Juan Carlos I, sin causas pendientes en España ni en ningún otro lugar

Corinna Larsen aún puede recurrir, pero sus posibilidades son muy escasas tras ser desestimada su demanda por acoso en Londres

Juan Carlos I y Corinna Larsen, durante un acto público en una imagen de archivo.

Corinna Larsen todavía podría intentar apurar sus opciones de recurso ante la justicia británica. Ella misma ha señalado que contempla “todas las opciones disponibles”, después de conocer la sentencia del tribunal de apelación que ha tumbado su demanda por acoso contra Juan Carlos I al estimar que la jurisdicción del Reino Unido no es la adecuada para juzgar el caso y porque el relato de la demandante no encaja en la figura delictiva de ac...

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Corinna Larsen todavía podría intentar apurar sus opciones de recurso ante la justicia británica. Ella misma ha señalado que contempla “todas las opciones disponibles”, después de conocer la sentencia del tribunal de apelación que ha tumbado su demanda por acoso contra Juan Carlos I al estimar que la jurisdicción del Reino Unido no es la adecuada para juzgar el caso y porque el relato de la demandante no encaja en la figura delictiva de acoso de la justicia británica. La decisión de la jueza Rowena Collins supone, en cualquier caso, un serio varapalo a las aspiraciones de la empresaria alemana, y puede significar que el Rey emérito pase a ser, desde este viernes, un ciudadano sin causas pendientes con la justicia, ni de España ni de ningún otro lugar.

El pleito planteado por Larsen ante los tribunales de Londres, hace ya tres años, se ha dilucidado en la jurisdicción civil, y se trataba únicamente de una reclamación de dinero por los presuntos daños causados a la empresaria. Juan Carlos I no tuvo que comparecer en sala en ningún momento, y nunca se planteó una posible orden de extradición o algún tipo de castigo por no dar la cara. En el caso de haber perdido el pleito, la consecuencia nunca hubiera sido una sanción penal. Aun así, el hecho de que la causa se mantuviera viva en los tribunales británicos (y en la opinión pública, por la cobertura constante de los medios de comunicación al proceso que se ventilaba en Londres) impedía al rey emérito planificar su futuro a medio o largo plazo como un ciudadano libre de cargas. Un posible regreso definitivo a España no se vería ensombrecido por la amenaza constante de una condena judicial.

El resultado ha supuesto una profunda decepción para Larsen, quien ha asegurado tras el fallo que está dispuesta a seguir adelante. “Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles”, manifestó la empresaria a través de un comunicado tras conocerse la desestimación. En cualquier caso, sus posibilidades de triunfo, ya muy reducidas desde el momento en que la justicia británica aceptó en parte la inviolabilidad procesal del emérito, son claramente escasas después de un veredicto tan contundente. En cambio, el panorama se aclara para el padre de Felipe VI, que se estableció en Abu Dabi en agosto de 2020, precisamente tras conocerse que tenía futura oculta en el extranjero. Un portavoz de don Juan Carlos ha recibido con satisfacción el fallo que, “como era de esperar, confirma su inocencia”. “La decisión de hoy [este viernes], favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para más apariciones públicas”, ha señalado el portavoz en un comunicado que recoge Reuters.

La tarde del viernes, la defensa de Juan Carlos I en el Reino Unido difundió un comunicado en el que señalan que el Rey emérito está “muy satisfecho de conocer el fallo del Tribunal Superior de Inglaterra” y que considera “que se ha hecho justicia”. “Los tribunales ingleses han rechazado por completo y de manera concluyente la demanda contra Su Majestad, y han concluido que esta no tiene perspectivas de éxito y que, por tanto, no puede y no derivará en juicio”, explica el texto. ”Su Majestad siempre ha considerado la demanda interpuesta por la demandante como carente de toda sustancia o rigor”, apunta el comunicado, que concluye afirmando que “el rechazo enfático [de Juan Carlos I] de todas las alegaciones de acoso avanzadas por la demandante también ya fueron advertidas por el Tribunal de Apelación en su fallo de diciembre de 2022, y que los tribunales ingleses han rechazado la demanda en su totalidad”.

En marzo del pasado año, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó de manera definitiva las tres investigaciones que había mantenido abiertas que afectaban a Juan Carlos I y su entorno. En primer lugar, quedó conclusa la indagación sobre las presuntas comisiones ilegales recibidas por la adjudicación del AVE a La Meca, por valor de 65 millones de euros. El consorcio empresarial que se hizo cargo de las obras entre las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí era objeto de investigación por parte de los fiscales, por su relación con el ingreso de esa cantidad en la cuenta de la fundación panameña Lucum, de la que Juan Carlos de Borbón era titular, por orden del entonces rey de la monarquía del Golfo.

El rey emérito durante una comida con amigos el 30 de septiembre de 2023, en Sanxenxo.José Ramón Hernando (Europa Press)

Los fiscales decidieron también archivar el supuesto uso por parte del Rey emérito de tarjetas black sufragadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, así como la fortuna que Juan Carlos I mantenía oculta en la isla de Jersey. El Ministerio Público concluyó entonces que no cabía perseguir penalmente a exjefe de Estado por la inviolabilidad de que gozaba hasta su abdicación, en 2014; porque los hechos investigados, incluso en el caso de constituir delitos, ya habrían prescrito, y porque el monarca emérito procedió a realizar varias regularizaciones fiscales para arreglar sus cuentas con la Hacienda Pública, por un valor de cinco millones de euros.

La justicia suiza también archivó, en diciembre de 2021, la investigación que había abierto tres años antes sobre las mismas comisiones por el tren a La Meca. El carpetazo del fiscal Yves Bertossa supuso levantar las imputaciones que pesaban, por presunto blanqueo agravado de capitales, sobre Larsen; Arturo Fasana, el gestor de la cuenta del rey emérito en el banco Mirabaud & Cie; y Dante Canonica, el abogado y director de la fundación Lucum. Durante aquel proceso, Juan Carlos I no fue nunca llamado a declarar ni formalmente imputado.

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