Claves | Las medidas del plan de regeneración del Gobierno y todo lo que se queda fuera

El llamado plan de regeneración democrática —que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en mayo tras tomarse un periodo de reflexión para decidir si continuaba o no en La Moncloa, y que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros— incluye finalmente 31 medidas. Estas afectan al poder ejecutivo, al legislativo y al cuarto poder (los medios de comunicación), adaptando legislación y planes europeos, redactando nuevas leyes o modificando otras vigentes, lo que obligará a fraguar consensos para sacarlas adelante en un Parlamento muy fragmentado. El PP ya ha descalificado las medidas a las que se refieren como “plan de degeneración”. El Gobierno, que subraya el contexto europeo de preocupación por la creciente desconfianza en las instituciones y “desgaste” del sistema democrático, prevé aplicar el plan de ahora a 2027. Estas son las medidas que se proponen y las que no han sido incluidas en el proyecto:

Transparencia, conflictos de intereses y lucha contra la corrupción

Ley de secretos oficiales. El plan presentado este martes incluye la reforma de la ley de secretos oficiales, asunto sobre el que el Parlamento ha debatido en numerosas ocasiones, sobre todo a iniciativa del PNV, con borradores que no acababan de cuajar para modificar la norma vigente. La ley actual es preconstitucional (data de 1968, aún en el franquismo) y está alejada del contexto europeo en la materia. El plan de regeneración no concreta en qué consistirían los cambios.

Ley de grupos de interés. Es otro clásico del debate parlamentario que no se ha materializado hasta ahora en norma de obligado cumplimiento para el control de los lobbies o grupos de interés. El objetivo es facilitar “el seguimiento del proceso legislativo” y reforzar las obligaciones de transparencia por parte de los cargos públicos. Además, el plan incluye una reforma de los reglamentos de las Cortes Generales para sancionar a los diputados y senadores que no sean honestos en sus declaraciones de bienes y actividades. Los parlamentarios estarán obligados a hacer públicas sus reuniones con aquellas personas físicas o jurídicas que traten de “modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas”. De igual forma, se propone reforzar el régimen sancionador para los partidos políticos que no presenten sus cuentas de manera adecuada.

Rendición de cuentas semestral y debate del estado de la nación anual. El plan incluye introducir la obligación legal de rendición de cuentas para todas las administraciones públicas cada seis meses, una especie de examen de cumplimiento de las promesas políticas o grado de ejecución de los programas electorales con los que los diferentes partidos se hicieron con el poder a nivel nacional, autonómico o local. También se plantea reformar el reglamento del Congreso para que sea obligatorio celebrar cada año un debate sobre el estado de la nación.

Nuevas fiscalías y protección al denunciante. El documento propone crear, en un plazo de dos meses y a través de un real decreto, la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para proteger a quien denuncia posibles casos de corrupción en las instituciones y administraciones públicas. También se plantea implementar dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado para atacar tanto la corrupción pública como privada, ampliando la plantilla de fiscales dedicados a la investigación y enjuiciamiento de este tipo de casos.

Debate electoral obligatorio y publicación de los microdatos de las encuestas. En España, la ley electoral regula, por ejemplo, el tiempo que la televisión pública debe dedicar a cada formación política —de acuerdo a los resultados obtenidos en las elecciones anteriores—, pero no recoge como obligación la celebración de un debate para contrastar propuestas entre los diferentes candidatos, lo que a menudo ha provocado que el aspirante con mejores expectativas electorales prefiera no arriesgarse y rechace ese tipo de formatos. Para evitar eso, el plan propone reformar la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) y establecer la “obligación” de debatir en campaña. También plantea el Gobierno reformar esa ley para obligar a las casas de encuestas a publicar los microdatos de sus sondeos electorales de forma que cualquier institución o ciudadano pueda analizarlos y extraer sus propias estimaciones.

Medios de comunicación y libertad de expresión

Delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Entre las medidas que propone el Gobierno y que necesitarán de apoyo parlamentario para ser aprobadas figura una “reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos”. Se pretende así homologar la normativa española a la legislación de otros países del entorno y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de difamaciones contra condenas españolas al considerar que vulneraban el derecho a la libertad de expresión. No se especifica en qué se traduciría esa reforma integral.

Derecho al honor y derecho de rectificación. El plan propone reformar la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la ley que regula el derecho de rectificación, para adecuar ambas normativas al impacto y los nuevos ritmos de las redes sociales agilizando los plazos para rectificar contenidos falsos o abiertamente tendenciosos y garantizar indemnizaciones “adecuadas”.

