La propuesta para regularizar a cientos de miles de inmigrantes, pendiente de PP y Junts en el Congreso

El pleno del Congreso vota este martes una iniciativa que retratará a todos los partidos políticos en una cuestión sensible y cada vez más crucial en cada cita electoral. Después de casi tres años con el asunto sobre la mesa, ha llegado el momento de decidir si se tomará en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la regularización de cientos de miles de personas que viven —y trabajan— sin papeles en España. La pro...

El pleno del Congreso vota este martes una iniciativa que retratará a todos los partidos políticos en una cuestión sensible y cada vez más crucial en cada cita electoral. Después de casi tres años con el asunto sobre la mesa, ha llegado el momento de decidir si se tomará en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la regularización de cientos de miles de personas que viven —y trabajan— sin papeles en España. La propuesta llega al pleno con gran incertidumbre. En este tiempo, el PSOE se ha movido de la ambigüedad al sí, mientras que el PP, que ya rechazó que fuese el momento de abordar la medida, deja ahora abierto el sentido de su voto. Una vez más, Junts puede ser definitorio. Más allá del fondo del asunto, que podrá matizarse con las correspondientes enmiendas, la tramitación parlamentaria de la iniciativa permitirá un debate más sosegado sobre la gestión migratoria en España, un tema escurridizo que espolea la ultraderecha y evita la izquierda. Un asunto que divide a los votantes y del que solo se habla de crisis en crisis.

La iniciativa popular, liderada por los propios inmigrantes a través de la plataforma Regularización Ya, llega al hemiciclo gracias a casi 612.000 firmas (la ley requiere al menos medio millón) y el apoyo de 906 organizaciones. La petición ha unido en la misma causa a ayuntamientos, asociaciones de prostitutas y a la Conferencia Episcopal, aunque no ha logrado el apoyo de los sindicatos mayoritarios. La petición es que se modifique una disposición transitoria de la ley de extranjería, que ya se usó para otra regularización extraordinaria en el año 2000, con José María Aznar en la presidencia. La demanda es que en el nuevo texto se lea: “Se establecerá, en el plazo de seis meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021″. Los promotores de la iniciativa calculan que la medida beneficiaría a entre 390.000 y 470.000 personas, la mayoría de América Latina.

En democracia, España ha aprobado nueve regularizaciones de extranjeros, cinco impulsadas por el Partido Popular y cuatro por el Partido Socialista. La última fue en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 600.000 trabajadores no comunitarios.

A última hora de este lunes, los promotores confiaban en que la ILP finalmente saldrá adelante. Vox votará en contra, pero el PP, que ya se había mostrado reacio, no ha querido definir aún qué votará. Mientras, el PSOE ha convertido su ambigüedad, más inclinada al no, en un previsible sí, en línea con todos sus socios de Gobierno. Fuentes socialistas han confirmado a EL PAÍS que votarán a favor “por respeto” a los miles de proponentes de la sociedad civil, aunque adelantan que enmendarán el contenido de la iniciativa.

Tanto Sumar, como Podemos, ERC, IU, el PNV y EH Bildu respaldan la medida. Incluso Junts, que no ha querido adelantar el sentido de su voto, dejó caer su sí en la última comisión de Migraciones del pasado 12 de marzo. “Nuestro grupo parlamentario es muy consciente de la necesidad de abordar esta regularización, por lo que participaremos con interés en el debate parlamentario de esta iniciativa”, dijo el diputado Josep María Cervera.

Las dudas en las filas PSOE, que hace años esquiva propuestas de este tipo, causaron mucha inquietud entre las organizaciones que impulsan la iniciativa. Y hasta este lunes no estaba claro que los socialistas fuesen a apoyarla.

En el PSOE han defendido en varias ocasiones que la política migratoria debe adecuarse al marco europeo (una regularización en España, probablemente, causaría malestar en varios Estados miembros). También se han escudado en que en la UE no se permiten las regularizaciones generalizadas, aunque no sea exactamente así. La propia comisaria de Interior, Ylva Johanson, ha plasmado por escrito que la regularización de los inmigrantes es una cuestión de legislación nacional. “La Comisión reconoce que, en contextos específicos [como lo fue la pandemia], la regularización puede ser una respuesta política adecuada”, respondió Johanson en una pregunta parlamentaria. La aspiración de esta regularización es que sea masiva, pero si, finalmente ocurre, estará sometida al debate y a los requisitos que se acuerden.

Los socialistas son más partidarios de cambiar el marco legal para facilitar permisos de residencia y trabajo a colectivos específicos y no recurrir a regularizaciones. El ejemplo han sido las últimas reformas del que fue ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que han ayudado a sacar de la clandestinidad a miles de personas, desde menores extranjeros no acompañados a ciudadanos que engrosaban la economía sumergida gracias a flexibilizaciones del Reglamento de la Ley de Extranjería.

Pero en el PSOE también se proyecta la sombra del Ministerio del Interior, siempre reacio a estos cambios. En el departamento de Fernando Grande-Marlaska se agita, también esta vez, el miedo al efecto llamada. Este es un efecto difícil de verificar y cuantificar, aunque un estudio de 2021 de tres autores de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad de Barcelona analizaron el impacto de la regularización de 2005. “El proceso de normalización de trabajadores extranjeros no se tradujo en un efecto llamada de nuevos inmigrantes. Se comparó el número de inmigrantes provenientes de países afectados por la medida con el de países no afectados por esta. Se concluye, a partir de este análisis, que no hubo un aumento significativo en los flujos netos de inmigración provenientes de los países afectados”, dice el estudio.

Acceso a la educación o vivienda digna

Los promotores defienden la medida para garantizar el adecuado acceso a la justicia, a la salud, a la educación y a una vivienda digna. Y recuerdan que una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los nacionales. La irregularidad, además, deja al trabajador expuesto a la explotación. Hay también argumentos económicos. La fundación PorCausa calculó que la contribución de los extranjeros regularizados supondría un beneficio acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros por año.

Si sale adelante, la iniciativa volverá a la Comisión de Migraciones para que los grupos presenten sus enmiendas que se votarán en el Congreso y, después, en el Senado. “Si hay voluntad política, esto, que parece un proceso muy largo, podría resolverse en dos meses y tendríamos nueva ley entre septiembre y diciembre”, asegura Jorge Serrano, coordinador del partido Por un Mundo más Justo y representante la iniciativa. Si sale adelante será un hito. Desde que se aprobó la Constitución, solo 12 de las 179 iniciativas presentadas (el 6,7%) terminaron su tramitación parlamentaria, según un análisis de Newtral de 2022. Y de ellas, solo dos se aprobaron: el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural, en 2013, y la que otorgó entidad jurídica al mar Menor, en septiembre de 2022.