Las heridas sin cerrar, protagonistas

La inflación desbocada, con su impacto diario y constante en las necesidades básicas de los ciudadanos, y la amenaza de recesión componen el contexto de Europa en el verano de 2022 y en el que se celebra el debate del estado de la nación en España. A los problemas económicos se suman los institucionales, la ausencia de diálogo entre el Gobierno y el PP, y, además, las heridas, todavía abiertas, por el terrorismo de ETA y la Guerra Civil. Inopinadamente, esta mezcla de asuntos estará en el primer debate del estado de la nación de Pedro Sánchez. El debate de política general no se celebraba desde 2015 por la sucesión de procesos electorales y sesiones de investidura.

Si este debate —fuera del reglamento del Congreso, pero entronizado por Felipe González en 1983 para presentar el balance del Gobierno y escuchar a la oposición— no tuviera su propia denominación y estructura, podría decirse que se ha celebrado muchas veces. En algo más de dos años y medio, el líder socialista ha comparecido en el Congreso 16 veces con debates que, al final, se han convertido en remedos del de la nación. Ya fuera por la pandemia, o para dar cuentas de los consejos europeos, el examen general se ha producido con reiteración. Siempre con Pablo Casado, como líder del PP; ahora su interpelante será la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, escuchada desde el escaño por el senador y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La economía será el frente por el que avanzará Pedro Sánchez. No hay nada que esté en mano del Gobierno para proteger a la sociedad de las impredecibles consecuencias de la guerra de Ucrania que deje de hacerse. Este es el esquema con el que trabaja el Ejecutivo, que lo nutrirá con medidas de nuevo cuño pero como continuación de las ya puestas en marcha. Primero, por la pandemia; después, por la invasión de Putin, con el mazazo a las economías por el encarecimiento de las energías. El apoyo de Europa, con los fondos de resiliencia, será fundamental y las cifras que el presidente manejará en el debate sonarán astronómicas. Para el PP todos esos planes son erróneos, inútiles, y mal gestionados. Los populares contraponen su propio proyecto que, según ellos, el Gobierno no ha querido ni escuchar. Un reproche reiterado al presidente será que no dialoga con el resto de los grupos políticos.

La economía va por mal camino, el presidente no tiene respeto a las instituciones, pacta con quienes no creen en España y negocia con Bildu “la revisión” de la Transición con la nueva ley de memoria democrática, que será votada el jueves. A estas líneas maestras del discurso del PP, no muy alejado de Vox y de Ciudadanos, se añade el terrorismo de ETA, cuya extinción se produjo hace una década después de haber asesinado a 854 personas, herido a 2.600 y secuestrado a 90. El último asesinato fue en 2010, pero hasta ocho años después no anunció su disolución, después de golpe tras golpe de las fuerzas de seguridad del Estado. El azar ha determinado la coincidencia de fechas entre el debate del estado de la nación, la próxima aprobación de la ley de memoria democrática y el homenaje de Estado del domingo al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, 25 años después de su asesinato. El Rey fue el protagonista querido y alabado, en tanto que Pedro Sánchez pudo notar el vacío del PP, aunque las formas se cuidaron. “Por el Rey”, reconocían los populares su contención en un acto emotivo y doloroso por el recuerdo de las 48 horas agónicas del secuestro y asesinato del joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Desde el fin de ETA, hace 10 años, todos los pronunciamientos de que la banda ha sido derrotada son puestos en cuestión por algunos sectores de la derecha, algo que ha señalado reiteradamente el expresidente Mariano Rajoy.

Sí, el PSOE ha apoyado las enmiendas de Bildu para abrir una comisión de estudio y de expertos para reconocer posibles episodios de persecución y violencia desde 1978 a 1983, dentro de la ley de memoria democrática, pero esta norma es mucho más una continuación de la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero que exalta y engrandece la Transición española. Esa ley dejó inconclusa la recuperación de los cuerpos de los asesinados y arrojados a cunetas durante la guerra. Ahora, las administraciones se implicarán material y jurídicamente en el trabajo de las asociaciones de memoria. Hubo sangre en la Transición, por grupos ultras o violencia policial durante manifestaciones y protestas que ahora será evaluada y consignada. Ese aspecto lo impulsó el PSOE, y también Bildu, pero no es una novedad, sino que ha formado parte estas décadas de las demandas de colectivos de izquierda críticos con el alcance de las medidas de la Transición. Los estudios y publicaciones sobre la violencia en esa etapa son una realidad académica, pero no política. Pedro Sánchez ha dado este paso sin desconocer que es munición de alto calibre para la oposición. Su diana es certera a sabiendas de que lo que haga el Gobierno en compañía de Bildu remueve y revuelve a muchos de sus votantes y militantes. El presidente quiere hablar de protección y de cohesión social y territorial, pero tendrá que evocar pasajes de sufrimiento de la Historia contemporánea de España.