El agujero de descontrol y opacidad del ‘lobby’ en España

El 11 de octubre de 2023, un representante de Iberdrola mantuvo una videoconferencia con Ditte Juul Jørgensen, directora general de Energía de la Comisión Europea, en la que abordaron las políticas de transición verde. La energética trabaja en la UE con un equipo de seis lobistas, encabezado por la abogada del Estado en excedencia Eva Chamizo. Este despliegue supone un coste de más de 400.000 euros al año. Es posible conocer esta información porque figura en un registro de la UE, al igual que más de 12.900 empresas y entidades de todo tipo —ONG, sindicatos, patronales, fondos de inversión o grupos religiosos— que buscan en la Comisión o la Eurocámara influencia a favor de sus intereses, así como consultoras que cabildean para sus clientes. Cualquiera que quiera ir a Bruselas a dejar huella tiene que apuntarse y dar cuenta de propósitos, recursos y actividades. ¿Quién es? ¿Qué leyes quiere condicionar? ¿A quién intenta convencer?

Todas esas exigencias se diluyen en España. Ninguna obligación así se impone a la relación de los lobbies con el Gobierno o con los diputados y senadores. Los déficits de la regulación del lobby, un término que suele traducirse al español como “grupo de presión” o —más suave— “grupo de interés”, generan un agujero de opacidad y descontrol que contrasta con la normativa no solo de la UE, sino también de países como Francia y Alemania. Ahora el Gobierno ha vuelto a poner el foco en esta polémica actividad con la aprobación de un plan de regeneración que recicla compromisos incumplidos.

Las carencias empiezan por la falta de un registro de lobbies tanto en el Gobierno como en el Congreso y el Senado. “Los lobistas entran aquí como visitas personales”, resume una fuente de la Cámara baja. De este déficit se derivan otros. Si a través del registro europeo se puede saber que la consultora Llorente & Cuenca defiende en la UE los intereses de la patronal del biodiésel, no es posible consultar una información similar en el ámbito del Ejecutivo ni del Legislativo en España. Esta falta de registros dificulta a su vez calcular las dimensiones del sector y el peso de su actividad, que desarrollan empresas con sus propios departamentos de lobby, entidades de todo tipo y consultoras especializadas —Acento, por ejemplo— o con áreas dedicadas a esta rama —Llorente & Cuenca o Atrevia, entre otras—. Los “asuntos públicos”, como también se conoce a este trabajo, se han convertido en una frecuente salida de políticos, con nombres destacados como los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), ambos al frente de Acento.

Las lagunas alcanzan a la conceptualización. El Gobierno no cuenta con una definición de lobby. El Código de Conducta de las Cortes sí recoge una: es la entidad o individuo que se reúne con un cargo público para influir. “Pero es una definición vaga, que no distingue interés lucrativo y no lucrativo. Si creáramos un registro, generaría dudas”, admite la citada fuente del Congreso. Dicho código, aprobado en 2020 con Meritxell Batet como presidenta del Congreso y Pilar Llop del Senado, prevé la creación de un registro mediante la modificación de los reglamentos de las Cámaras, que sigue pendiente. Mientras tanto, fija la obligación de los parlamentarios de publicar sus reuniones con lobistas. ¿Con qué resultado? La Oficina de Conflictos de Interés alertó en su informe sobre 2022 de que es “altamente improbable” que el porcentaje de parlamentarios que consignaba reuniones, menos del 7%, se correspondiera con la realidad. En 2023 ese porcentaje bajó, según la propia Oficina. No hay reglamento para sancionar a los incumplidores.

Mientras autonomías como Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha desarrollaban normas propias, los déficits de regulación estatal han llamado la atención de instituciones internacionales. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa subrayaba en su informe sobre 2022 los “sucesivos retrasos” en la aprobación de leyes, que entre otros aspectos debían corregir la “gran opacidad” de la influencia de los lobistas en el proceso legislativo. Nada ha cambiado. La OCDE, en un informe de agosto, da un toque a España por no seguir los movimientos de los cargos públicos salientes en sectores que “antes regulaban”, apuntando a las puertas giratorias, asunto que también atañe al mundo del lobby.

“En un sistema de partidos fragmentado, con inestabilidad y mandatos cortos, los cargos públicos tienen poco tiempo para especializarse y consultan cada vez más con expertos. Ante la evidencia de que ahí han entrado con fuerza los grupos de interés, urge una regulación que aporte transparencia”, analiza Eva Silván, directora de la consultora Silván & Miracle. Una norma, según añade, reduciría además la moralización del debate sobre conflictos de interés: “Sería el contexto idóneo para evitar polémicas como la de Alberto Garzón [exlíder de IU, que renunció a fichar por Acento tras un revuelo político], o para que al menos la discusión tuviera un anclaje”.

Con compromisos y planes, pero sin ley

La posibilidad de regular los lobbies colea desde la Transición, cuando Manuel Fraga quiso meter los “grupos legítimos de intereses” en el artículo 77 de la Constitución. No pasó. Hace diez años el Congreso aprobó una iniciativa de CiU instando a la regulación. Desde entonces, solo ha habido amagos. Los gobiernos de Pedro Sánchez han sido los más reiterativos en el compromiso, sin concretarlo. La ley de lobbies aparece en: el pacto de gobierno de PSOE y Unidas Podemos de diciembre de 2019; el Plan de Gobierno Abierto 2020-2024; su sucesor, que cubre hasta 2028 y está pendiente de aprobación; el Plan Normativo de 2022; una adenda de 2023 al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Consejo de Ministros llegó a aprobar en 2022 un anteproyecto de ley, que no dio tiempo ni a llevar al Congreso. “Incluso sin adelanto electoral [a julio de 2023], iba tarde”, señala un profesional del sector, que atribuye las dificultades de esta legislación a la “falta de voluntad política” y a los recelos de sindicatos, patronales y colegios profesionales, que —señala la fuente— pretenden evitar la etiqueta de lobby y perder la singularidad que les da aparecer en la Constitución.

Ahora, el nuevo plan del Gobierno prevé dos normas sobre lobbies. Una es la reforma de los reglamentos de las Cámaras, que afectaría a las Cortes y deberían acometer el Congreso y el Senado. La otra, un proyecto de ley del Gobierno, que afectaría a la Administración General del Estado. A pesar de partir del Consejo de Ministros, el plan se detiene más en la reforma de los reglamentos, que no es de su competencia, que en el proyecto de ley, que sí debería partir del Gobierno para luego llegar a las Cortes. Sobre esa futura ley, no hay detalle en el plan. EL PAÍS preguntó a los ministerios de Transformación Digital y Función Pública (Óscar López) y Presidencia (Félix Bolaños), sin obtener detalle. No aclararon si la intención era recuperar el anteproyecto de 2022, que recogía la creación de un registro, reglas para ordenar las relaciones con los lobistas y dos años de prohibición a los cargos salientes de ejercer actividades “de influencia” en sectores en los que han trabajado como políticos.

“Acogemos favorablemente el plan, pero en realidad incluye medidas que ya están en otras iniciativas. Y nos preocupa que no esté calendarizado”, afirma Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Joan Navarro, sociólogo especializado en grupos de interés, ve “inadecuado” que el plan se centre en las reformas que competen a las Cortes y sea “ambiguo” sobre las “obligaciones” del Gobierno. Aunque celebra que se reabra la cuestión sobre los lobbies, cuya regulación lleva “al menos diez años de retraso”, cree “dudoso” que prospere tanto por los antecedentes como por la dificultad de conseguir mayorías parlamentarias.