Sánchez intenta seducir a ERC con la “financiación singular” catalana para permitir la investidura de Illa

Todos los caminos de la compleja mayoría que permite gobernar a Pedro Sánchez conducen a Cataluña, y el presidente está dispuesto a implicarse para ayudar a que Salvador Illa sea president y se evite una repetición electoral que podría desestabilizar la legislatura y eliminar cualquier posibilidad de tener unos Presupuestos para 2025 en tiempo y forma. En una entrevista este domingo en La Vanguardia, Sánchez ha abierto con claridad el espacio de negociación con ERC, el partido que decide si Illa preside la Generalitat o se va a repetición de elecciones, las dos únicas opciones viables. El presidente ha dicho que la idea de una “financiación singular” para Cataluña, que reclaman los republicanos, “es factible”, porque en su opinión “es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña”.

Como es habitual en este tipo de declaraciones de Sánchez —que abren un debate y marcan espacios políticos, pero no ofrecen detalles ni documentos—, falta mucha concreción en la oferta a ERC, que puede querer decir muchas cosas. En los pactos entre el PSOE y los independentistas, las palabras se interpretan de manera muy diferente en los dos lados. ERC exige mucho más, una especie de concierto vasco con una cuota de solidaridad, y los socialistas insisten en que ahí no pueden llegar. Pero el hecho de que Sánchez pronuncie el término “financiación singular”, aunque no quede del todo claro qué quiere decir con ello, indica que la negociación está arrancando. ERC además reclama que se implique directamente el presidente porque lo que está encima de la mesa ―la mejora de la financiación, sobre todo― no es algo que competa a Salvador Illa, líder del PSC, sino a La Moncloa.

Fuentes del entorno del presidente destacan la otra parte de la respuesta de Sánchez, en la que dice que su idea se basa en lo que está firmado en el acuerdo de investidura con ERC, que pasó más desapercibido que el pacto con Junts, más polémico, pero que tenía mucho detalle en la cuestión de la financiación. El acuerdo contenía dos anexos muy detallados, unos sobre el traspaso de las líneas de tren de Cercanías (Rodalíes) y otro sobre la mejora de la financiación. Y en este segundo, el punto 4 hablaba de “gestión singular”. Y ahí se citaban una serie de cuestiones que justifican una financiación singular de esta comunidad, porque tiene competencias que la mayoría de las otras autonomías del régimen general ―el País Vasco y Navarra no están en él― no ejercen. Por ejemplo, los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica.

En ese acuerdo, muy detallado y pensado para que ERC lo desarrollara desde la Generalitat, que ahora va a perder, se hablaba de la necesidad de ampliar los efectivos de la policía autonómica con 3.379 agentes más y se concretaba: “El Gobierno se compromete a transferir anualmente, al objeto de que Cataluña ejerza competencias transferidas no homogéneas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde 2024 y hasta 2030, el resultado de aplicar al módulo acordado la diferencia entre el número de efectivos de Mossos d´Esquadra certificado de cada año y los efectivos certificados de 2021″. También se hablaba de prisiones, otra competencia que el resto de autonomías no tiene, y la necesidad de cubrir más de 1.300 jubilaciones. Además, se mencionaba la investigación, y el PSOE firmó la siguiente promesa: “La Administración General del Estado consignará en los Presupuestos y transferirá anualmente a la Generalitat la parte correspondiente al Estado sobre proyectos estratégicos cuya cuantía no será inferior a 150 millones de euros”. También se hablaba de inversiones. “La Administración General del Estado asume el compromiso de que la proporción de la inversión pública programada en Cataluña se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado, medido en términos de PIB nominal”, decía el texto.

Todo esto es, para el Gobierno, financiación singular. El Ejecutivo cree además que, aunque esta idea está molestando a muchos presidentes autonómicos, no solo los del PP, también el socialista Emiliano García-Page, la inquietud se resolverá en cuanto vean de qué se trata, porque lo que está encima de la mesa es una gran reforma de la financiación autonómica para que todos mejoren. Para el Gobierno, el debate es similar a lo que sucedió cuando, para la investidura, negoció la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña con un pacto “extensible a las demás autonomías”.

Al principio hubo mucho escándalo, entre otras cosas porque el Ejecutivo prácticamente no lo explicó, como suele suceder con sus negociaciones, pero después muchas autonomías, en especial la Comunidad Valenciana, la más endeudada, vieron que a ellas también les beneficiaba y la polémica fue bajando. Esta vez es más difícil, porque Sánchez e Illa necesitan un acuerdo público con ERC sobre financiación singular antes de la investidura, es decir, como mucho a finales de agosto, y la reforma de la financiación autonómica puede tardar muchos meses más. En La Moncloa creen que esa batalla de la financiación autonómica, que ya es imprescindible porque el modelo actual está caducado y no funciona, acabará dividiendo a las autonomías del PP porque tienen intereses diferentes ―las más ricas y pobladas chocan con las pobres más despobladas, por ejemplo― y no podrán actuar como un bloque.

