Carmen Calvo ofrece que el Consejo de Estado estudie una reforma de la ley para adaptarla a la inmigración de menores

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha ofrecido este miércoles la posibilidad de que esta institución lleve a cabo un estudio sobre las reformas legales necesarias para actualizar la normativa sobre los inmigrantes menores de edad, que ha generado un intenso debate entre las fuerzas políticas a raíz de la crisis migratoria que padece Canarias. En coincidencia con la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, que reúne este miércoles en Tenerife al Gobierno y las comunidades autónomas, Calvo explicó que va a poner en marcha la Comisión de Estudios de esta institución, entre cuyas funciones destacó la de elaborar informes, y que uno de ellos podría centrarse en la problemática sobre la atención de los inmigrantes menores de edad y su distribución por comunidades autónomas.

Calvo hizo estas manifestaciones durante la rueda de prensa convocada para dar a conocer la memoria del Consejo de Estado correspondiente a 2023. Esta convocatoria ha coincidido con la decisión del Tribunal Supremo de avalar la continuidad de la exvicepresidenta del Gobierno en su actual cargo, al inadmitir a trámite el recurso presentado por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) contra el nombramiento de la propia Calvo como presidenta del Consejo de Estado. Ambos recursos cuestionaban la idoneidad para ocupar este cargo, negando que tuviera el prestigio jurídico que se requiere para ello. A diferencia de lo ocurrido con el nombramiento —anulado— de Magdalena Valerio, antecesora de la actual presidenta del Consejo, el Supremo ha estimado esta vez que los recurrentes carecen de la legitimación necesaria para impugnar esa designación. En la ocasión anterior el recurso fue presentado por la asociación Hay Derecho, a la que la sentencia de la Sala de lo Contencioso no puso obstáculos por supuesta falta de legitimación. El Congreso apoyó en febrero la idoneidad de Calvo para presidir el órgano consultivo.

En su comparecencia de este miércoles, Carmen Calvo ha destacado la importancia de la labor asesora del Consejo de Estado y contempló la posibilidad de ampliarla mediante la recuperación de funciones que no se estaban utilizando en los últimos años. Entre ellas, la elaboración de informes que puedan ser de interés y utilidad para el Gobierno, al que van destinados de ordinario todos los dictámenes. Calvo explicó que en materia de inmigración se ha producido “un giro” con la llegada masiva de menores, lo que supone una “nueva realidad” que la legislación vigente no pudo prever. Por ello puede ser conveniente que el Consejo aporte su visión del problema mediante “otras actividades en el marco que tiene normado, por ejemplo con la confección de mociones” o informes sobre problemas específicos.

La vía idónea sería —prosiguió— la reactivación de la Comisión de Estudios del Consejo, de la que forman parte los consejeros permanentes Fernando Ledesma y Paz Andrés Sáenz de Santamaría. “Hemos pensado —explicó— que merecerá la pena poner al día la doctrina legal sobre distintas cuestiones, de forma que podamos responder no solo a peticiones de dictámenes concretos, sino decir lo que tal vez se podría hacer sobre distintas materias”. Carmen Calvo subrayó que “no participamos en el debate político, pero podemos ayudar con algunas reflexiones” sobre “un asunto que conozco muy bien”.

“La protección de los menores —añadió— es un valor superior”, y su regulación ha supuesto grandes cambios legislativos en las últimas décadas. La principal novedad actual es que “hay menores en la inmigración”, lo que reclama que el Estado “vuelva a mirar” la normativa aplicable. Lo que puede hacer el Consejo de Estado, “si se nos encarga que lo pensemos, es pensarlo y podremos pronunciarnos sobre la legislación básica, estatal, o las competencias que están transferidas a las comunidades autónomas”, sin “intervenir en un debate que tiene muchas ramificaciones políticas”. En definitiva, el Consejo de Estado está “dispuesto a ser útil a través de informes, y abierto a cualquiera de las circunstancias que importen al país”, por ejemplo, ante el “giro” en la problemática de la inmigración, “en una circunstancia que no existía cuando nuestra regulación constitucional se dirigió a una realidad diferente”.

En cuanto a la ley de Amnistía, Carmen Calvo dijo que “con arreglo a los parámetros constitucionales es evidente” que una amnistía debe acordarla el Parlamento, y no el Gobierno”, de modo que al haberse presentado esta iniciativa como proposición y no como proyecto de ley, “no cabe” un informe específico del Consejo de Estado. Añadió que “tiene un sentido” que el Consejo de Estado no dictamine sobre proposiciones de ley, que “nacen del órgano que bombea el corazón de la democracia, las Cortes Generales, donde están sentados los representantes directos de la soberanía” y, salvo al Tribunal Constitucional, “a nadie más le corresponde interceptar ese camino”. Calvo también defendió la preponderancia del Parlamento en la reforma del poder judicial, al afirmar que serán las cámaras las que aprueben en su caso cambios legales en esta materia, y no los vocales del órgano de gobierno de los jueces, a los que corresponde presentar una propuesta.

La directora de la Memoria del Consejo de Estado, Paz Andrés Sáenz de Santamaría, explicó a su vez que en 2023 entraron 1.530 consultas a la institución, y se despacharon 1.657 expedientes, de los cuales 1.514 fueron dictámenes con pronunciamiento sobre el fondo y 98 de se despacharon como urgentes. El Consejo vuelve a pedir que las peticiones de urgencia sean “las que resulten justas en cada caso”, para que la respuesta pueda tener la máxima calidad.