El transfuguismo enturbia la política de La Rioja

La política riojana vive tiempos revueltos que afectan a las dos principales instituciones de la comunidad: el Parlamento y el Gobierno autonómicos. Todo el barullo gira en torno a Raquel Romero, a la sazón consejera de Igualdad, expulsada de Podemos, apartada del Grupo Mixto y reprobada por la Cámara. “Es una tránsfuga de manual”, coinciden el PP y Ciudadanos. El Ejecutivo que preside la socialista Concha Andreu, cuya continuidad depende en gran medida de la fidelidad de Romero, niega la mayor. No la considera una díscola y tampoco ve peligrar la estabilidad de un Gobierno que en 2019 puso fin a 24 años de hegemonía popular en La Rioja. Raquel Romero no quiere hablar, aguanta el chaparrón, se niega a dimitir y garantiza que cumplirá escrupulosamente lo pactado para gobernar con el PSOE.

Toda la legislatura, antes incluso de que arrancase en el verano de 2019, ha estado jalonada de episodios convulsos, pero ahora el clima de crispación política ha subido varios grados. Podemos comunicó en abril pasado a Raquel Romero, periodista de 39 años, su expulsión del partido por no abonar “desde el primer día” las cuotas que tiene establecidas para sus cargos públicos. En cascada, esta decisión precipitó el acuerdo de la Mesa del Parlamento de declarar a la diputada no adscrita y dejarla fuera del Grupo Mixto. Días después, el pleno del Legislativo reprobó la actuación de la consejera Romero por “su falta de compromiso con la ejemplaridad y la ética pública”. Nunca antes se había vivido nada igual en esta comunidad.

La derecha presenta un panorama catastrófico; la izquierda lanza mensajes de normalidad. El portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, declara a este diario que el gabinete dirigido por Andreu “se sustenta en una tránsfuga de libro” y critica la “defensa numantina” de una consejera cuya reputación, dice, “es nula”. Pablo Baena, su homólogo de Ciudadanos, es radical: “Es imperativo que la presidenta cese a Romero si no quiere hacer pasar más vergüenza a los riojanos. Cada día que sigue en el cargo [de consejera], la institución se devalúa más”.

El entorno de Andreu defiende la continuidad de Romero como consejera: “Nosotros no entramos en las dinámicas internas de los partidos”, afirma un portavoz del Ejecutivo socialista en referencia a la expulsión de Romero de Podemos, “y la estabilidad del Gobierno está garantizada”. La presidenta regional defendió recientemente en un pleno del Parlamento que Romero es “una diputada autonómica electa que, hasta la fecha, no ha cambiado su disciplina de voto del proyecto político en el que estaba integrada”. Y quiso remarcar que su equipo es “decente y ejemplar”.

El voto que rompe el empate

Romero ha rehusado atender a este periódico. Forma parte de un Ejecutivo que cuenta con el apoyo de 16 representantes en la Cámara (15 del PSOE y ella), los mismos que suman el PP (12 escaños) y Ciudadanos (cuatro). El voto que rompe el empate a favor del Gobierno es el de la parlamentaria Henar Moreno, de Izquierda Unida (IU), que fue número dos en la lista de Podemos encabezada por Romero, aunque rompió con esta justo después de las elecciones y tras chocar frontalmente por las exigencias desmesuradas que impuso esta para votar a Andreu en su investidura. Romero le negó su apoyo en la primera votación porque pedía un imposible, gestionar tres consejerías. Un mes después aceptó una sola cartera (Igualdad, Participación y Agenda 2030) con un presupuesto de 12,5 millones de euros (el 0,8% de las cuentas riojanas).

Moreno, de IU, ha respetado desde la oposición el acuerdo de gobernabilidad que firmó con el equipo de gobierno, aunque decidió no entrar en el mismo, y se ha erigido en “el sostén del Gobierno desde fuera”, afirma. “La actuación de la consejera ha sido desafortunada durante todos estos años”, dice, aunque no es partidaria de su destitución. Ella fue precisamente la que, por indicación de Podemos, instó al Parlamento a sacar a la diputada Romero del Grupo Mixto, lo que abrió el debate político en torno a la consideración de la consejera como una “tránsfuga”, término al que se aferran los dos partidos de la derecha.

El Parlamento riojano, con el voto favorable de todos los partidos, se adhirió a finales de 2020 al Pacto Antitransfuguismo, que considera tránsfugas a “los representantes que, traicionando al sujeto político que los presentó a las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado”. En febrero de 2021, antes de que Podemos echase del partido a Romero y a otros cinco miembros de su equipo, el Ejecutivo de Andreu mostró en una respuesta parlamentaria su “más absoluto rechazo al transfuguismo político como práctica de corrupción política”.

Un miembro del equipo de Romero asegura que la consejera “trabaja de forma cercana a Concha [Andreu] y con lealtad al Gobierno desde el minuto uno”. Opina que han sido expulsados por “una reprimenda política de Podemos por tener posiciones políticas diferentes a las de la dirección” de la formación morada. “Nadie entiende por qué el Gobierno de La Rioja se tiene que debilitar porque tres personas de Madrid [de Podemos] no lo controlen”, añade. Casamayor también critica que IU haya “rechazado más de cuatro veces entrar en el Gobierno regional” y se erija en “la punta de lanza de Podemos en La Rioja”. Este portavoz de la consejería advierte de que en adelante van a “seguir trabajando en las coordenadas que sean útiles para la marca Yolanda Díaz. Ya no es tiempo de Irene Montero, ni de Rafa Mayoral, ni de Monedero o de Pablo Iglesias. Es la hora de Yolanda Díaz y nosotros [dice en nombre de la consejera Romero] vamos a seguir las directrices de la nueva plataforma de izquierdas liderada por Díaz”.

Ramón Luque, estrecho colaborador de la ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, niega que esta conozca siquiera a Raquel Romero: “Yolanda Díaz no tiene ningún referente en La Rioja. Aún no ha empezado el proceso de escucha en ese territorio. Solo sabemos que [Romero] ha tenido problemas con Podemos, pero no tenemos ninguna relación con ella”.

Arantxa Carrero, coordinadora de Podemos La Rioja, opina que la “excusa” de Romero “no es creíble”. “No ha sido expulsada de Podemos por su apoyo al frente que lidera Díaz, sino por incumplir el código ético interno relacionado con la limitación salarial y la donación del exceso de los salarios”, aclara. La consejera Romero percibe 81.000 euros anuales, de los que tendría que haber entregado “entre el 20% y el 50%”, según un responsable del partido. Sin embargo, este hecho, sostiene Carrero, “no altera nuestro apoyo a la estabilidad del pacto de gobierno a través de la representante de IU”. “El futuro de Romero solo está en manos de la presidenta Andreu”, apostilla.

El PP cree que ha llegado el momento de que Andreu “corrija el rumbo de su gobierno”, al que tacha de “acumular un descrédito total”. Garrido recuerda que la presidenta Andreu ha cambiado a seis de los ocho consejeros y, en total, al 93% de los altos cargos que comenzaron la legislatura. “Solo le queda una opción: apartar a Romero del Gobierno”, sentencia.

Baena, de Ciudadanos, llama la atención sobre “los más de 33 millones de euros que le ha costado a La Rioja mantener a la consejera en su cargo. Una diputada expulsada de su partido, una tránsfuga reprobada por el Parlamento, no se merece seguir un minuto más en la política. Y Andreu es la única con potestad para acabar con esta situación”.