El portazo de Feijóo al pacto con el Gobierno lleva a la Justicia a una situación límite

El acuerdo para desbloquear el Poder Judicial estaba prácticamente cerrado. Según el Gobierno, completamente listo. Según el PP, faltaba alguna cosa que debían cerrar los dos líderes, sobre todo la redacción final de la proposición de ley por la que el Congreso ordenaba al nuevo Consejo General del Poder Judicial que en seis meses debía elaborar un informe no vinculante sobre el nuevo método de elección de los vocales para que los jueces ganaran peso en el sistema.

El PP también quería garantías del presidente de que no propondría a ningún juez afín a ERC. Con todo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, se habían reunido el martes y habían perfilado el resto de los asuntos, que no eran pocos. Habían redactado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una norma sobre el estatuto del ministerio fiscal y tenían todos los nombres pactados, según fuentes conocedoras de las conversaciones. Tenían pactados hasta los suplentes, según explicó en el avión de vuelta de Sudáfrica Pedro Sánchez, cuando se enteró de que el PP había roto las negociaciones a través de un comunicado.

¿Qué ocurrió? ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo ordenó dar carpetazo a la negociación cuando todo estaba a punto de caramelo? La clave está en una conversación telefónica que mantuvieron el líder del PP y el presidente del Gobierno a las 18.30 del jueves y en una contestación interna en el PP que venía empujando en contra del acuerdo. Desde el lunes, el partido bullía con una tesis: “Nos van a engañar”.

La decisión del líder del PP aboca a la justicia a una situación límite. El Tribunal Supremo soporta desde hace año y medio un goteo de bajas que conducen a un atasco insoportable y en el Constitucional se han metido en el congelador media docena de asuntos clave, como el aborto, además de que decenas de presidencias de tribunales superiores y audiencias están pendientes de renovación. Ahora, el Gobierno tiene que tomar una decisión sobre qué camino seguir. Encima de la mesa está la posibilidad de nombrar directamente los dos magistrados del Constitucional que le toca renovar al Ejecutivo, sin esperar a que un CGPJ bloqueado nombre los suyos. Pero, de momento, el Ejecutivo ha optado por esperar, a ver cómo responden todos a este fiasco, del que culpan por completo a Feijóo. “Le temblaron las piernas, demostró que no es un líder autónomo, no aguantó la presión”, resumía Sánchez. Y Félix Bolaños, el principal negociador del Gobierno, interpretaba: “Empieza el declive definitivo de Feijóo”. Unidas Podemos siempre ha defendido que habría que cambiar la ley para que el CGPJ se pueda renovar por mayoría absoluta y no por 3/5, de forma que se evite el bloqueo del PP. Pero cuando el Gobierno intentó esta maniobra en 2020, las críticas de la Comisión Europea hicieron que Sánchez guardara la iniciativa en un cajón. El Ejecutivo tendrá ahora que estudiar las posibles salidas, pero de momento espera movimientos y se concentra en reprochar su marcha atrás al líder de los populares.

Durante toda la semana, Feijóo se vio obligado a hablar con muchos dirigentes del partido y barones para “tranquilizarlos”, según fuentes de su equipo, ante el nerviosismo que se había desatado en el PP por las noticias que aparecían en la prensa sobre los planes del Gobierno para reformar el delito de sedición. Especialmente desde que EL PAÍS publicó el lunes que el Gobierno se abría a reducir a la mitad la pena por este tipo de delito, cuando cundió el pánico en el PP. En realidad, era algo que el Gobierno llevaba planteando de distintas maneras durante tres años, y un compromiso de Sánchez desde su propia investidura, en 2020. Como explicó el presidente en Bruselas, el viernes pasado, él siempre ha estado abierto a esa posibilidad, pero si hay mayoría para hacerlo; es decir, si ERC acepta que el delito de sedición no puede desaparecer, pero sí reducir la pena máxima desde los 15 años actuales hasta lo habitual en el entorno europeo, alrededor de seis. Además, como recuerdan en el PSOE, el PP aceptó públicamente separar las dos cuestiones. El martes, Cuca Gamarra dijo en Antena 3 que una cosa es la reforma de la sedición, que el PP rechaza, y otra la negociación de la renovación del CGPJ, que en ese momento estaba casi ultimada. Todo parecía tranquilo hasta ahí.

