La repatriación que nadie ordenó

Iba a ser el primer gran trofeo de la política de reconciliación con Marruecos y por ahora se ha quedado en un lío monumental. El Gobierno ha recibido palos de los jueces, de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo, de la Conferencia Episcopal, de los abogados, de los pediatras, de las ONG, del Comité de Derechos del Niño de la ONU y hasta de parte del propio Gobierno. En la operación para repatriar a los más de 700 niñ...

Iba a ser el primer gran trofeo de la política de reconciliación con Marruecos y por ahora se ha quedado en un lío monumental. El Gobierno ha recibido palos de los jueces, de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo, de la Conferencia Episcopal, de los abogados, de los pediatras, de las ONG, del Comité de Derechos del Niño de la ONU y hasta de parte del propio Gobierno. En la operación para repatriar a los más de 700 niños marroquíes llegados a Ceuta durante el aluvión de los días 17 y 18 del pasado mayo habían confluido semanas de esfuerzos diplomáticos, negociaciones políticas y contactos discretos con instituciones que velan por los derechos del menor. En algunas de esas conversaciones, cargos del Gobierno ya fueron avisados de que las repatriaciones de menores están sometidas a estrictas garantías legales. El Ministerio del Interior, de la mano del Ejecutivo de Ceuta, siguió adelante, a pesar de todo. Y lo hizo con minucioso cuidado de no dejar rastro por escrito sobre quién dio la orden. La justicia lo ha frenado en seco por ahora.

“¡Se llevan a los niños!”. Antonia Palomo, jefe del Área de Menores de Ceuta, se lo gritó a una colaboradora por teléfono antes de que la línea se cortase abruptamente. Eran las 8 de la mañana del viernes 13 y en el polideportivo Santa Amelia empezaba una jornada de incertidumbre y caos entre los 180 niños marroquíes acogidos allí. “Estamos atónitos”, comentaba un trabajador social. “Esto es como traicionarlos”. A la puerta se habían estacionado dos autobuses. El más pequeño, una furgoneta blanca sin más distintivo que un logotipo de transporte escolar, salió a las 14.30 con los primeros 15 niños en dirección al puesto fronterizo del Tarajal. Al ver a los reporteros gráficos por las ventanillas, algunos menores les saludaron con el gesto de la peineta.

Poco después, los teléfonos empezaban a sonar en Madrid: en el Gobierno, en la Fiscalía General del Estado, en el Defensor del Pueblo. Y la mayoría de las palabras tampoco eran de felicitación. En los tres días siguientes, solo se pudo repatriar a 45 de los más de 700 menores llegados en mayo. La justicia lo paralizó y en marcha hay un combate legal. Cientos de los chicos a los que Marruecos usó como arma en el conflicto diplomático con España siguen hacinados en polideportivos y centros de acogida improvisados. Otras decenas se han fugado y deambulan por la ciudad. La compleja operación política y diplomática puesta en marcha hace tres meses está encallada.

Los prolegómenos. ¿Qué hacer con cientos de niños inmigrantes fugados de su país, sin medios suficientes para acogerlos, en una ciudad de menos de 20 kilómetros cuadrados rodeada de territorio extranjero? Tras la entrada masiva de mayo, algunos volvieron a su país (561, según Marruecos) y otros pocos fueron realojados con familiares residentes en España. Pero el viernes 13 todavía quedaban en la ciudad 758 chicos, según el recuento oficial, y en unas condiciones precarias que no se podían prolongar mucho más. Y además estaba encima el nuevo curso, que obligaría a poner en marcha programas de escolarización de los menores.

Durante la crisis de mayo, el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, había mantenido una actitud colaboradora con el Gobierno. Vivas incluso se enfrentó al discurso bélico de Vox. La buena sintonía continuó y el Ejecutivo se mostraba comprensivo ante una Administración local desbordada.

En las reuniones en el Gobierno de los diferentes departamentos implicados en las políticas inmigratorias, la opción que siempre estuvo encima de la mesa fue la de la repatriación, según fuentes del Ejecutivo. La mayoría consideraba inviable a corto plazo la alternativa de repartir a los menores por España ante las resistencias que siempre muestran las comunidades autónomas. El problema era que las relaciones con Marruecos estaban rotas y una repatriación de menores de esas características presentaba enormes obstáculos legales.

