El Congreso declarará ilegal el franquismo y reconocerá a sus víctimas hasta 1983 con la oposición de la derecha

El Gobierno pretende aprobar antes de las vacaciones de verano en un pleno especial del Congreso la nueva Ley de Memoria Democrática que remitió el Consejo de Ministros hace un año y que llevaba varada en el trámite de enmiendas desde octubre. La ponencia que debe enviar el texto retocado a la comisión, y luego al pleno, se ha reunido este martes y ha alcanzado un acuerdo entre los partidos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y las formaciones nacionalistas, en especial con EH Bildu y PNV. Bildu ha sido el primero en anunciar el acuerdo tras la aceptación de algunas de sus enmiendas para extender la aplicación de algunas medidas de la normativa de 1976, como estaba previsto, hasta diciembre de 1983 además de formar una comisión independiente que indague sobre la “conculcación de los derechos humanos” durante el franquismo hasta esa fecha. La incorporación de Bildu a esta iniciativa ha presionado la negociación para que ERC también se agregue al pacto con su abstención. El Congreso declarará así “ilegal e ilegítimo” el régimen franquista, sus tribunales y sentencias, estudiará vías para compensaciones económicas a las víctimas de incautaciones, además de fijar el compromiso de exhumar todas las fosas.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha sido la primera en dar a conocer este martes el acuerdo alcanzado con el Gobierno en la noche del lunes para apoyar el proyecto de la ley de memoria democrática, aún mientras estaba reunida la ponencia que estaba perfilando los últimos detalles del texto. La comisión constitucional que debatirá la última redacción se reunirá el lunes de la semana que viene para votarla y aceptar el documento final y enviarlo al pleno, que podría convocarse a mediados de julio, posiblemente el jueves 14 tras el Debate sobre el Estado de la Nación, que se celebrará del 12 al 14. Los 151 diputados del PP, Vox y Ciudadanos se han pronunciando en contra en la ponencia y votarán que no, porque denuncian que el PSOE persigue con esta iniciativa “un revisionismo histórico de la transición para mantenerse en el poder gracias precisamente a Bildu”, a los que consideran los herederos políticos de ETA.

El voto afirmativo de Bildu y el PNV, que también lo ha ratificado este martes en rueda de prensa, así como el apoyo adelantado en la ponencia del PDeCAT, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Teruel Existe o el Partido Regionalista de Cantabria, y la abstención de ERC, facilitará con al menos 176 votos la validación de esta ley, más que simbólica para el Ejecutivo de coalición, en un momento complicado de la legislatura. Fuentes del grupo socialista han defendido que una ley de estas características y simbología o salía ahora o no prosperaría si se esperaba al final de la legislatura. La norma no es orgánica y solo requiere más votos afirmativos que negativos. ERC, Junts y BNG aún no han confirmado qué votarán el lunes ya en la comisión y en julio en el pleno, pero parecen decantarse hacia la abstención.

La dirigente de Bildu destacó entre los aspectos positivos pactados que la nueva ley permitirá “avanzar en la construcción de una memoria compartida que garantice la verdad, justicia y reparación que debemos a todas aquellas personas que padecieron la dictadura franquista”. Aizpurua aceptó que la norma aún contiene a su entender algunas carencias, pero también importantes avances. De hecho, el Gobierno ha asumido una quincena de enmiendas de esos grupos nacionalistas a las 29 que habían ya cerrado en su momento entre el PSOE y Unidas Podemos.

La enmienda más destacada de las pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos fue la redacción del párrafo tres del artículo dos de la nueva ley de memoria democrática que abordaba lo relacionado con la amnistía que se produjo en España con la llegada de la democracia y la Constitución en 1978: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables”. No habrá derogación de la ley de amnistía, como exigieron entonces algunos grupos, y los jueces determinarán en cada caso la procedencia de aplicar la legislación internacional.

La Ley de memoria democrática sí declarará ilegal el régimen franquista. La enmienda transaccional pactada por parte del PSOE y Unidas Podemos con Más País y el PDeCAT modifica el apartado tres de su primer artículo y sentencia: “Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática”. Los afectados que así lo demanden y demuestren podrán lograr que se certifiquen como ilegales las sentencias y sanciones emitidas en su día por tribunales franquistas.

La formación abertzale sostiene haber cerrado con el Gobierno central, además de compromisos para adecuar con el ejecutivo de Navarra el Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria y la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio Cumbre, una enmienda para formar una comisión independiente con la finalidad de contribuir “al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos”. Esa comisión contará, según Bildu, con personas de reconocido prestigio académico en el ámbito de los derechos humanos, que se encargarán de elaborar un informe para sistematizar toda la información existente y emitirán conclusiones y harán recomendaciones para garantizar el reconocimiento oficial y la reparación de las víctimas.

PP, Vox y Ciudadanos cuestionaron que el PSOE —protagonista de la Transición— hubiera transigido con esa demanda de Bildu, que en algunos ámbitos parlamentarios se relacionó con el posible interés de esa formación abertzale con reabrir algunas actuaciones de grupos violentos y parapoliciales que actuaron entre esos años en el País Vasco y en otras zonas de España, en alusión a los GAL. Los GAL se formaron a partir de 1983 y duraron hasta 1987. Pero existieron organizaciones similares precedentes. Un supuesto que tendría cabida clara en ese objetivo sería el llamado caso Almería, que fue el proceso por el que se juzgó a varios guardias civiles por la tortura y asesinato de tres jóvenes en Roquetas de Mar el 10 de mayo de 1981.

Lo que el PSOE y Unidas Podemos sí han aceptado en sus enmiendas es que el Gobierno forme, en el plazo de un año, una comisión técnica “que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento a las mismas”. La comisión resolverá en su momento qué supuestos acepta y cuáles rechaza. Los mismos partidos han consensuado que otra comisión técnica elabore, también en un año, “un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables”.

La idea de los socios del Ejecutivo es, además, confeccionar un plan cuatrienal para que se cumpla la obligación por parte de las administraciones públicas de exhumar todas las fosas pendientes y catalogadas, algo que ahora correspondía principalmente a asociaciones de víctimas o departamentos de universidades.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, destacó de sus acuerdos cerrados en la noche del lunes con el Ejecutivo que dejará de estar en vigor el artículo 57 de la ley de Patrimonio Histórico que hasta ahora se usaba como “obstáculo o tapón” para no permitir el acceso a determinados archivos históricos relacionados con la dictadura y el franquismo. Sergi Miquel, el portavoz del PDeCAT en la comisión, destacó como los logros de su pacto “el reconocimiento como víctimas de la guerra y de las décadas de dictadura a las instituciones de autogobierno catalanas y vasca y las corporaciones locales”.