muchísimo más duro se mostró, en cambio, el diputado Eloy Suárez Lamata el pasado 25 de marzo, cuando Morocho compareció en la comisión de investigación del Congreso abierta por la Operación Kitchen. El parlamentario marcó la línea de su partido y arremetió con dureza contra el policía: “Usted habitualmente hace juicios de valor en esos informes”. “Usted, sencillamente, coge contratos, coge donantes, los pone en una hoja Excel y llega a conclusiones. Usted no tiene formación jurídica”. “Le voy a decir algo; lleva usted desde 2007 investigando al Partido Popular. 13 años. Yo creo que a nadie se le ha dado tanto tiempo abriendo y reabriendo causas. ¿Cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?”, remachó Suárez Lamata.