El PP espolea la crítica policial dura a la reforma de la ‘ley mordaza’

El PP de Pablo Casado se ha alineado con las críticas más duras de los sindicatos policiales al intento por parte del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de cambiar y suavizar algunos aspectos de la llamada ley mordaza, aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015. El líder popular, Pablo Casado, se reunió este martes en el Congreso con 17 representantes de asociaciones de diferentes cuerpos policiales que se oponen a la reforma. Y suscribió tod...

El PP de Pablo Casado se ha alineado con las críticas más duras de los sindicatos policiales al intento por parte del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de cambiar y suavizar algunos aspectos de la llamada ley mordaza, aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015. El líder popular, Pablo Casado, se reunió este martes en el Congreso con 17 representantes de asociaciones de diferentes cuerpos policiales que se oponen a la reforma. Y suscribió todas sus quejas, les confirmó la presencia del principal partido de la oposición en dos próximas manifestaciones callejeras contra esos cambios (24 y 27 de noviembre) y les prometió incluso que si la iniciativa gubernamental sale adelante la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que escoltó a Casado en el encuentro, compareció más tarde para explicar que su partido rechaza esas modificaciones a la ley de Seguridad Ciudadana porque con las mismas se “aboga por la impunidad y se desprotege a los ciudadanos”. Casado aclaró en un tuit que el PP se manifestará con los representantes de la policía y la Guardia Civil contra ese nuevo proyecto: “Es una línea roja que ataquen a los defensores de la libertad y seguridad”. Los sindicatos le pidieron a Casado que el PP no denomine a esa norma ley mordaza. Casado les prometió que si llega al gobierno la derogará y mejorará la actual ley de seguridad ciudadana.

Gamarra completó tras la reunión ese tipo de mensajes alarmistas contra el nuevo proyecto con una interpretación de por qué el Ejecutivo del PSOE y Podemos pretende ahora ejecutar esa promesa que ya estaba desde hace dos años en su acuerdo de Gobierno: “Quieren amarrarse políticamente y tener un escenario para calentar las calles para la vuelta a la oposición cuando allí les devuelvan los ciudadanos”.

Entre los 39 aspectos que el PP ha enmendado a ese proyecto destaca que ahora se pretenda que no sea necesario comunicar la organización de una manifestación en las calles (algo que solo ocurriría en casos excepcionales, menores, y cuando no entorpezca la vía pública) o la posible falta de protección de los agentes si se difunden imágenes suyas en una protesta. También promoverían cambios para evitar los ongi etorri u homenajes a etarras a su salida de las cárceles.

Y en la justificación de su postura señalan que su ley mordaza fue “necesaria, conveniente y oportuna”, así como “un avance para la convivencia” y argumentan que respondía a una demanda de los agentes para “reforzar la democracia” en un momento social muy convulso. El PP reseña que en el 2020 el Constitucional refrendó gran parte de la legalidad de esa norma.

No a las pelotas de goma

Desde el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos desmienten que el objetivo de esos retoques legales (una docena de enmiendas ya pactadas entre los dos socios y también negociadas con otros partidos, como el PNV) sea ni reducir la autoridad de los agentes policiales, ni restarles medidas coercitivas en sus actuaciones (al eliminar el uso de pelotas de goma) ni exponerlos más. El negociador de Podemos, Enrique Santiago, precisó este martes sobre la difusión de imágenes de policías en manifestaciones que es algo que no se puede prohibir a los medios de comunicación en una sociedad democrática y aseguró que en esos casos el compromiso es que sus imágenes se emitan difuminadas.

La nueva redacción de la norma persigue según sus autores delimitar mucho mejor los derechos de los manifestantes y acabar con algunos excesos de la ley del PP, como la detención durante seis horas sin justificar —ahora pasaría a dos horas—, las limitaciones para grabar una protesta, el uso de material antidisturbios agresivos o la presunción de veracidad total del atestado policial.

Uno de los asuntos más delicados en las manifestaciones se produce con las personas que son retenidas y se niegan a identificarse. La norma del PP permitía una detención de hasta seis horas en comisaría, que esta nueva redacción reduce a dos horas, y deja en seis solo en casos muy excepcionales y justificados. Uno de los cambios que más ha molestado a los representantes sindicales es que cuando entre en vigor la nueva ley tendrían la obligación de devolver a esos manifestantes al lugar donde fueron retenidos, y no dejarlos en comisarías que pueden estar a kilómetros de allí. Los sindicatos policiales han lamentado que se les trate así como si fueran taxistas.

La futura ley, cuando entre en vigor, limita el comportamiento de los agentes en los cacheos para evitar al máximo que los retenidos pueden ser desnudados o denigrados. El negociador de Podemos ha precisado mucho estos días que el objetivo de este proyecto en un país democrático y avanzado como España es regular mejor esas actuaciones para evitar excesos, respaldar a los policías con más actuaciones preventivas y más medios tecnológicos pero también proteger los derechos de los manifestantes. Y puso como ejemplo las sanciones que se aplicaron con la ley mordaza a los pensionistas por no cumplir exactamente con los recorridos autorizados en sus protestas o las multas impuestas a los ciudadanos que improvisaron manifestaciones en su día contra la sentencia de La Manada.