Un jurado declara culpable al acusado de asesinato del vigilante de un pub en Peal de Becerro (Jaén)

“Por fin. Han sido cerca de dos años de lucha, de mucho sufrimiento que hoy llega a su fin. Ahora sí se hizo justicia”. De esta manera, la plataforma Justicia para Álvaro ha recibido el veredicto del jurado popular que ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato con alevosía al único acusado de la muerte de un joven el 17 de julio de 2022 en Peal de Becerro (Jaén).

El asesinato de Álvaro, que murió al recibir una puñalada a la altura del corazón mientras trabajaba como vigilante de seguridad en un pub, provocó...

“Por fin. Han sido cerca de dos años de lucha, de mucho sufrimiento que hoy llega a su fin. Ahora sí se hizo justicia”. De esta manera, la plataforma Justicia para Álvaro ha recibido el veredicto del jurado popular que ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato con alevosía al único acusado de la muerte de un joven el 17 de julio de 2022 en Peal de Becerro (Jaén).

El asesinato de Álvaro, que murió al recibir una puñalada a la altura del corazón mientras trabajaba como vigilante de seguridad en un pub, provocó graves altercados en este municipio de algo más de 5.000 habitantes que se saldaron con la marcha de la localidad de una treintena de miembros de etnia gitana, de la familia de la que procedían los acusados de la muerte de Álvaro.

Varias decenas de vecinos de Peal de Becerro se han concentrado a diario a las puertas de la Audiencia Provincial de Jaén —con pancartas donde podía leerse Justicia para Ávaro― durante la celebración del juicio contra los dos jóvenes, de 19 y 22 años, que se han sentado en el banquillo, aunque solo al segundo se le imputaba el delito de asesinato. Los seis hombres y tres mujeres del jurado popular han sido unánimes en declarar culpable de asesinato con alevosía al único acusado por ese delito al considerar que el ataque hacia Álvaro fue “sorpresivo y sin capacidad de defensa”. La Fiscalía pide para él la pena de 20 años de prisión, mientras que la acusación particular ha elevado la petición hasta los 25 años de cárcel, mientras que la defensa ha pedido la pena mínima de 15 años.

Y, a la espera de conocer la sentencia, la Fiscalía pide también que se imponga al acusado 10 años de prohibición de comunicación y acercamiento a la familia y pareja del fallecido, así como de permanecer o residir en Peal de Becerro. A ello se le suma la obligación de participar en programas formativos contra la violencia durante cinco años después del cumplimiento de la condena.

Durante el juicio, el acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado, declaró que él no tuvo participación alguna en los hechos y que no vio nada porque ni tan siquiera entró en el local. También rechazó ser el autor de los mensajes en el teléfono móvil expuestos por los agentes que testificaron. “‘He matado al vecino en el pub”, se leía en uno de los mensajes que mostró uno de los agentes que declaró en el juicio. En otros mensajes se hablaba incluso de huir a Sevilla para que no lo pudieran localizar.

Según el relato de los hechos por realizado por la Fiscalía, la agresión tuvo lugar en torno a las tres de la madrugada en un local de ocio de la localidad, cuando el joven fallecido, que era el portero del pub, pidió a uno de los presuntos agresores que no sacara vasos de cristal a la calle.

La muerte de Álvaro dio paso a graves incidentes al día siguiente en el municipio. Tras la celebración de la manifestación que había transcurrido de modo pacífico, un grupo de vecinos realizó pintadas y ocasionó daños en cinco viviendas y tres vehículos, además de provocar el incendio otra casa, que tuvo que ser sofocado por los bomberos, en la barriada donde vivían las familias de etnia gitana, que abandonaron el municipio de forma apresurada. La mayoría de ellas viven desde entonces en pueblos de la Sierra de Segura y de la comarca de Úbeda.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llegó a abrir diligencias penales por esos altercados que algunas asociaciones gitanas entendían que podrían ser constitutivos de delitos de odio. La entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, calificó estos incidentes como “inaceptables en un Estado de Derecho”. Pero las diligencias abiertas por el TSJA apenas tuvieron recorrido jurídico, el mismo camino que siguieron las diversas denuncias que asociaciones gitanas interpusieron contra el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, a quien responsabilizaron de no calmar en su momento a los vecinos exaltados. Rodríguez no ha querido hacer declaraciones, pero sí que resalta el “carácter pacifista” de este municipio enclavado a las puertas del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Mientras tanto, la familia de Álvaro ha querido dar las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas: “Gracias de corazón a todos, y ahora sí se hizo justicia. Gracias Álvaro por darnos fuerzas de donde no había, un beso al cielo y ahora sí, descansa en paz”, concluye el mensaje difundido en redes por la plataforma Justicia para Álvaro.