El fiscal general rechaza de nuevo elaborar el informe sobre la amnistía que reclama el sector conservador

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a rechazar este lunes que el Consejo Fiscal elabore un informe sobre la ley de amnistía, como le ha reclamado el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El máximo representante del ministerio público ha enviado una carta al presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, para reiterarle que ese organismo “carece de competencia para informar [sobre] proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria”. Con esta misiva, García Ortiz despeja la ofensiva lanzada por la derecha, a la que se ha sumado el sector conservador de la carrera fiscal, para tratar de presionar al Gobierno con pronunciamientos sobre la ley de amnistía pactada con los independentistas.

“Reitero a V. E. [vuestra excelencia] la inviabilidad de que el Consejo Fiscal, órgano de asistencia y asesoramiento del fiscal general del Estado, emita informe en relación con la referida proposición de ley orgánica [...] El citado órgano incardinado dentro de la estructura del Ministerio Fiscal carece de competencia para informar proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria”, detalla García Ortiz en su carta, fechada este lunes y a la que tuvo acceso EL PAÍS.

En diciembre, el Senado reclamó a la Fiscalía General del Estado que el Consejo Fiscal confeccionase un informe sobre la proposición de ley de amnistía, al igual que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado por los conservadores. Una opción que García Ortiz rechazó este enero, cuando ya respondió a Rollán que ese órgano carecía de competencia. Sin embargo, la Cámara alta volvió a la carga en marzo, cuando instó de nuevo al ministerio público a instancias del grupo popular. Así lo exigieron los parlamentarios del PP: “El artículo 10 de la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece el deber de la institución de colaborar con las Cortes Generales, a requerimiento de estas y siempre que no exista obstáculo legal. Y parece evidente que ningún obstáculo legal existe”.

García Ortiz responde que esta solicitud carece de “fundamentación alguna”. En enero, el fiscal general ya admitía que “la leal colaboración institucional” permitiría al ministerio público como institución hacer este informe —no al Consejo Fiscal—, pero añadía que esa cooperación “no es posible” en este caso porque supondría “alterar el normal funcionamiento de la institución” e “invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía”, ya que corresponderá a los fiscales que lleven causas relacionadas con el procés posicionarse sobre la amnistía cuando esta llegue a los tribunales.

Ofensiva conservadora

La Fiscalía vive tiempos convulsos. El sector conservador de la carrera se encuentra abiertamente enfrentado con el fiscal general, y la amnistía ha intensificado esa batalla. De hecho, el ala derechista ha reclamado desde un principio que la institución pueda dar su opinión sobre la nueva ley, y ha encontrado el camino de la mano del PP y de su mayoría absoluta en el Senado. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que el Consejo Fiscal informe sobre proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del ministerio público. Pero este dictamen no se contempla para las proposiciones de ley, que es la forma en la que se está tramitando la amnistía.

Los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) presentes en el Consejo Fiscal no comparten el criterio de García Ortiz, e insisten en que este órgano puede pronunciarse al respecto. “Es innegable que la proposición de Ley Orgánica de amnistía, en caso de aprobarse, afectaría de manera evidente en el ámbito funcional del Ministerio Fiscal [...] La aplicación de una medida de gracia como la propuesta incide en procesos penales, culminados por sentencia firme o en tramitación”, expone un escrito enviado por estos vocales al fiscal general del Estado, fechado también este lunes. Este escrito repite un argumento usado por el PP: “El artículo 10 [del Estatuto Orgánico] constituye una sólida habilitación legal para emitir el informe solicitado. Este precepto establece respecto del Ministerio Fiscal un deber general de colaboración con las Cortes Generales, a requerimiento de éstas y siempre que no exista obstáculo legal, sin que tal obstáculo exista en el presente caso”.