El Ayuntamiento de Murcia reconoce que hay otras discotecas con orden de cierre y anuncia una ronda de inspecciones

Tras el incendio del pasado domingo en dos discotecas de Murcia en las que fallecieron 13 personas, el Ayuntamiento de la ciudad ha puesto en marcha este jueves una ronda de inspecciones por otras salas de gran aforo que también tienen órdenes de cierre. La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, no ha querido detallar cuántas de esas órdenes hay en la capital murciana, pese a la insistencia de los periodistas, pero sí ha subrayado que ha habido que hacer un “cribado” para actuar con mayor celeridad. Se ha elegido inspeccionar primero las salas de mayor tamaño, y las que están en los puntos neurálgicos del ocio nocturno de Murcia, como la zona de Atalayas, donde se produjo el incendio, y la avenida Mariano de Rojas.

El Consistorio comprobará que las salas con una orden de cierre en vigor la están cumpliendo o si, por el contrario, siguen funcionando, según han explicado en el Consistorio murciano. La discoteca incendiada en Murcia tenía una orden de cierre desde 2022, pero no se ejecutó el precinto por motivos que ahora se están investigando.

La intención del Ayuntamiento es la de comprobar uno por uno todos los expedientes de cierre, no solo de locales nocturnos, sino de todo tipo de negocios. “La casuística es muy diversa”, ha reconocido la vicealcaldesa, que ha insistido en que, desde hoy, los inspectores están “cursando visitas” a los locales, algo que no ocurrió en el caso de la discoteca Teatre, en la que, según el informe de la inspección, solo se “contactó” con el propietario.

Además, aquellas salas que tengan órdenes de cese vigentes que no hayan ejecutado, serán precintadas. Incluso si, como en el caso de Teatre, hay otros expedientes de legalización abiertos, porque, según ha indicado, “si hay orden de cese previa, prevalece esa sobre la de legalización”.

Eso fue exactamente lo que alegó el propietario de Teatre ante la inspección municipal: que tenía en curso un expediente municipal para legalizar su situación. El expediente tiene fecha de marzo de 2022, dos meses después de la orden de cierre. Se trata de un trámite, ha insistido Pérez, al que el empresario tenía derecho, y que debía seguir su curso (no está finalizado), lo que justifica que el local se sometió a otras revisiones, por ejemplo, en el ámbito de Sanidad, pero no era excusa para mantener el local abierto.

Para evitar en el futuro esta falta de flujo de información entre unos y otros departamentos de la administración local, Pérez ha anunciado también que se van a redactar dos protocolos sobre disciplina urbanística y licencia de actividades. Se trata de que haya un “control de la trazabilidad” de los expedientes que dictan unos y otros departamentos y de limitar el “margen de discrecionalidad de los funcionarios”.

A raíz de este caso, los empleados públicos municipales que tuvieron “contacto directo” con el expediente de cierre de Teatre han sido apartados cautelarmente de sus funciones. Seguirán trabajando en el Ayuntamiento, pero ya no desempeñarán las responsabilidades que tenían hasta ahora, ha detallado la vicealcaldesa, que no ha querido dar más datos sobre estos trabajadores, puesto que su relevo forma parte de la investigación interna que ha abierto el ayuntamiento y que sigue su curso, por lo que podría haber nuevas medidas relacionadas con los funcionarios.

Entrega de los restos

En cuanto a los familiares de las víctimas mortales, una vez que todos los fallecidos han sido identificados, el juzgado que ha asumido el caso ha comenzado a emitir este jueves las autorizaciones de entrega de los cadáveres para que puedan ser enterrados o incinerados. Siete de las familias afectadas han solicitado repatriar los cuerpos a sus respectivos países de origen (Nicaragua, Colombia y Ecuador), mientras que los otros seis serán enterrados en Murcia, Caravaca de la Cruz y Molina de Segura. En la Catedral de Murcia está previsto que se celebre una gran misa funeral el próximo 18 de octubre en memoria de los fallecidos.