Feijóo explicó a los suyos que el Ejecutivo aseguraba al PP en privado que no iba a ir adelante con esos planes, y que por eso mantenía abierta la negociación del Poder Judicial. “Él contaba con inputs tranquilizadores de Bolaños, pero el partido, no”, explican en su equipo, conscientes de la presión interna en contra de los pactos con Pedro Sánchez. En realidad, lo que le estaba diciendo el Gobierno al PP es que no había ningún texto redactado —no lo hay— para reformar la sedición. Y que está todo a la expectativa de un complejo pacto con ERC, que debería aceptar firmar una reforma que implicaría cárcel, aunque menor, para una dirigente fugada como Marta Rovira, la secretaria general, que sigue en Suiza. Esto es, que no hay un pacto cerrado ni nada concreto, aunque la voluntad de reformarlo no es un secreto porque Sánchez lo ha dicho decenas de veces.

“Hay una derecha mediática y política que no quiere pactos con Sánchez en ningún caso, y a pesar de eso Feijóo se sentó a negociar con él”, insisten en el entorno del líder popular, que no paró de recibir durante la semana los mensajes de sus compañeros de partido. Algunos de ellos, como Isabel Díaz Ayuso, habían hecho explícitas sus reservas en público antes de repetírselas en privado. “No hay mayor peligro que llenar el Poder Judicial de Tezanos disfrazados de jueces”, avisó Ayuso a Feijóo anticipándose el día 20, clara como el agua.

“Dentro del partido había voces de todo tipo”, explica un dirigente muy conectado con todos los sectores. “Y durante la semana se fue formando una fuerte corriente interna muy incrédula con este acuerdo. La frase más recurrente era: ‘Nos van a engañar”. Los críticos temían que el Gobierno anunciara un pacto con ERC para rebajar las penas por sedición poco después de que el PP cerrara el acuerdo del Poder Judicial. “Eso hizo que la negociación fuera más despacio, lo de la sedición nos metía el dedo en el ojo, y al final fue creciendo el malestar interno y el no pesó más que el sí”. En el Ejecutivo insisten en que la sedición nunca estuvo encima de la mesa de las negociaciones y todo iba bien hasta que Feijóo se echó para atrás en el último momento. En paralelo, los terminales mediáticos de la derecha más dura vociferaban contra el acuerdo. Feijóo aguantó hasta el jueves por la tarde: a las 20.22, menos de una hora después de terminar de hablar por teléfono con Sánchez, envió un comunicado a la prensa y terminó de decidir la ruptura.

Sánchez había despegado a las 19.58 de Pretoria, la capital ejecutiva sudafricana, con la idea de que las cosas estaban mal, pero la negociación no se había roto. De hecho, Feijóo y él habían quedado en verse el día 2, después del puente. Justo antes de despegar, Sánchez llamó a sus colaboradores y les contó que la conversación había ido mal porque Feijóo exigía que no se tocara la sedición. Para él, ese tema era inaceptable, les dijo, porque lo veía antidemocrático —nada tiene que ver la agenda legislativa con cumplir la Constitución y renovar el CGPJ, le argumentó a Feijóo y repitió luego ante los periodistas— pero entendía que la negociación no se había roto y que en la reunión del 2 intentarían salvarla. Cuando aterrizó en Luanda, la capital de Angola, tres horas después, Sánchez se encontró con la sorpresa —en el avión no hay cobertura de internet y las comunicaciones solo se usan en casos de extrema urgencia— de que el PP había roto las negociaciones y había desvelado la conversación secreta entre los líderes mientras él volaba. Y enseguida se acercó a los periodistas para mostrar su indignación. El presidente pretendía mantener en secreto la conversación, a la espera de poder salvar el pacto. Pero todo se rompió mientras viajaba.

