La crispación por la amnistía obliga a poner escolta a políticos que no tenían

La crispación política de las últimas semanas provocada por el anuncio de la ley de amnistía ha obligado al Ministerio del Interior a reforzar la seguridad de diputados de todo el espectro político, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la seguridad del Estado y de algunos grupos parlamentarios. La medida incluye la protección con escoltas que, según detallan las fuentes consultadas, incluirá a “numerosos” políticos que hasta ahora no tenían, sin conc...

La crispación política de las últimas semanas provocada por el anuncio de la ley de amnistía ha obligado al Ministerio del Interior a reforzar la seguridad de diputados de todo el espectro político, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la seguridad del Estado y de algunos grupos parlamentarios. La medida incluye la protección con escoltas que, según detallan las fuentes consultadas, incluirá a “numerosos” políticos que hasta ahora no tenían, sin concretar número. A algunos ministros que ya disponían se les ha reforzado, añaden estas fuentes.

Además, los responsables de seguridad del Congreso han impartido consejos a los diputados para minimizar los riesgos en los dos momentos críticos para su seguridad estos días: la entrada y salida del palacio de la Carrera de San Jerónimo. Se les ha pedido también que, durante estos días y los siguientes, no sigan sus rutinas habituales y eviten salir a restaurantes o a locales de ocio para evitar ser hostigados o agredidos por radicales, detallan fuentes parlamentarias. Fuentes oficiales de Interior han declinado informar de estas medidas.

“El estado no puede permitir que se ponga en riesgo la integridad de nadie”, esgrimen responsables policiales para explicar una decisión, la de poner escolta a la vez a un número elevado de personas, que no se había hecho desde el fin de ETA. En este caso, los expertos policiales consideran la medida justificada por los mensajes amenazantes que proliferan en redes contra políticos de uno y otro signo, la violencia desatada por algunos grupos radicales en las protestas que desde hace día se desarrollan cerca de la sede federal del PSOE en Madrid ―ya ha habido 48 detenidos y 43 policías han resultado heridos―, así como el tono utilizado en algunas de las convocatorias realizadas en los últimos días para “rodear el Congreso” de manera “permanente” durante las dos jornadas de la investidura. En estos llamamientos, la mayoría anónimos, se plantea impedir que los diputados entren o salgan del edificio. “Que duerman en el Congreso”, se lee en un cartel anónimo que circula en Internet.

Interior anunció este martes que en el operativo que ha puesto en marcha para garantizar la sesión de investidura ―y que empezó a hacerse visible ya el lunes― participarán más de 1.600 policías y guardias civiles, en lo que es uno de los mayores dispositivos de seguridad en Madrid de los últimos años. A este despliegue, la Cámara baja ha sumado un plan en el que se han implicado a los diputados y a los propios partidos. Todo ello es coordinado por la Comisaría de la Policía Nacional en el Congreso. “Todos los grupos [parlamentarios] están colaborando”, destacan fuentes políticas, que admiten que algunas formaciones han declinado la escolta ofrecida por Interior y han optado porque sus parlamentarios estén protegidos por sus propios equipos de seguridad.

Menos escoltas tras el fin de ETA

El número de escoltas se redujo drásticamente en España tras anunciar ETA, en octubre de 2011, “el cese definitivo” de la actividad terrorista. Entonces, el Gobierno que presidía Mariano Rajoy inicio un recorte significativa el número personas protegidas por miembros de las fuerzas de seguridad y que, en aquel momento, eran más de 1.600, entre ellos muchos ex altos cargos a los que se les mantenía la escolta pesar a que habían abandonado sus responsabilidades públicas años antes. Tras realizar un análisis individualizado, se retiró la protección estática (en domicilios) y dinámica (acompañamiento en los desplazamientos) a aquellas personalidades cuyo nivel de riesgo fue catalogado entonces por los expertos policiales como bajo o muy bajo.

En diciembre de 2017, durante la campaña a las elecciones catalanas de aquel año, Interior también reforzó con escoltas la seguridad de los candidatos de los partidos constitucionalistas, así como de los líderes nacionales de las formaciones cuando acudían para participar en mítines. La medida se incrementó en marzo del año siguiente, tras aumentar la tensión por la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, entonces ya huido de la justicia. La medida alcanzó a cargos de Ciudadanos, el PP y el PSC, además de a miembros de la judicatura que entonces investigaban el procés.

En abril de 2021, y tras recibir cartas amenazantes que contenía cuatro balas de fusil, Interior reforzó la seguridad del entonces líder de Podemos y candidato en aquel momento a la Asamblea de Madrid. Más recientemente, en enero de 2020 el entonces recién elegido diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, fue escoltado por la policía a consecuencia de las amenazas ultras que recibió desde que anunció que apoyaría la investidura de Pedro Sánchez. Guitarte, cuyo voto era decisivo para la elección del candidato socialista, tuvo que dormir fuera de su domicilio por motivos de seguridad.