El juez del ‘caso Tsunami’ acelera la investigación sobre el bloqueo de El Prat

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami Democràtic, ha dado un nuevo impulso a las pesquisas sobre la plataforma que instigó las protestas y altercados contra la sentencia del procés en octubre de 2019. El magistrado ha ordenado este lunes recabar más información sobre el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), una acción perpetrada el 14 de octubre de aquel año, el mismo día en que se notificó el dictamen del Tribunal Supremo que condenó por sedición y malversación a Oriol Junqueras y a otros líderes independentistas. En la resolución, el magistrado plantea que se ofrezca la posibilidad de ejercer “acciones” legales a la familia del turista francés Jean-Claude Scherzinger, que murió tras sufrir un infarto en el aeropuerto durante las protestas. En contra del criterio de la Fiscalía, el instructor trata de averiguar si existe una “vinculación” entre dicho fallecimiento y las movilizaciones de Tsunami, movimiento al que califica como “grupo terrorista”.

García-Castellón actúa después de que el juzgado de L’Hospitalet que investigó la muerte del ciudadano francés le comunicase que esa causa se archivó en 2019 tras no apreciar indicios de delito, y después de que los informes forenses apuntasen que la víctima sufría una “cardiopatía crónica”. Los Mossos d’Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) nunca vincularon la muerte con los disturbios en el aeropuerto. Pero el juez de la Audiencia Nacional se aferra a una frase del diagnóstico médico que, junto a la constatación de esa “enfermedad potencialmente letal y avanzada” del fallecido, alude a “las circunstancias de la muerte” como factor a tener en cuenta. Según García-Castellón, esas “circunstancias” fueron precisamente “el bloqueo del aeropuerto”, que “pudieron influir en el resultado del fallecimiento”. La víctima recorrió un largo tramo a pie para llegar a la terminal. Tras sufrir el ataque al corazón, Scherzinger fue evacuado en helicóptero al hospital de Bellvitge, en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat.

El juez envió la pasada semana la causa al Supremo para que la asumiera, debido a que entre los imputados se encuentra el expresident Carles Puigdemont, que permanece huido en Bélgica desde octubre de 2017 y que está aforado al ser eurodiputado. Sin embargo, el magistrado no ha querido esperar a que el alto tribunal se pronuncie y, este lunes, ha continuado con sus averiguaciones para ahondar en las acciones impulsadas por Tsunami: especialmente, en el bloqueo del aeropuerto.

El magistrado ha ordenado a la Guardia Civil que se dirija a Enaire, gestor de navegación aérea de España, para obtener todas las “incidencias relacionadas con el tráfico aéreo” registradas el 14 de octubre de 2019 y vinculadas con el bloqueo de El Prat, así como todos los datos sobre cómo afectó a la instalación —“si se tuvo que desviar algún vuelo”— y a otros aeropuertos españoles y extranjeros. El juez también solicita a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y al Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, en Torrejón de Ardoz (Madrid), “todas las incidencias registradas” a raíz de la acción de Tsunami.

El reimpulso a la causa no queda ahí. García-Castellón ordena al instituto armado que recabe del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) “todas las incidencias médicas contabilizadas en el aeropuerto de El Prat” ese día; y todos los “registros” que contengan “las circunstancias relativas al fallecimiento” del turista francés Jean-Claude Scherzinger: “El historial médico completo [...], las horas en las que se produjo la asistencia, quién acordó el traslado en helicóptero al hospital de Bellvitge, por qué activó este traslado y si era posible el traslado por carretera en ese momento”. Además, insta a la Guardia Civil a hacer una “comprobación pericial para identificar la distancia entre las terminales T1 y T2 del aeropuerto de Barcelona y el hospital de Bellvitge y el tiempo que necesita una ambulancia para su traslado desde el hospital al aeropuerto, y si resulta justificado el uso de un helicóptero”. Toda la información que se obtenga se remitirá al Supremo, según remacha el juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional, que abrió estas pesquisas hace cuatro años por presuntos delitos de terrorismo, incide en que el bloqueo “puso en peligro la seguridad del aeropuerto” y la “integridad física de las personas que en ese momento” se encontraban en las instalaciones. “Este peligro pudo materializarse en el fallecimiento del ciudadano de nacionalidad francesa Jean-Claude Scherzinger, nacido en 1955 en Mulhouse (Francia)”, remarca en su resolución de este lunes, donde pide que se contacte con la familia de la víctima para ofrecerle ser “parte de esta investigación”.

García-Castellón plantea igualmente que se recabe el testimonio de la hija del ciudadano galo: “Para conocer de primera mano qué sucedió y recabar declaración sobre las circunstancias del fallecimiento, con todos los datos que puedan servir a esclarecer en qué medida los acontecimientos del 14 de octubre pudieron afectar al fatal desenlace”. El diario El Mundo publicó este sábado una declaraciones de la hija de Scherzinger en las que esta afirmaba que, según el relato que le hizo su madre y esposa del fallecido el día de la muerte, ambos tuvieron que caminar “más de un kilómetro, con las maletas” para alcanzar el aeropuerto, debido a que los accesos estaban bloqueados, y que al alcanzar las instalaciones el hombre empezó a sentirse mal.

En su recurso contra el auto de imputación de una docena de investigados, la Fiscalía ya se mostró en contra de vincular las acciones de Tsunami Democràtic y la muerte del ciudadano francés: “Es cierto que algún acto del que se hizo eco esta plataforma terminó en disturbios y altercados graves, pero no consta en el procedimiento ni un solo dato que permita imputar a los investigados su criterio favorable a los mismos; a la ejecución de actos violentos contra cuerpos policiales o demás actuaciones, como destrozo de mobiliario urbano, y menos aún su inducción, cooperación o participación. […] No es posible atribuir a ninguno de los investigados fallecimientos, lesiones o daños”, señaló el ministerio público, que calificó de “inverosímil” atribuir a los imputados el fallecimiento por infarto.