El PSOE y Unidas Podemos ganan tiempo para disputarse el apoyo de sus socios en la ‘ley del solo sí es sí’

La reforma del PSOE a la ley de Libertad Sexual o del solo sí es sí se retrasa y ya es casi seguro que no se podrá aprobar ni entrar en vigor a finales de febrero, como se había marcado como objetivo el Grupo Socialista en el Congreso. Detrás de esa decisión hay razones formales, reglamentarias, de puro calendario, pero también un trasfondo político. El PSOE no tiene aún más apoyo para que esa proposición de ley prospere que el del PP y dice que ni lo quiere ni lo busca. Unidas Podemos se niega a aceptar los “retoques técnicos y jurídicos” del PSOE para endurecer algunas penas y evitar futuras reducciones de condenas a abusadores sexuales y ha emprendido una ronda de contactos con sus aliados habituales para convencerles de su posición. El PSOE también ha iniciado su negociación con esos socios de investidura, pero para atraerles a sus argumentos. Los afectados miran esos movimientos con recelo y piden a PSOE y UP “menos ruido” y que les den una salida consensuada que parece inviable.

La Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara que regula su funcionamiento, no abordó este martes nada relacionado con la proposición de ley registrada el lunes unilateralmente por el PSOE para cambiar varios artículos de la ley del solo sí es sí. El Grupo Socialista había avanzado que buscaba la máxima urgencia, que el problema detectado con las rebajas de condenas había que solventarlo cuanto antes y se marcó la meta de finales de febrero para su debate y aprobación final. En el Gobierno y La Moncloa constataron rápido que esa intención no será posible. Obligaría a forzar mucho el reglamento y los usos habituales del Congreso y el PSOE aún no tiene más apoyos para que esa modificación salga adelante que los del PP, que nunca ha visto con buenos ojos esa norma.

Los asuntos e iniciativas que el Congreso aborda tienen que pasar primero por el filtro de la Mesa, que los califica para asegurarse de que cumplen los requisitos mínimos para su discusión. Normalmente, se aceptan en la práctica casi todas las propuestas, que luego se aceleran, retrasan o bloquean según el juego de mayorías parlamentarias en la Junta de Portavoces. Pero para superar esa primera fase que se trata cada martes en la Mesa, las propuestas deben registrarse antes del sábado anterior. No sucedió así con la proposición legal del PSOE, que se presentó este lunes. Ese formalismo se podría superar excepcionalmente si el Gobierno opta por llevar en mano una propuesta de urgencia a esa Mesa y que todos sus componentes la acepten por unanimidad. No ha ocurrido nunca en esta legislatura, aunque sí existe algún escaso precedente.

El Ejecutivo no quiso utilizar esa opción este martes y el asunto se presentará y pasará por el mecanismo más normal, el martes que viene. Luego se llevará a la respectiva Junta de Portavoces para que fije su toma en consideración por el pleno, se abrirá un plazo de unos días para plantear enmiendas o de lectura única y urgente y se marcará su debate final parlamentario, que podría relegarse ahora para mediados de marzo.

La portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, interpretó este martes que el Gobierno intenta así “dilatar” una cuestión que debería ser mucho más urgente porque “prima más la continuidad de la coalición que los intereses de las mujeres”. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, descalificó esa intervención y opinó que forzar los trámites habría sido “irregular, inédito y hasta ilegal”. El PSOE precisó que seguirá los calendarios habituales.

Sin comunicación directa

En el interregno, PSOE y UP no se comunican entre ellos, como reveló este martes Echenique al contar que los socialistas no les llaman y que Igualdad y Justicia tampoco, como confirmó este ministerio liderado por Pilar Llop. Responsables de ambos partidos se dispensan duras críticas y ataques públicos pese a ser aún socios de Gobierno y se han puesto en marcha para captar adeptos en la Cámara a sus respectivas causas, que ahora parecen contradictorias. Los socialistas empezaron ya el mismo lunes por la mañana, casi sin haber pasado por el registro, a llamar a algunos de sus socios habituales en el Parlamento para explicarles su posición, que resumen así: hace falta corregir los fallos de la norma, no se toca el consentimiento y el tema es urgente.

Echenique también concedió este martes que llevan días hablando con las otras fuerzas del bloque progresista de la investidura para exponerles su visión: el fallo no es de la ley de Igualdad y la reforma del PSOE vuelve a las tesis del pasado. El dirigente de UP dejó muy claro este martes que UP no aceptará ahí ni un paso atrás, aunque formalmente emplazó al PSOE a negociar. Pero sobre sus condiciones. Eso sí, el martes que viene, en la Mesa del Congreso, UP votará con PSOE y PP a favor de que la proposición inicie su camino parlamentario, porque lo han consentido hasta con proyectos de Vox, matizó Echenique. Luego ya decidirán sobre el proceso.

“Menos ruido”

En ese embarrado escenario, los socios de la legislatura están confundidos, muy molestos con la disputa a campo abierto entre los miembros de la coalición y este martes todos ellos reclamaron a ambos partidos “menos ruido” y una salida de consenso, para saber a qué atenerse. Aunque aún no quieren tomar partido, con tanto tiempo aun para la votación, la mayoría se decantó por posturas más próximas a UP que al PSOE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, insistió así en la idea de que se respete la figura del consentimiento, no se regrese al “infierno probatorio” para las mujeres víctimas y que el texto final cuente con el visto bueno del Ministerio de Igualdad. Una línea que suscribió el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y que es en la que está EH Bildu. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, la representante de la CUP, Mireia Vehí, y el presidente del grupo de UP, Jaume Asens, intentaron introducir en la discusión otros factores en la lucha contra el machismo, más allá del incremento de las penas.