El bloqueo del PP causa ya el mayor estropicio de la Justicia en 44 años de democracia

El PP de Alberto Núñez Feijóo agrava la situación de la Justicia en España tras bloquear de nuevo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace cuatro años, cuando la formación conservadora pasó a la oposición. La crisis institucional afecta a uno de los pilares del Estado de derecho y pone en cuestión las reglas del juego en un sistema democrático.

El partido que ha gobernado España 15 de los últimos 44 años de la reciente etapa democrática y que aspira a volver a hacerlo en breve incumple esas reglas del juego de manera reiterada en un aspecto especialmente sensible para la vida de las personas: la administración de Justicia.

El órgano de gobierno de los jueces es clave para el buen funcionamiento de los tribunales (nombra a los principales altos cargos, además de decidir sobre comisiones de servicio, refuerzos y otras necesidades del Poder Judicial), es decisivo para el control de legalidad del trabajo de los jueces (aprueba sanciones disciplinarias para los profesionales que incumplen las normas de su profesión), y desempeña funciones relevantes de fiscalización y asesoramiento en la tarea legislativa del Gobierno (a través de informes que no son vinculantes pero si preceptivos).

Cada cinco años, el Consejo General del Poder Judicial cambia su composición en función de la distribución del poder político en el parlamento. Pero el PP ha roto con esa práctica, obligada por la Constitución y la Ley. Lo ha hecho una vez más (ya ocurrió con el PP de Mariano Rajoy en la oposición), pero ahora de una manera más dolorosa porque lleva cuatro años con el bloqueo, casi el mismo tiempo que dura el mandato de cada Gobierno de los jueces.

Para intentar justificar una posición contraria a la Constitución y a las reglas del juego de la democracia, el PP ha utilizado excusas de todos los colores desde que, tras pactar la renovación en 2018, el acuerdo se frustró cuando se conoció la obscena intención que se escondía tras uno de los nombramientos acordado: “controlar la sala de lo Penal del Supremo por detrás”. El mismo partido que había pactado en 2018 esa renovación con un beneficio claro, pues elegía el nombre del presidente, ha bloqueado durante los cuatro años siguientes la renovación del CGPJ.

El PP de Alberto Núñez Feijóo forzó el jueves la ruptura de las negociaciones sobre el gobierno de los jueces. Lo hizo a través de una nota que pilló por sorpresa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien previamente había acordado con Feijóo una reunión el próximo 2 de noviembre para seguir negociando.

El líder del PP y el núcleo duro del partido, incluyendo a los principales presidentes autonómicos, se conjuraron para utilizar como excusa la rebaja de penas para la sedición. El Gobierno lleva prometiendo esta medida casi tres años para satisfacer a ERC y a los dirigentes independentistas fugados. Y de esta medida, forzado por ERC, ha vuelto a hablar hace dos semanas.

Pero los dirigentes del PP insistieron en que la rebaja de penas en el delito de sedición que nada tenía que ver con la negociación para renovar el Poder Judicial. Cuentan que lo contaron así porque el Gobierno se había comprometido a no reformar el delito de sedición.

Pero cuando leyeron y escucharon que el presidente tenía en su agenda ese cambio del Código Penal, decidieron que el pacto era imposible. El nuevo bloqueo aumenta el drama que vive el Poder Judicial a cuenta de una reforma legal que el Gobierno impulsó para resolver el problema y que solo ha ayudado a provocar un enorme daño al servicio público de la justicia.

El Gobierno cambió la Ley del Poder Judicial hace casi dos años para evitar que ese Consejo del Poder Judicial con el mandato caducado pudiera tomar decisiones relevantes, como el nombramiento de la cúpula judicial de los distintos tribunales. Y esa circunstancia, junto al bloqueo insistente del PP, ha causado un colosal estropicio en la administración de Justicia, que ha desencadenado ya el mayor deterioro del sistema en democracia.

Dos salas del Tribunal Supremo, la contencioso-administrativa y la social, donde hay 10 magistrados menos como consecuencia de jubilaciones y fallecimientos, viven una situación desesperada que afecta ya a miles de ciudadanos que tienen que esperar mucho más tiempo para conocer las sentencias a sus recursos. Además, otros 60 altos cargos judiciales de tribunales superiores de Justicia o Audiencias Provinciales están en funciones y pendientes de renovar.

El problema causado por el PP es mayúsculo; las soluciones son de momento invisibles, y recuperar todo lo perdido en esta crisis llevará meses, si no años.