La Fiscalía pide nueve años de cárcel para un presunto yihadista acusado de incendiar un vehículo policial

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado nueve años de prisión para Hafid M. M., un antiguo delincuente común que supuestamente sufrió un proceso de radicalización yihadista durante su estancia en la cárcel y que, posteriormente, emprendió una campaña de difusión de material extremista con el objetivo de “alimentar” el fundamentalismo e “incitar a la incorporación a una organización terrorista”. El ministerio público asegura que este procesado, de nacionalidad española y vecino de Melilla, llegó a recabar información sobre cómo adquirir un arma de fuego y drones con capacidad de carga de hasta cuatro kilos. E incluso, según el escrito de acusación, incendió un vehículo de la Guardia Civil que lo estaba vigilando.

El juicio contra Hafid M. M. comienza el próximo lunes en la Audiencia Nacional, según el calendario que maneja el ministerio público, que le atribuye un delito de “autoadoctrinamiento pasivo mediante tenencia de documentos idóneos para incitar a la incorporación a una organización terrorista” —por el que pide que se le castigue a tres años de cárcel—; y otro delito de “daños por medio de incendio a medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad” —por el que solicita otros seis años de reclusión—.

La presunta historia de extremismo de Hafid M. M. comienza a finales de 2018, cuando aterriza en el centro penitenciario de Botafuegos (Algeciras). Según la documentación disponible en la Audiencia Nacional, el sospechoso llegó a la prisión gaditana con antecedentes por robo con violencia y conducción temeraria sin tener carné. Y allí, durante su encierro, empezó a experimentar “una progresiva radicalización”, que lo condujo hasta “postulados de carácter yihadista”. Este proceso le llevó “a consumir y difundir vídeos de tal naturaleza”, según describe la Fiscalía.

Una vez en libertad, el presunto yihadista continuó con esa actividad de adoctrinamiento, según la acusación. El ministerio público explica que, cuando se le vuelve a detener el 12 de marzo de 2021, la Guardia Civil encuentra en su domicilio un teléfono iPhone 11, que contenía “imágenes de la Shahada, un icono de combate” del Estado Islámico. Según la Fiscalía, ese dispositivo reveló igualmente que había accedido y visionado vídeos “alusivos a la yihad” y escenas “incitando al martirio yihadista”: “Era un consumidor habitual de material salafista contenido en una plataforma [web]”, apostilla el escrito de acusación, que añade que, con el objetivo de ejecutar “comportamientos terroristas en el futuro”, Hafid M. M. usó ese terminal para “efectuar búsquedas para la adquisición de un arma de fuego y de drones con capacidad de carga de hasta cuatro kilos”.

La radicalización de los reclusos en prisión es una de las grandes preocupaciones de las fuerzas antiterroristas. El Ministerio del Interior no solo mantiene bajo vigilancia a los encarcelados por yihadismo, sino que ha puesto la lupa sobre otros reos comunes que pudieran verse adoctrinados. Por estos motivos, actualmente hay 159 reclusos bajo la lupa en los centros penitenciarios del país: 66 condenados o preventivos vinculados a delitos de terrorismo yihadista; 39 encarcelados por delitos comunes a los que se les ha detectado haciendo proselitismo del islamismo radical en las cárceles; y otros 54 que “han puesto de manifiesto actitudes o conductas que pudieran considerarse indiciarias de radicalización violenta de carácter islamista”.

En su escrito de acusación, la Fiscalía también describe cómo Hafid M. M. prendió supuestamente fuego a un vehículo policial camuflado que lo estaba vigilando con un “equipo de grabación encubierto”. La Guardia Civil había aparcado este automóvil frente al domicilio del presunto yihadista, pero este sospechó y, tras romperle una ventanilla para comprobar que escondía una cámara, “roció un líquido inflamable en su interior” y lo incendió.