Canarias propone crear un organismo que se ocupe de repartir a los menores extranjeros no acompañados por toda España

El Gobierno de Canarias ha remitido al Ejecutivo central y a los grupos parlamentarios una propuesta legislativa para distribuir de forma obligatoria a los menores migrantes no acompañados por todas las comunidades autónomas e intentar resolver así un problema crónico que experimentan las regiones con más afluencia migratoria. El documento incluye la creación de una nueva entidad, que dependería de los ministerios de Migraciones y Asuntos Sociales, que estaría obligado a hacer un reparto “solidario y proporcional” de los menores migrantes no acompañados que lleguen a España, independientemente de su punto de entrada. La propuesta mantiene que la tutela de los menores se establezca en las comunidades de acogida.

El repunte migratorio que se ha producido desde finales del verano en Canarias ha elevado la presión en el sistema de acogida de menores. El Gobierno canario es actualmente responsable de, aproximadamente, 5.500 niños y adolescentes, según los datos ofrecidos el lunes por el presidente, Fernando Clavijo. Esta sobreocupación del sistema ha provocado las quejas reiteradas del líder nacionalista, quien este lunes calificó la situación de “insostenible”. Así las cosas, el Ejecutivo autonómico ha incrementado en los últimos meses su presión para lograr que la redistribución de estos niños y adolescentes no dependa de la voluntariedad de las otras comunidades. De hecho, la creación de un nuevo marco jurídico que lo permita, fue uno de los acuerdos que posibilitaron que Coalición Canaria diese su sí a la investidura de Pedro Sánchez.

La propuesta canaria, elaborada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ofrece dos vías distintas para asegurar el reparto de los menores. La primera —la más sencilla de llevar a cabo, según el equipo jurídico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias—, supondría reformar de forma parcial del Código Civil y el protocolo marco que regula la actuación con menores extranjeros no acompañados. Con este retoque, sostiene el documento, la tutela no recaería desde el primer momento sobre la comunidad de entrada. Esta se limitaría a custodiar a los niños a la espera de que la Secretaría de Estado de Migraciones —o este hipotético organismo de nueva creación que propone el Ejecutivo canario llamado Organización Nacional de Protección de Menores Extranjeros No Acompañados— los redistribuya “de forma solidaria y proporcional” entre las distintas regiones. No sería hasta que hubiese concluido este traslado a los nuevos centros que las comunidades asumirían formalmente su tutela.

De no aprobarse esta propuesta, el Gobierno de Canarias ofrece una segunda posibilidad, que resulta, en su opinión, “más gravosa, compleja y lenta”, ya que requeriría la modificación de dos leyes orgánicas y un real decreto (en concreto la Ley de Extranjería, el Reglamento de Extranjería y la Ley de protección de la infancia). Para esta segunda opción, recuerda el texto, se requiere una tramitación parlamentaria y una mayoría absoluta en el Congreso. El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo sugiere en este sentido añadir varios apartados a estas leyes para otorgar a la Administración General del Estado las competencias y la obligación de distribuir a los menores extranjeros no acompañados por todo el territorio nacional. Este reparto se llevaría a cabo a través de esta nueva entidad, que actuará bajo el “principio de solidaridad establecido en la Constitución”. Las comunidades, una vez establecido el reparto, “vendrán obligadas a asumir su tutela y adoptar cuantas medidas de protección sean necesarias”.

Fuentes gubernamentales han manifestado su disposición a estudiar la propuesta del Gobierno canario. El cambio legislativo no es sencillo porque podría tratarse de una invasión de las competencias autonómicas, explican. El ministro de Política Territorial y Memoria Democráticas y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, el grancanario Ángel Víctor Torres, afirmó por su parte este martes de este nuevo gabinete que la predisposición del Gobierno de España es absoluta y que está decidido a trabajar junto al Gobierno de Canarias en este asunto. “Tiene que ser una solución compartida y de colaboración entre todas las comunidades y también se debe contar con el apoyo y el compromiso de los distintos grupos políticos en el Congreso, que son los que gobiernan también muchas comunidades autónomas”, recalcó.

“El escenario ideal”, ha afirmado por su parte este miércoles el presidente canario en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, “es una modificación legislativa a través de decreto ley, que sea inmediata, y que luego fuese convalidado por todas las fuerzas, pese a las muchas dificultades con las mayorías en el Congreso, pero hablaremos con todos”.

El documento no entra en ningún momento en la financiación de la acogida, otro de los aspectos que ha generado fricción entre los gobiernos central y autonómico. Este lunes, Rego anunció que su departamento baraja incrementar en 15 millones extra la partida destinada a esta finalidad, además de incluir un fondo extra de contingencia por valor de 10 millones de euros. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tildó el mismo día de “absolutamente insuficiente”. “Eso es lo que nos estamos gastando nosotros en un mes”, señaló. “Necesitamos una respuesta mucho más ambiciosa al desafío que supone la atención a menores extranjeros no acompañados, y eso es lo que pedimos”, añadió.