Las presiones internas más fuertes le llegaron sobre todo desde el PP madrileño, donde las noticias de lo que se estaba pactando no gustaban nada. “Lo acordado era que Cándido Conde-Pumpido presidiera el Tribunal Constitucional a cambio de que los jueces en cargos políticos no pudieran volver en dos años a la carrera judicial… Pactar sí, pero no ponerse de rodillas. Lo de Conde-Pumpido era un trágala, entonces había que sacar más baza”, afirman en ese entorno, donde en todo caso son contrarios a los acuerdos con Pedro Sánchez, “de quien no te puedes fiar”. Ayuso no aguantó más y el jueves por la mañana envió un mensaje de WhatsApp a Feijóo en el que le advertía de que era una barbaridad pactar y le aseguraba que Sánchez iba a engañarlo. La presidenta de Madrid tenía un acto público en Ordes (A Coruña), donde dijo que ya le había manifestado a Feijóo en privado lo que pensaba de lo que estaba pasando.

El líder del PP no habló solo con Ayuso el jueves antes de romper la negociación. Al desencadenarse las turbulencias, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijera en la tribuna del Congreso que el Gobierno llevaría a la Cámara una reforma legal sobre la sedición ―aunque luego rectificó―, Feijóo llamó a Juan Manuel Moreno Bonilla. Habló con él dos veces. El presidente andaluz, uno de sus principales escuderos internos, le dio también su bendición para romper el acuerdo. “Juanma coincide en que no es leal que el Gobierno juegue a dos bandas con la Justicia y le dijo que contaba con todo su apoyo para decidir lo que considerara mejor para el interés general”, apuntan fuentes próximas a Moreno Bonilla, que señalan que hay “consenso de todos” en el partido sobre la ruptura de las negociaciones. De hecho, Feijóo habló también con otros barones, como el gallego Alfonso Rueda, y con miembros de la dirección, como Cuca Gamarra, Esteban González Pons, Elías Bendodo o Juan Bravo, así como con “relevantes magistrados del Tribunal Supremo” durante el día, desde Santander, hasta decidir que todo se acababa ahí.

Y dinamitó la negociación después de hablar por teléfono con el presidente del Gobierno a las 18.30 del jueves. Sánchez llamó a Feijóo desde Sudáfrica, convencido de que la conversación cerraría la negociación. Le ofreció verse al día siguiente, el viernes, pero Feijóo no podía y por eso, señalan fuentes gubernamentales, pactaron que se encontrarían el 2 de noviembre. El comunicado del PP de la noche anunciando la ruptura reventó ese calendario.

Según el líder popular, la conversación con Sánchez fue la clave de su decisión porque el presidente le confirmó que iba a reformar el delito de sedición, después de que Bolaños prometiera a González Pons durante la semana que no había nada más que ruido mediático. “Yo asumo el 100% de esa responsabilidad. Hasta que hablé con el presidente y me confirmó que se reformaría el delito de sedición, y que no lo consensuaría con el PP, no tomé esa decisión. Y una vez que la tuve [la confirmación] la tomé inmediatamente. Llevo 29 años en esto”, dijo este viernes Feijóo desde Vitoria, asumiendo en primera persona la ruptura.

En la dimensión política, las consecuencias no son menores: se han volado todos los puentes entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Feijóo dio un giro de 180 grados a su estrategia y cerró la puerta a más acuerdos “con este PSOE”. Con esa frase, según el Ejecutivo, está diciendo que no reconoce legitimidad a Sánchez y que no habrá renovación hasta que no cambie el líder del PSOE, una idea profundamente antidemocrática, según la visión del Ejecutivo. El Gobierno cree que el sector duro del PP, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, “le ha doblado el pulso” al líder de la oposición. El PP de Feijóo, igual que el de Pablo Casado, ha vuelto a borrarse, en el último momento, del enésimo intento de un acuerdo para sacar de la parálisis al Poder Judicial.