Vocales conservadores protestan porque el presidente del CGPJ haya aplazado el nombramiento del director de la Escuela Judicial

El nombramiento del nuevo director en funciones de la Escuela Judicial, tras la renuncia del anterior responsable del centro, ha roto en dos la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres de los cuatro vocales conservadores que forman parte de este órgano han presentado un escrito en el que protestan contra una decisión del presidente suplente, Vicente Guilarte, de no acceder a la petición que le habían hecho para incluir en el orden del día de la reunión de la permanente del pasado jueves, 4 de abril, la designación del nuevo director de la escuela, puesto para el que hay dos letradas candidatas. Los vocales Carmen Llombart, María Ángeles Carmona y José Antonio Ballesteros le habían pedido por escrito al presidente que se votara ya esa designación, pero Guilarte optó por sustituir este punto por otro en el que se acordaba que en la reunión de este martes, 9 de abril, comparecieran las dos candidatas para exponer su proyecto y, una vez que estos sean analizados, se fijara la votación del nombramiento para una próxima sesión de la permanente.

La elección del nuevo director en funciones de la Escuela Judicial, un órgano con sede en Barcelona que coordina la formación de los nuevos jueces, se ha convertido en un nuevo motivo de enfrentamiento entre los vocales del CGPJ. El anterior responsable del centro, Jorge Jiménez Martín, renunció hace unas semanas, y fuentes consultadas aseguran que esta circunstancia quiere ser aprovechada por vocales del grupo conservador para nombrar en su lugar a una letrada del CGPJ para dirigir la institución desde Madrid. Las dos candidatas que deberán comparecer según la decisión adoptada por Guilarte son María Jesús Millán, directora de formación continua de CGPJ, un puesto con sede en Madrid; y Clara Carulla, la número dos de la escuela y que tiene su plaza en Barcelona. La mayoría conservadora apuesta por Millán con el objetivo declarado de que dirija la institución a distancia desde la capital, una posibilidad a la que se oponen los progresistas y el propio presidente suplente, que fue propuesto por el PP para formar parte del CGPJ y está adscrito al sector conservador, pero que en este y otros muchos asuntos, no comparte el criterio mayoritario de su grupo.

La propuesta presentada por los consejeros Llombart, Ballestero y Carmona acusa a Guilarte de vulnerar el reglamento del CGPJ, que contemplan el derecho de los vocales a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día de las reuniones del Consejo. Según estos consejeros, el presidente “ha sustraído a la Comisión Permanente el legítimo ejercicio de sus funciones, al privar al órgano colegiado de la posibilidad de debatir y, en su caso, decidir, sobre el procedimiento legal de designación, y las ha sustituido por una decisión personal”, convirtiendo así a esta comisión “en mera caja de resonancia de su voluntad: la convocatoria de una sesión extraordinaria de la CP no puede servir de cauce para alterar el procedimiento legal de nombramiento”, señala el texto registrado por los vocales que añade: “Este proceder presidencial vulnera, pues, el criterio democrático de toma de decisiones de los órganos colegiados”.

En el texto que han registrado este lunes, los vocales se quejan también de que Guilarte les haya obligado a asistir de forma presencial a la entrevista con las candidatas prevista este jueves, a pesar de que el reglamento permite la asistencia telemática. Antes de presentar su escrito, los consejeros le pidieron al presidente suplente que reconsiderase su decisión, y ante la negativa de este, optaron por registrar formalmente la protesta, que solo tiene valor simbólico.