La magistrada Laura Díez se abstendrá en las sentencias sobre el 25% de castellano en las escuelas catalanas

La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez, perteneciente al sector progresista, ha decidido abstenerse de intervenir en la resolución de los recursos que afectan a la ley y el decreto ley de la Generalitat sobre el uso de lenguas oficiales en las escuelas catalanas, dos normas con las que el Govern trata de evitar impartir el mínimo de 25% de materias en castellano al que obligó una sentencia en 2020. Laura Díez, que llegó al Constitucional en diciembre a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, comunicó el miércoles su decisión al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado EL PAÍS. La magistrada se abstendrá porque en 2022, cuando era vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias (un órgano asesor de la Generalitat), intervino en la elaboración del dictamen con el que ese organismo avaló las dos leyes autonómicas cuya constitucionalidad está ahora en cuestión.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) había presentado ayer miércoles una solicitud de recusación contra la magistrada, con el fin de apartarla o que se abstuviera de tomar parte en las decisiones que se tomen sobre la legislación de la Generalitat en relación con el uso de las lenguas oficiales en las escuelas catalanas.

La ley y el decreto ley de la Generalitat fueron objeto de una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia Cataluña (TSJC), que consultó así al tribunal de garantías sobre la posible vulneración de la Constitución en dichos textos. La anunciada abstención de la magistrada Laura Díez afecta de momento a esta consulta del tribunal catalán al Constitucional. Este asunto tiene como ponente al magistrado del sector conservador Enrique Arnaldo.

Lo que ha motivado la rápida abstención de Díez es que esta cuestión de inconstitucionalidad ha sido incluida en el orden del día del pleno que el órgano de garantías celebrará la semana que viene. El tribunal no va a decidir ese día sobre la cuestión de fondo que plantea el TSJC ―la posible anulación de la ley y el decreto ley autonómicos―, sino sobre un incidente procesal en el que se abordará si se admite la personación de la asociación independentista Òmnium Cultural en el procedimiento.

En paralelo al recurso de inconstitucionalidad planteado por el TSJC hay, sobre este mismo asunto, un recurso presentado por el PP y Ciudadanos contra las dos normas de la Generalitat. La ponencia de esa sentencia había correspondido inicialmente al magistrado del sector conservador Antonio Narváez, y, tras cesar este en su cargo por la renovación del tribunal, ha sido asignada a Laura Díez. Por tanto, ahora ella deberá decidir si también se abstiene de su conocimiento. Fuentes del Constitucional aseguran que lo hará.

En su anterior condición de consejera y vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, Laura Díez se pronunció, emitió y firmó los dictámenes 3/2022, de 7 de junio, sobre la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, y 4/2022, de 20 de junio, sobre el decreto ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

El hecho de haber formado criterio sobre la materia, al intervenir en dichos dictámenes, es lo que ha conducido a la decisión de abstenerse en todos los asuntos sobre este tema, ahora sobre la cuestión de inconstitucionalidad y en fechas próximas, según aventuran fuentes del tribunal, sobre el recurso del PP y Ciudadanos. El argumento que dio el citado órgano asesor de la Generalitat para avalar dichas reformas legales es que la Constitución no fija porcentajes específicos sobre la presencia de las lenguas oficiales en el sistema educativo de las comunidades autónomas. La jurisprudencia del Constitucional sí ha reiterado, sin embargo, que el castellano debe ser lengua vehicular en la enseñanza; es decir, lengua de uso para impartir las asignaturas. En Cataluña solo lo es el catalán.