Las negociaciones para la investidura de Illa, en las que ERC tiene la llave, tienen ya un marco claro, aunque aún no han empezado formalmente. ERC inicia esta semana los contactos con el PSC y Junts para la investidura. Para ser president, a Carles Puigdemont no le basta con el apoyo de ERC, necesitaría la abstención del PSC, algo que los socialistas descartan de plano. Son el primer partido y tienen una mayoría posible ―PSC, ERC, Comunes― y no van a entregar el Gobierno al segundo, Junts, que no puede sumar una mayoría independentista. Por eso parece Illa el único con opciones reales, aunque necesita el sí de ERC en primera votación o al menos la abstención en la segunda. Las cosas irán lentas y es muy posible que el 25 de junio ni siquiera haya un intento de investidura, simplemente empiece a correr el reloj de dos meses con un “acto equivalente” y a partir de ahí empezarán las negociaciones más dramáticas de última hora hasta el 25 de agosto.

ERC, ahora liderada desde Suiza por Marta Rovira, la secretaria general, no ha mostrado ninguna preferencia, aunque es consciente de que, con la crisis de liderazgo en la que está sumergido el partido y la sangría de votos sufrida en las últimas convocatorias electorales, la peor opción sería bloquear la elección y conducir a Cataluña a unos nuevos comicios.

Los republicanos admiten que la clave de la negociación es la mejora de la financiación. Al margen de lo acordado con el PSOE para la investidura de Sánchez, ERC tiene una propuesta que va mucho más lejos. El eje de su modelo gira en torno a la capacidad de la Generalitat de recaudar todos los tributos que se ingresen en Cataluña y, a partir de ahí, ceder parte de esos ingresos al Estado para pagar la factura de los servicios e inversiones que la Administración central realiza en Cataluña. Es un modelo similar al cupo vasco, lo que situaría a la Generalitat fuera del régimen común de la financiación autonómica. Para diferenciarse de los modelos que disfrutan el País Vasco y Navarra, ERC pretende añadir una porción adicional de los ingresos destinada a la solidaridad con otras comunidades autónomas más pobres. El Govern de Pere Aragonès se ha guardado mucho de poner cifras a esa contrapartida, consciente de que esa será una carta en posibles negociaciones.

Cambio de modelo

El PSOE recibió esa petición catalana con un rotundo rechazo, aunque en los últimos meses ha dado señales de querer afrontar un cambio de modelo que ofrezca más recursos para Cataluña y que le facilite elementos propios de su singularidad, un concepto amplio y del que evitan concretar su significado. El pacto fiscal, tal y como denominó en 2012 Artur Mas a su propuesta actualizada ahora por los republicanos, fue incluso tildado como poco realista por Salvador Illa, quien ahora pretende la Presidencia de la Generalitat y que acudió a las elecciones con un programa que también ansiaba una mejora del modelo, aunque nunca apartándose del régimen común. Una mayor participación en los impuestos estatales y la puesta en marcha de un consorcio tributario Estado-Generalitat como figura en el Estatut, eran las bases defendidas por Illa, a las que ponía otra condición: el respeto al principio de ordinalidad, como los expertos llaman a blindar que las comunidades más ricas nunca acaben con menos recursos disponibles por habitante que las más pobres cuando se aplica la redistribución de los recursos existentes en la caja común, esto es, la solidaridad entre comunidades.

Las negociaciones las dirige Illa, y es él quien lleva la principal interlocución con ERC. Pero los republicanos quieren hablar directamente con La Moncloa, porque creen que de ella dependen los principales puntos de negociación que están encima de la mesa. La entrada de Sánchez en escena, bajando al terreno principal de la negociación, indica el enorme interés que tiene La Moncloa en lograr esta investidura de Illa, que daría estabilidad a la legislatura. Si resuelven este problema, que no parece sencillo dado el debate interno en ERC y la presión de Junts, tendrían otro: ¿Cómo convencer a Puigdemont de que apruebe unos Presupuestos en España con Illa controlando la Generalitat? Nada parece sencillo en esta legislatura endiablada, pero Sánchez va paso a paso y ahora el objetivo fundamental es lograr que Illa sea el nuevo president.