Sánchez acudirá a la cumbre de la OTAN en Washington con España a la cola del gasto en defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la cumbre de la OTAN en Washington, entre el 9 y el 11 de julio de este año, con los deberes a medio hacer. Aunque el presupuesto de Defensa experimentó un fuerte incremento del 26% el año pasado, España sigue estando a la cola del gasto militar entre los países aliados, con el 1,24% del PIB, solo por delante de Bélgica y Luxemburgo. La renuncia a aprobar los Presupuestos de este año hace muy difícil, según los expertos, que se cumpla el compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029, asumido en la cumbre de la OTAN en Madrid hace dos años.

La cita de Washington tiene una trascendencia especial porque conmemora el 75º aniversario de la fundación de la Alianza Atlántica y su anfitrión será el presidente estadounidense, Joe Biden, a solo cuatro meses de las elecciones a la Casa Blanca. El candidato republicano, Donald Trump, amenazó en febrero pasado con “animar a Rusia a hacer lo que demonios quiera con los aliados que no pagan” su factura en defensa. Estos exabruptos no son compartidos por la Administración de Biden, pero el “reparto de cargas” con los países europeos es una vieja demanda de Estados Unidos, cualquiera que sea el color político de su Gobierno, por lo que se da por sentado que el anfitrión leerá la cartilla a los aliados más rezagados; entre ellos, España.

Según datos de la OTAN, solo 11 de los 30 países de la organización superaron el año pasado el 2% del PIB en gasto militar, mientras que otros cinco estaban muy cerca, con el 1,79% o más; y 14 se quedaron lejos del objetivo fijado en la cumbre de Gales de 2014, que dio una década de plazo para alcanzarlo; es decir, hasta este año.

El Ministerio de Defensa esperaba llegar al 1,40% de gasto militar en 2023, pero el fuerte crecimiento económico de España —su PIB aumentó el 2,5%, cinco veces más que la media de la zona euro— lo dejó a 16 décimas de lograrlo. La prórroga de los Presupuestos del año pasado impone, además, un frenazo en el aumento del gasto.

El departamento que dirige Margarita Robles tuvo en 2023 una partida inicial de 12.827 millones de euros que, tras sucesivas ampliaciones de crédito, llegó a 14.976, lo que supone más de 2.000 millones suplementarios. La OTAN, que computa otros gastos no incluidos en el presupuesto de Defensa, como las pensiones de los militares, lo eleva a 18.000 millones, el 1,26% del PIB.

La no aprobación del nuevo presupuesto obliga a Defensa a volver a la casilla de salida de 2023 —es decir, a los 12.827 millones— y a negociar con Hacienda créditos para financiar las operaciones en el exterior o los programas de armamento en curso. La ventaja es que los techos de gasto plurianual de muchos sistemas de armas (como el vehículo de apoyo de cadenas o el lanzacohetes Silam) ya han sido aprobados, pero será mucho más difícil poner en marcha los nuevos. Aunque se valoran fórmulas como reducir los pagos de Defensa a las empresas a cambio de que estas demoren la devolución de sus créditos con Industria, la posibilidad de llegar al 1,30% del PIB previsto para este año parece remota.

La paradoja radica en que algunos de los países que superan el 2% de gasto militar y en teoría cumplen con la OTAN son los mismos a los que España está proporcionando seguridad porque no pueden garantizársela por sus propios medios: son los casos de Lituania, a donde el Ejército del Aire acaba de enviar ocho aviones de combate para vigilar durante cuatro meses el espacio aéreo de las repúblicas bálticas, como viene haciendo por turnos desde hace una década; Letonia, donde el Ejército de Tierra tiene desplegado un batallón de 600 soldados bajo mando canadiense; Eslovaquia, a donde mandará a partir de julio una brigada multinacional aportando 700 efectivos; o Rumania, donde reforzará con 250 infantes de Marina la brigada francesa. En total, más de 1.700 militares españoles estarán desplegados este año en el Este de Europa frente a la amenaza rusa.

Ante las críticas, Sánchez podrá alegar que España es el cuarto país que más contribuye a las operaciones de la Alianza Atlántica y que un general español manda su misión en Irak (NMI por sus siglas en inglés), mientras que la base de Rota (Cádiz) alberga los seis destructores del escudo antimisiles aliado y, junto a Cartagena (Murcia) y Maó (Menorca), sirve de puerto de apoyo a la flota de la OTAN en el Mediterráneo.

Pero el problema, coinciden los expertos, no es tanto el rapapolvo que el presidente español pueda recibir en Washington como el riesgo cierto de que Trump gane las elecciones de noviembre y se desentienda de la suerte de Europa, dejándola a merced del expansionismo ruso. La autonomía europea, evocada durante años como una aspiración, se ha vuelto, añaden, una necesidad imperiosa.

En un gesto sin precedentes, Pedro Sánchez recibió el pasado 18 de marzo en La Moncloa a los directivos de las 22 principales empresas españoles de defensa. En la cita, a la que asistieron también la ministra Robles y los responsables de las dos patronales del sector (Aesmide y Tedae), el jefe del Gobierno aseguró que mantiene su compromiso de llegar al 2% del PIB en 2029, pese a la renuncia a aprobar los Presupuestos de este año, anunciada la semana anterior; y animó a las empresas, según algunos asistentes, a ampliar su capacidad de producción para atender las necesidades de Ucrania y aprovechar las posibilidades que brinda la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa, aprobada a principios de marzo.

Además de un escuálido fondo de 1.500 millones para financiar proyectos de defensa en el periodo 2025-27, la Estrategia contempla que en 2030 al menos el 50% de las compras de armamento de los países europeos sean made in UE y al menos el 40% se dediquen a sistemas conjuntos. España ya aprobó en 2023 su propia Estrategia Industrial de la Defensa, en la que se fijaba como objetivos aumentar la autonomía estratégica en las capacidades consideradas críticas; contribuir a la Europa de la Defensa y consolidar una base industrial y tecnológica militar competitiva y sostenible. Para ello planteaba triplicar la inversión en armamento y equipos militares en seis años, desde los 7.000 millones de euros en 2023 a los 21.000 en 2029, al margen de los gastos de personal y funcionamiento.

Tras la reunión de La Moncloa, Defensa confirmó la entrega de otros 19 carros de combate Leopard 2 a Ucrania, adelantada por Abc. Estos tanques, que se encontraban almacenados en muy mal estado, están siendo ya reparados en la planta de Santa Bárbara Blindados (SBB) de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y el coste de su puesta a punto superará ampliamente los 8,5 millones de los 10 entregados el año pasado. La idea, sin embargo, es que en el futuro las armas para Ucrania no salgan ya de los exangües arsenales de las Fuerzas Armadas sino de las fábricas de las empresas españolas de armamento. A ello les instó el presidente del Gobierno.