Durante esas semanas, cargos del Gobierno también celebraron encuentros discretos con la oficina del Defensor del Pueblo y con la Fiscalía para sondear su opinión. Según fuentes conocedoras de esas conversaciones, los interlocutores gubernamentales fueron advertidos de que la ley no permite devoluciones indiscriminadas de menores. Si se hacía, debería ser estudiando caso a caso, para impedir que algunos niños quedasen expuestos a la explotación y el maltrato. La misma advertencia que lanzaban el Área del Menor del Gobierno ceutí y el fiscal de Menores de la ciudad, José Luis Puerta, mientras las ONG que hablaban con los niños daban cuenta de numerosos relatos de trata y explotación previa en Marruecos.

Interior toma el mando. Pedro Sánchez dio un revolcón a su Gobierno la segunda semana de julio y las consecuencias también llegaron hasta Ceuta. Del Ministerio de Asuntos Exteriores salía Arancha González Laya, en la diana de Marruecos, y entraba José Manuel Albares con la misión prioritaria de recomponer relaciones con el reino magrebí.

También dejaba el Gabinete la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hasta entonces encargada de coordinar la política inmigratoria del Gobierno. El asunto de Ceuta iba a quedar cada vez más en las únicas manos de Interior. El día 28, el ministro Fernando Grande-Marlaska recibió en Madrid al presidente ceutí. Vivas le pedía “auxilio urgente” y aseguraba que había sido una conversación “leal y sincera”. Al tiempo, Exteriores había colocado encima de la mesa de las negociaciones con Marruecos la devolución de los chicos que las mismas autoridades de ese país alentaron a entrar en Ceuta en mayo, según relatan fuentes diplomáticas. Rabat estaba dispuesto, aseguran interlocutores gubernamentales, y urgía a hacerlo cuanto antes. Según fuentes de Interior, fue el jueves 5 de agosto cuando ese departamento recibió la confirmación de que Marruecos había dado luz verde.

La orden que nunca existió. El lunes 9, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, no se pudo morder la lengua. Los periodistas le preguntaban por los planes para escolarizar a los menores magrebíes, pero Mateos tenía mejores noticias que anticipar. “Las relaciones con Marruecos están en muy buen punto”, comentó la delegada. Y eso le permitía aventurar que los chicos “saldrán todos”. El Ejecutivo de Ceuta actuó ese mismo día más discretamente: envió una comunicación a la Delegación del Gobierno, que a su vez la elevó a Interior, para pedirle que desplegase la operación.

La respuesta del Ministerio llegó al día siguiente. A las 14.45 se remitió por correo electrónico un escrito al Gobierno ceutí. Iba acompañado de un mensaje firmado únicamente por la Secretaría Particular del Secretario de Estado de Seguridad e instaba, “dada la importancia del asunto”, a que “se proceda desde hoy mismo”. El escrito principal era un documento de la misma Secretaría de Estado, también sin firma, en el que “por indicación del ministro del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos”. Interior sostiene, en respuesta a este periódico, que ese documento es una “mera comunicación”, en ningún caso “una orden ni una instrucción”. El papel del Ministerio, según las mismas fuentes, ha sido solo de “coadyuvante de la acción solicitada por el Gobierno de Ceuta”. A la pregunta de si Interior recabó algún informe jurídico antes de actuar, la respuesta fue: “Al tratarse de una cuestión de índole internacional que afectaba al Reino de Marruecos, y dadas nuestras relaciones actuales con ese país, el Ministerio del Interior abordó el tema con la debida reserva y fue sometido a estudio por los equipos que trabajan habitualmente en cuestiones migratorias”.

Discusión en la frontera. Marruecos ya daba por hecho que las repatriaciones comenzarían el miércoles 11 y esa mañana desplazó 20 guardias al puesto del Tarajal. Pero las cosas se torcieron. A la línea fronteriza habían acudido representantes de la Prefectura de Policía marroquí y de una entidad de acogida de niños para reunirse con la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu —al mando del Ejecutivo por las vacaciones de su presidente—, personal de la Delegación del Gobierno y Antonia Palomo, la jefa del Área de Menores. Según fuentes próximas a los participantes, Palomo dejó constancia de su oposición total al modo en que se pretendía desarrollar la operación. Lo venía diciendo desde hacía tiempo: los niños debían ser entregados a sus padres. La cámara de un reportero de Faro de Ceuta dejó constancia de los gestos de contrariedad con que terminó la reunión.

