Claves de las reformas exprés del Código Penal: de la malversación al enriquecimiento ilícito y otras novedades

Al principio solo se iba a reformar el delito de sedición, pero esta modificación exprés ha abierto un cajón con el que se van a cambiar, añadir y eliminar delitos y penas en el Código Penal. La batería de enmiendas presentadas este viernes en el Congreso de los Diputados por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y ERC busca endurecer los delitos contra los derechos de los trabajadores, garantizar la protesta pacífica, reformar la malversación, penar el enriquecimiento ilícito de autoridades y desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Así, se pretende modificar la ley para castigar con hasta seis años los incumplimientos reiterados de la legislación laboral, se introduce un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos con castigos de hasta tres años de presidio, se propone una pena de tres años para los casos de malversación sin ánimo de lucro y se retocan las mayorías para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Estas son las principales novedades, los textos de las reformas planteadas y las reacciones a cada uno de los cambios.

La malversación. Lo que plantea ERC es dividir el delito en función de si en el autor hay o no ánimo de lucro en el manejo ilícito del dinero público, lo que determina la horquilla de penas. Si no se prueba el beneficio personal, el tiempo en prisión establecido va de seis meses a tres años, que es la novedad que introduce la enmienda de los republicanos. En su tipo básico, si se acredita el ánimo de lucro, la propuesta de los republicanos fija una pena de prisión de dos a seis años (como hasta ahora). La inhabilitación estaría entre los seis y los 10 años. Si se dan las agravantes de que lo desviado supera los 40.000 euros (el límite hoy está en 50.000 euros), tiene un valor patrimonial o histórico o se trata de fondos con los que se buscaba atender una calamidad, aumentan las penas. La de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación de 10 a 20 años. En el supuesto más grave, donde se compruebe que se han desviado más de 250.000 euros, la pena deberá estar en “la mitad superior”, es decir, se sumarían cuatro más, llegando a 12.

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Patxi López: "En caso de no justificar un incremento patrimonial se podrá aplicar penas de prisión de entre seis meses y tres años"

El enriquecimiento ilícito. Se trata de un delito nuevo que plantean socialistas y Podemos, socios de Gobierno. Las autoridades cuyo patrimonio se incremente durante el ejercicio del cargo público en más de 250.000 euros sin justificación podrán ser castigadas con hasta tres años de cárcel, inhabilitación de dos a siete años y una sustanciosa multa (del triple del beneficio obtenido). El delito puede ser cometido durante el desempeño del cargo como durante los cinco años siguientes de haber sido cesado. No basta la sospecha: tiene que haber desobediencia explícita a dar explicaciones por parte del acusado para sustanciar este delito.

Refuerzo de los derechos de los trabajadores. El texto para modificar el artículo 311 del Código Penal busca un mecanismo para actuar contra las empresas que incumplan de manera reiterada la legislación laboral, que podrán ser castigadas con la pena de prisión de “seis meses a seis años” y multas de seis a 12 meses a quienes “impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”. Las mismas penas se impondrán “a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa”, lo que apunta a modelos de contrato de empresas de reparto como Glovo.

Desbloqueo del Tribunal Constitucional. Lo que se pretende es eliminar la obligatoriedad de los tres quintos de los votos del propio Consejo General del Poder Judicial para que este elija a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde y establece un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. A los vocales o al presidente del Consejo que, tras la aprobación de la reforma, persistan en el bloqueo, se les podrían imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. La enmienda establece un plazo máximo de tres días desde que el presidente convocó el pleno para realizar los nombramientos. Santiago Abascal, líder de Vox , ha plantado una moción de censura por esta medida.

Estas son las informaciones publicadas con cada una de las reformas planteadas:

El Código Penal penará hasta con 3 años un nuevo delito de enriquecimiento ilícito

Las autoridades cuyo patrimonio se incremente durante el ejercicio del cargo público en más de 250.000 euros sin justificación podrán ser castigadas con hasta tres años de cárcel, inhabilitación de dos a siete años y una sustanciosa multa.

ERC propone una pena máxima de tres años de cárcel en los casos de malversación sin ánimo de lucro

Los republicanos proponen una horquilla de penas. Si no se acredita el beneficio personal, el tiempo en prisión establecido va de entre los seis meses y los tres años.

El Gobierno cambia la ley para desbloquear la renovación del Constitucional “ante el secuestro del PP”

La enmienda elimina la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional y establece un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos.

El Gobierno pone coto a los falsos autónomos con penas de cárcel a las empresas que insistan en usarlos como Glovo

El nuevo texto contempla que será castigado con la pena de prisión de “seis meses a seis años” a quienes “impongan condiciones ilegales bajo fórmulas ajenas a su contrato de trabajo”. El cambio tendrá efecto sobre empresas como Glovo

Esta es la reforma de la malversación que plantea ERC. Si no puede ver el texto, pinche aquí:

El texto del nuevo delito de enriquecimiento ilícito. Si no puede verlo, pulse aquí.

Este es el texto de reforma de la legislación laboral. Si no puede verlo, clique aquí

La reforma del sistema de elección de magistrados del Constitucional ha motivado que Santiago Abascal, líder de Vox, haya anunciado esta mañana que va a presentar una moción de censura, la segunda de su partido en esta legislatura, para frenar el “asalto al poder judicial” que cree que está ejecutando Pedro Sánchez, a quien acusa de “estar preparando un escenario de autogolpe como el de Pedro Castillo en Perú”. Es la misma idea que ha sostenido Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, pero esta cree que la moción tiene que presentarla Alberto Núñez Feijóo, no Abascal.

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El líder de Vox pide al PP que secunde la medida ante el “asalto al poder judicial” que cree que está ejecutando el Gobierno con la reforma que plantea del sistema de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional.

Pero Feijóo, el primero en reaccionar esta mañana a la reforma del Constitucional, no ha respondido a la invitación de Abascal, pese a que coincide en señalar los “ataques a las instituciones” y la “deriva autoritaria” de Sánchez que también subraya el líder de Vox. No obstante, el PP ya rechazó hace unas semanas la propuesta verbal de Abascal de presentar una moción de censura para derribar al máximo dirigente del PSOE.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, subraya, por el contrario, cómo la reforma de la legislación laboral supone “evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes”.

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La vicepresidenta afirma que su formación tiene “posición propia” sobre las debatidas reformas legales que buscan lograr “un país con más derechos”

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El impacto de la medida provoca las críticas de los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha y lleva a otros barones del PSOE a marcar líneas rojas: no dar pasos atrás en la lucha contra la corrupción