Transparencia y nuevos requisitos de la publicidad institucional. El plan presentado este martes en el Consejo de Ministros toma como referencia la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, aprobada el pasado marzo y de obligado cumplimiento para los estados miembros de la UE a partir de agosto de 2025. El Parlamento Europeo advirtió, ya en 2020, de que las noticias falsas “han sido utilizadas por grupos y políticos de extrema derecha y populistas para atacar a grupos minoritarios y contribuir a la retórica contraria a la inmigración, lo que ha llevado a un aumento de los episodios de discurso del odio racista y xenófobo, así como de la discriminación”. Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigaron el año pasado 2.268 delitos o incidentes de odio, un 21,3% más que en 2022, la mayoría (856) relacionados con el racismo y la xenofobia; 522 con la orientación sexual; 352 con la ideología y 206 con el género.

El plan prevé crear un registro público que permita a los ciudadanos conocer quiénes son los propietarios de los diferentes medios de comunicación y qué inversión publicitaria reciben. Se establece el deber de publicación anual de la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y dos reformas en la ley de Publicidad institucional “para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación” en su asignación -es decir, que una administración pública no pueda comprarse un medio para garantizarse informaciones favorables a su gestión- y para “garantizar” que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes, imparciales y verificables. Todas estas medidas tienen —además de a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para gestionar el registro de medios tras una reforma ad hoc— a la Secretaría de Estado de Comunicación y las Cortes generales como instituciones responsables de las mismas.

“Para evitar las presiones políticas y empresariales”, el reglamento europeo también establece medidas de protección del periodista, como el impulso de la ley del secreto profesional, una vieja reclamación de las asociaciones del sector, o la transposición de la directiva europea “Anti SLAPP” frente a “acosos externos” y que permite a los jueces desestimar rápidamente demandas manifiestamente infundadas contra los profesionales de la información. Otras propuestas asociadas a las “garantías de la independencia” tienen que ver con un nuevo intento de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, en las sanciones relacionadas con las coberturas en las que se tomen imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; un refuerzo de la autorregulación de los medios y las Plataformas Digitales que queda al albur de la propia industria “en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo”; y la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas “pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de las administraciones públicas”, aspecto este último dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación y de las Cortes Generales. La única medida prevista para la revisión de los “mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos” consiste en la revisión de la regulación existente.

Esta batería de propuestas incluyen la aprobación de una estrategia nacional “contra las campañas de desinformación”, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional y del Ministerio de Presidencia; un programa de ayudas de 100 millones de euros para promover la digitalización de medios de comunicación; una reforma de la CNMC “para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios”; y la creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

Tras la presentación de las medidas este martes, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha pedido al Gobierno a través de un comunicado que el Plan de acción democrática “se aplique con el máximo rigor para salvaguardar el derecho a la información veraz que recoge el artículo 20 de la Constitución”. La FAPE destaca “la intención del Ejecutivo de establecer unos criterios que definan qué es un medio de comunicación, en un marco jurídico y formativo que garantice tanto el acceso a la información veraz de la ciudadanía como las condiciones en las que desarrollan su labor los profesionales de estos medios”. Y en este sentido, la Federación apoya la reforma de la Ley de Publicidad Institucional prevista, así como el impulso de una ley de secreto profesional para la protección de las fuentes, además de exigir “como organización nacional más representativa de los profesionales de la información formar parte de la comisión de expertos que debe abordar las reformas” anunciadas. La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de 80 asociados españoles —entre ellos, EL PAÍS— ante instituciones nacionales, europeas e internacionales, ha emitido también un breve comunicado donde esta organización anuncia que “estudiará estas medidas con el máximo rigor, siempre desde el respeto y defensa de la libertad de información recogido en la Constitución como derecho fundamental”.

Lo que se queda, de momento, fuera del plan

El documento presentado este martes por el Gobierno en rueda de prensa deja fuera medidas planteadas en los últimos meses por diversas organizaciones sociales, especialmente en el ámbito de la Justicia y de la imagen de neutralidad e independencia de las instituciones. Por ejemplo, +Democracia planteó que los mandatos del fiscal general del Estado no coincidan con los del Ejecutivo, para facilitar que esa autoridad conviva con dos gobiernos y no esté estrictamente vinculada a un determinado color político, o que cargos de responsabilidad en organismos como el CIS o la oficina del Defensor del Pueblo no tengan vínculos políticos recientes.

El Código de Buenas Prácticas propuesto por las organizaciones España Mejor y Hay Derecho planteaba, asimismo, la necesidad de que los miembros del Gobierno se comprometan a “mantener una actitud respetuosa” en todo momento, incluidas “las redes sociales”, sin caer en “la descalificación, el insulto, el hostigamiento, o el acoso”, y que todos los cargos por debajo de secretario de Estado sean funcionarios. En cuanto al reglamento de las Cortes, +Democracia propuso que los diputados pudieran votar en secreto en las comisiones de investigación, ya que el investigado puede ser miembro de su propio partido, y evitar que puedan celebrarse sobre asuntos que ya están judicializados.