El mando del CNI captado por la CIA reconoce que se llevó datos sobre el despliegue del espionaje español en el extranjero

Uno de los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detenidos en septiembre bajo la acusación de filtrar información secreta a la CIA se llevó documentación clasificada del servicio de espionaje español a su casa “en cuatro o cinco ocasiones” entre 2021 y 2022, según confirman a EL PAÍS fuentes próximas a la investigación. El agente de mayor graduación, en prisión preventiva, ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción 22 de...

Uno de los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detenidos en septiembre bajo la acusación de filtrar información secreta a la CIA se llevó documentación clasificada del servicio de espionaje español a su casa “en cuatro o cinco ocasiones” entre 2021 y 2022, según confirman a EL PAÍS fuentes próximas a la investigación. El agente de mayor graduación, en prisión preventiva, ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción 22 de Madrid que se llevó información a su domicilio para elaborar una auditoría económica sobre el despliegue del CNI en el extranjero (las conocidas como antenas). Y ha asegurado al juez que ese trabajo le fue encargado por sus superiores en septiembre de 2021 y lo acabó en febrero de 2022.

Para justificar su anómala conducta, alega que se llevó la documentación secreta porque necesitaba procesarla con un programa informático que tenía en el ordenador personal de su casa y del que, según dijo, carecía el CNI. La aplicación se basaba en la tecnología machine learning o aprendizaje automático, una derivada de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender a partir de datos. Los investigadores creen, sin embargo, que este programa servía para facilitar la entrega de información clasificada a la agencia de inteligencia estadounidense y que la documentación sacada ilegalmente del centro fue muy abundante y no se limitó al despliegue exterior del CNI.

El espía encarcelado es un veterano agente del servicio secreto español procedente de la Armada y con rango de capitán de fragata. Era el jefe del Área de Rusia del CNI y tenía a sus órdenes un equipo de 24 analistas. La investigación trata de determinar si, a cambio de la entrega de la información secreta, recibió importantes sumas de dinero. Las pesquisas se centran en las gestiones que, tanto él como el segundo agente detenido, realizaron supuestamente para adquirir sobre plano sendas propiedades en Brasil y la posibilidad de que blanquearan fondos con la compra de criptomonedas.

Soltero, de 55 años, el mando del CNI justificó su patrimonio con los cuantiosos ingresos percibidos por su trabajo: estuvo al menos seis años destinado en el extranjero, donde la remuneración de los agentes es mucho más elevada; y durante la pandemia pidió una excedencia para trabajar en una empresa de seguridad estadounidense. En la etapa en que se dedicó a sus negocios privados y también cuando estuvo destinado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el agente español pudo ser identificado por la CIA como un “objetivo vulnerable”, según los investigadores.

El hasta ahora jefe del área del CNI sobre Rusia fue arrestado en septiembre pasado y permanece desde entonces en prisión preventiva en el módulo de la cárcel de Estremera (Madrid) reservado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Junto a él, también fue detenido un agente operativo, de menor nivel en el centro de inteligencia, con el que el jefe del área de Rusia mantiene una relación de amistad, pero este quedó en libertad con cargos poco tiempo después.

Un ‘pendrive’ encriptado

En el marco de estas pesquisas, el juzgado madrileño que instruye la causa acogió recientemente la declaración de dos oficiales del CNI que explicaron cómo el hasta ahora jefe del área de Rusia y su amigo sustrajeron la información del servicio secreto. El superior habría guardado parte de dicha información clasificada en su móvil, donde disponía de una aplicación para escanear imágenes, según fuentes próximas al caso. Y ese fue su error. La intervención de su teléfono en el marco de la investigación confirmó los indicios de la supuesta fuga de información clasificada. El CNI dispone de Pegasus, un programa informático de la firma israelí NSO Group que, en teoría, solo se vende a servicios de seguridad estatales.

Durante el registro del domicilio del mando, los agentes hallaron un pendrive de alta seguridad encriptado que no ha podido ser descifrado y una agenda tipo Moleskine con información personal en su coche, según las fuentes consultadas. El funcionario facilitó a los investigadores las contraseñas de sus ordenadores y tabletas, agregan las mismas fuentes. Los dos agentes son sospechosos de filtrar información clasificada a Estados Unidos y podrían ser acusados del delito de revelación de secretos, penado con hasta siete años de cárcel; o incluso de traición, que se castiga con entre seis y 12 años de prisión por revelar información clasificada como reservada o secreta con la finalidad de favorecer a una potencia extranjera.

El cerco sobre los dos agentes supuestamente captados por la CIA arrancó tras una investigación interna, que posteriormente se trasladó a la Fiscalía. El supuesto soborno de dos miembros del espionaje español por la agencia estadounidense, además de suponer un acto hostil entre servicios aliados, podría dañar la imagen del CNI. Sin embargo, el hecho de que fueran descubiertos por el propio servicio secreto contribuye a rehabilitarla. Los dos detenidos accedieron presuntamente a una información clasificada para la que no estaban autorizados. En el centro, rige el principio de “necesidad de saber”, que es como se denomina a la capacidad de consultar solo los datos necesarios para realizar su tarea.

Durante su carrera en el centro de español de inteligencia, que emplea a más de 3.000 agentes, el mando encarcelado ha participado en misiones sensibles, según quienes le conocen. Entre otras, la liberación del atunero vasco Alakrana, con 46 tripulantes, secuestrado por piratas somalíes en 2009.

En paralelo a la investigación judicial, la captación de la CIA del jefe de Rusia del CNI y de un segundo agente desató un roce diplomático entre Madrid y Washington. La ministra de Defensa, Margarita Robles, transmitió a la embajadora de EE UU en España, Julissa Reynoso, su malestar por esta acción hostil. Y, como consecuencia, el Ministerio de Exteriores decretó la expulsión de cuatro agentes de la CIA destinados a la Embajada estadounidense en Madrid, aunque Washington se adelantó a retirarlos.

La unidad sobre Rusia del servicio secreto español se ha convertido en los últimos años en un departamento especialmente activo. Con una colonia de más de 80.000 rusos en España, el área ha tenido que lidiar con episodios como el asesinato el pasado febrero en Alicante del desertor ruso Maxim Kuzminov, que se fugó a Ucrania en un helicóptero de combate Mi8, y que la inteligencia española atribuye al Kremlin. O la sospechosa muerte del magnate ruso Serguéi Protosenya, su esposa y su hija en abril de 2022 en Lloret de Mar (Girona), donde, de nuevo, se proyecta la sombra de los servicios secretos de Moscú. Directivo de Novatek, la mayor gasista privada rusa, Protosenya amasaba una fortuna de más de 400 millones de euros.

La entrega de información clasificada a EE UU es el último episodio de infiltración de una potencia extranjera. El precedente anterior hay que buscarlo en 2007. El agente del CNI Roberto Flórez fue acusado entonces de ofrecer documentos secretos a Moscú por 200.000 dólares. Flórez, que trabajó entre 1992 y 2004 para el organismo que hoy dirige Esperanza Casteleiro, tenía documentación clasificada en un local y dos apartamentos de su propiedad en Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife). Y guardaba una carta dirigida a los servicios secretos de Moscú en la que se ofrecía a trabajar para ellos. La Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2010 a Flórez por traición a 12 años de prisión. El Tribunal Supremo rebajó la pena a nueve. En 1997, el también espía Juan Alberto Perote fue sentenciado a siete años de cárcel por sustraer del servicio secreto microfichas con datos sensibles sobre la guerra sucia contra ETA, escuchas ilegales y otra información que acabó en manos del exbanquero Mario Conde.