El incidente retrasó la puesta en marcha del operativo, pero la voz se empezaba a correr por Ceuta. Trabajadores sociales y periodistas se ponían en alerta. Los ecos llegaron a la Fiscalía que, según la ley, debería emitir informes caso a caso para cumplir el procedimiento de repatriación. La Secretaría de Estado de Seguridad mandó entonces un correo electrónico a la Fiscalía General del Estado en el que se limitaba a dar cuenta genéricamente de los planes para llevar a cabo la repatriación masiva sin ofrecer más detalles.

Los esfuerzos de Palomo se vieron defraudados a primera hora del viernes, cuando levantó el teléfono y apenas pudo decir a su colaboradora: “¡Se llevan a los niños!”.

El revuelo. Se los llevaron, sin más criterio que empezar por los de mayor edad, pero se demoraron toda la mañana. El traslado estaba previsto para las 10.30 de la mañana, según admite en un escrito la Abogacía del Estado, y no se produjo hasta las 14.30. Los testimonios hablan de gran tensión en el polideportivo Santa Amelia. “Se los querían llevar a todos”, aseguran trabajadores sociales. Miembros de la Fundación Samu, encargada del operativo de acogida, exigieron que alguien se responsabilizase del traslado y un representante del Gobierno ceutí les firmó un papel en que se hacía cargo de los menores. Al final, el autobús más grande se fue de vacío, mientras los 15 primeros eran embarcados en la furgoneta. La Fiscalía de Menores de Ceuta no recibió hasta las 14.23 una escueta nota de la Delegación del Gobierno en la que le comunicaba: “En el día de hoy se va a proceder al inicio del procedimiento de retorno de menores no acompañados no vulnerables”.

La cascada de protestas se extendió a toda prisa. Y no eran solo de las ONG. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, cuya opinión ya era conocida desde hacía tiempo por el Gobierno, exigió respeto a los procedimientos legales. Lo mismo la Fiscalía General del Estado, que reclamó al Ejecutivo lo que se debería haber hecho, según la ley, y nadie hizo: los expedientes individuales de cada menor. Interior dice que solo informó al Ministerio de Presidencia como “coordinador de la acción política del Gobierno”. El de Migraciones fue mantenido al margen. También el de Derechos Sociales, con las competencias sobre protección de menores y en manos de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Alertado por las ONG, ese departamento no tardó en enviar una carta de protesta a Interior. La cabeza de Unidas Podemos en el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, escribió el mismo viernes a Sánchez pidiendo explicaciones. Las recibiría después, a través de cargos de La Moncloa. La respuesta, según fuentes de Unidas Podemos, fue que todo se estaba haciendo conforme a la ley.

El embrollo jurídico. Las Administraciones no presentaron ningún documento que avale la legalidad de la operación hasta una semana después. Lo entregó el pasado viernes la Abogacía del Estado de Ceuta en el juzgado de la ciudad que paralizó cautelarmente las devoluciones. En el escrito, se apela a la “situación excepcional y de emergencia humanitaria” en la capital y al instrumento que ha venido esgrimiendo el Gobierno: un convenio con Marruecos suscrito en 2007 que tardó seis años en publicarse en el Boletín Oficial del Estado y que nunca hasta ahora se había aplicado. Pero no solo la Fiscalía discute esa doctrina. La propia Audiencia Nacional, en un auto del pasado día 18, recuerda que ese convenio compromete a la “observancia estricta de la legislación española”´, que impide cualquier deportación indiscriminada de menores.

Lo que parecía una operación relámpago se ha quedado empantanada en los juzgados. De su decisión depende el destino de centenares de chicos, usados primero por su país como arma geopolítica y atrapados ahora en una batalla en España de incierto desenlace.

Con información de Claudi Pérez, Paula Chouza y Luis de Vega.