El fin del Gobierno en funciones marcará que el tratado para Gibraltar pase del ‘pause’ al ‘on’

Allá por septiembre de 2019, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo convocó elecciones anticipadas para poder afrontar con “liderazgo fuerte” las negociaciones para la consumación del Brexit, votado tres años antes. El socialista ganó y llegaron prórrogas, negociaciones, un preacuerdo de intenciones, la extensión del periodo transitorio y más negociaciones. Tanto se dilató el tiempo que este pasado jueves el socialista volvió a enfrentarse a las urnas con un tratado aún por desenmarañar. Volvió a ganar y, justo en la madrugada de la victoria, dejó un recado al presidente Pedro Sánchez: “Ya es hora de que tú también formes Gobierno y de que juntos culminemos el tratado”. Todas las partes aseguran estar enfrascadas en los detalles finales del acuerdo, pero a su vez la culminación es tan incierta que ninguna se atreve a aventurar cuándo o si finalmente ocurrirá.

“Ha habido poca cosa nueva. Todo está parado desde las elecciones municipales de mayo”, apunta un político socialista conocedor de las negociaciones. El Gobierno de España entró en funciones el 23 de julio, fecha de aquella cita electoral anticipada de Pedro Sánchez. Y en esa situación de interinidad sigue, con la tensión añadida de si logrará un pacto para gobernar otros cuatro años. En ese lapso, a Gibraltar le ha dado tiempo a convocar sus elecciones previstas para este año e incluso a revalidar —por la mínima— el gobierno de la alianza de socialistas y liberales que preside Picardo.

En estos seis meses “no se ha podido negociar como tal, pero se han ido haciendo avances”, como confirma una fuente del entorno de la negociación. El propio Picardo ya reconoció, en una entrevista en EL PAÍS el pasado 9 de septiembre, que eran cuestiones “más técnicas” que políticas las que enredaban las conversaciones, aunque no quiso entrar en los detalles. “Hemos encontrado en la negociación diferentes soluciones muy inventivas para los temas que podrían parecer jugosos políticamente”, apuntó, a la vez que alababa la disponibilidad del Gobierno español para “coger un teléfono para hablar o chatear”. Desde la Embajada británica en Madrid confirman esa impresión a EL PAÍS: “Si bien las negociaciones son técnica y políticamente complejas, se han logrado avances significativos”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene la postura oficial de la propuesta que lanzó a Reino Unido a finales de 2022, en la que ya expresó públicamente el planteamiento de que España pasase “a controlar, en nombre de Schengen, las fronteras exteriores de Gibraltar y que, para ello, pueda ejercer determinadas funciones y competencias, necesarias para proteger la integridad y seguridad del espacio”. Es decir, que tras la supresión de la Verja —como se conoce a la frontera terrestre entre el territorio español y Gibraltar que atraviesan cada día miles de trabajadores y turistas—, debían ser agentes españoles —asistidos por Frontex al principio— los que controlasen los pasos fronterizos del aeropuerto y el puerto de Gibraltar. “La pelota está en su tejado. No dicen que no, pero tampoco que sí”, apunta una fuente cercana a Exteriores. Pero al otro lado, desde la Embajada, responden que tanto “el Reino Unido como la UE han presentado textos a lo largo de las negociaciones”. “Sólo se puede lograr un acuerdo respetando el equilibrio del marco político”, añaden.

Esa presencia policial española centró el principio de las negociaciones, desde que, en la Nochevieja de 2020, se contempló como punto de partida la eliminación de la Verja con la incorporación de facto del Peñón en la zona Schengen y la negociación de un tratado permanente para la relación de Gibraltar con la UE. Con las distintas rondas negociadoras que empezaron en octubre de 2021, la fricción siguió estando en el aeropuerto —de titularidad militar británica—, pero viró a la jurisdicción de la propia terminal. “Los españoles han solicitado un marco normativo sobre la gestión del aeropuerto que implica la jurisdicción española, algo que Gibraltar no puede tolerar”, declaró el pasado mes de junio el gobernador del Peñón, David Steel, en una entrevista al periódico británico The Times. “El Reino Unido es firme en su apoyo a Gibraltar y no aceptará nada que comprometa la soberanía”, admiten desde el lado británico, aunque sin entrar en detalles de dónde está esa fricción.

Desde que España planteó el texto del tratado a finales de 2022, el ministro de Exteriores José Manuel Albares ha defendido públicamente en varias ocasiones su planteamiento. Una de ellas, en diciembre de 2022, lo hizo incluso en presencia de su homólogo, el secretario del Foreign Office, James Cleverly, que le respondió que “si fuera aceptable, ya la habría aceptado”. Aunque eso no ha significado que, en lo privado, las negociaciones se quedasen atascadas, ya que se han producido hasta dos rondas más de contactos, la última en torno al mes de abril, según apunta una fuente conocedora de las conversaciones.

Entonces, al tan traído y llevado aeropuerto se sumaron otras cuestiones en las que se está avanzando de forma paralela, como la posible equiparación de las pensiones de jubilación que reciben los gibraltareños (más altas) con la de los trabajadores transfronterizos españoles, la asunción desde Gibraltar de las exigencias europeas en cuestión de medioambiente y la armonización fiscal del territorio con posiciones similares a la de otros países de la Unión Europea, según asegura el político socialista que ha sido siguiendo los avances de las conversaciones. “Esa fiscalidad no tiene por qué ser igual que la española, sino equiparable a otras europeas”, añade.

Pero todos esos detalles no podrán avanzar hasta que España vuelva a tener un Gobierno que no esté en funciones. Si el PSOE y Sumar consiguen los apoyos necesarios para conformar un nuevo ejecutivo, entonces todos los actores seguirán siendo los mismos, una vez despejada la incógnita en el lado gibraltareño. De hecho, el actual Ejecutivo siguió de cerca el resultado de las elecciones llanitas, según apuntan fuentes cercanas a la Roca. Tras saberse que sería Picardo quien continuaría con las reuniones, ha habido políticos locales que han mostrado su alivio y satisfacción, como el alcalde de La Línea, el independiente Juan Franco, que ha calificado como “positivo” el resultado. En la misma línea se ha manifestado el alcalde de San Roque y diputado socialista Juan Carlos Ruiz Boix: “Es un reto en bandeja alcanzar un acuerdo para el desarrollo socioeconómico igualitario de las 300.000 personas que viven en la región”.

Pero el tiempo dirá si, que se mantengan los mismos actores en la mesa, es suficiente para alcanzar un acuerdo que todos aseguran estar en sus flecos finales y técnicos, pero que nadie sabe precisar si llegará. “Tendremos que trabajar con el nuevo gobierno español para garantizar que el tratado refleje el marco político de 2020 y que funcione para todas las partes”, apuntan desde la Embajada británica. Pero en Gibraltar, este pasado jueves, muchos de los que hacían cola en los colegios electorales se movían ya por cuestiones domésticas, más que por un tratado por el que ya sienten cierto descreimiento y hartazgo. “Me gustaría que alguien en Madrid escuchase para que no haya vecinos españoles que tengan que sufrir esas jornadas con esas colas inhumanas en la frontera. Si yo no quiero salir [a España] no tengo porqué hacerlo, pero ellos vienen a trabajar”, se quejaba indignada Miriam Hassan, poco antes de depositar su papeleta.