El Consejo de Europa advierte de que imponer el 25% de castellano en las aulas atenta contra la protección del catalán

El Consejo de Europa ve con “gran preocupación” las sentencias que obligan en Cataluña a impartir al menos el 25% de las clases en castellano en el sistema educativo y que han sido confirmadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya (TSJC). Esa imposición, advierten los expertos que revisan regularmente el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, va en contra de este tratado internacional que España ratificó en 2001 —bajo un gobierno del PP— y que busca proteger y promover el uso de estas lenguas tanto en la vida privada como en la pública.

El informe, publicado este martes, también alerta de un “deterioro de la situación” de las lenguas minoritarias o regionales en varias comunidades autónomas, “especialmente Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana”, gobernadas hasta ahora por el PP gracias al apoyo de Vox, en el momento en que los expertos realizaron la visita al país, el pasado enero. El empeoramiento se debe a la “adopción de legislación o medidas que obstaculizan la implementación” de las obligaciones bajo la Carta, o bien “a la ausencia de medidas para cambiar una situación que no es compatible con el nivel de protección previsto” en el tratado.

Un convenio en el que España, recuerda el Consejo de Europa, decidió “optar por el nivel de protección más alto” de estas lenguas. La ratificación del documento se hizo durante el Gobierno del PP bajo José María Aznar, en 2001. El instrumento de ratificación lleva la firma del entonces ministro de Exteriores, Josep Piqué. Los expertos recuerdan que ese compromiso se traduce en garantizar la educación en lenguas regionales o minoritarias, tanto en preescolar como en primaria y secundaria. Algo que, subrayan, “implica que la enseñanza se imparta en la lengua regional o minoritaria, salvo por la enseñanza del castellano, como la lengua oficial del Estado, y las de lenguas extranjeras”.

Pero es la cuestión de las sentencias sobre el castellano en Cataluña la que más inquieta al Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo. En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hizo pública la histórica sentencia en la que obligaba a las escuelas catalanas a impartir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano; la resolución adquirió firmeza un año más tarde. Para proteger el modelo de inmersión lingüística y garantizar que el catalán sigue siendo la lengua vehicular en las aulas, la Generalitat respondió con la aprobación de un decreto que, entre otras cosas, impide fijar porcentajes en los proyectos lingüísticos desarrollados por las escuelas e institutos públicos. El TSJC admitió que, con esa ley, la sentencia sobre el 25% no se podía aplicar. El decreto, sin embargo, fue recurrido ante el tribunal, que lo suspendió de forma cautelar el pasado julio a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

“El comité de expertos entiende que establecer un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada escuela va, claramente, en contra de los principios aceptados por España bajo el artículo 8 de la Carta”, señala el informe en relación con los compromisos adoptados para garantizar la educación “en las lenguas regionales o minoritarias relevantes” en todas las etapas del sistema educativo.

Por ello, consideran que las autoridades estatales deberían tomar “todas las medidas necesarias para remediar la situación y asegurar la implementación correcta de todas las garantías a las que se comprometió”. Los expertos subrayan, para que no quede lugar a dudas de a qué se refieren, a que, “en particular, la sentencia final del TSJC ordenando la implementación de un mínimo de 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán constituye una fuente de gran preocupación”.

“Flexibilidad”

Los expertos reconocen que este principio debe ser aplicado de “forma flexible” y recuerdan al respecto que la propia Carta estipula que la protección de las lenguas minoritarias o regionales “no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y la necesidad de aprenderlas” en España. En este sentido, indican que “en ciertas escuelas, según su entorno sociolingüístico, salvaguardar el aprendizaje de la lengua oficial del Estado puede resultar en la necesidad de reforzar su enseñanza, usándola como medio de instrucción para una o más materias”. Y consideran que si “surgiera esa necesidad” en casos concretos, esto seguiría siendo compatible con los compromisos de la Carta. Pero imponer una cuota mínima generalizada, como hace la sentencia, contraviene “claramente” dichos compromisos, recalca.

El informe del Consejo de Europa, un organismo que aglutina a 46 Estados y tiene su sede en Estrasburgo, choca de frente con las conclusiones que emitieron los eurodiputados —en su mayoría conservadores— que, a instancias del PP, visitaron en diciembre del año pasado Cataluña para analizar el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas. La misión para analizar la “persecución del español en la política catalana”, aprobada por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, en aquel entonces presidida por la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, concluía que el Gobierno catalán —de ERC en aquel momento— “no está aplicando actualmente” las sentencias que obligan a garantizar un 25% de clases en español en el sistema educativo y, tras lamentar la “polarización” en la materia, acusaba a la Generalitat de que no se plantee un modelo alternativo.

El informe de evaluación presentado este martes se basa, precisa el Consejo de Europa, en la información proporcionada por fuentes gubernamentales y no gubernamentales, así como por la visita realizada por el comité de expertos en enero de este año.

En líneas generales, concluye que España tiene un sistema bien desarrollado para la protección y promoción de sus lenguas regionales y minoritarias. Y destaca en este sentido el hecho de que, desde el año pasado, el uso de las lenguas cooficiales es posible en el Congreso de Diputados y el Senado. Aun así, considera que se requieren “más esfuerzos” para atender las “lagunas” existentes en materia de cumplimiento del tratado. Los principales “desafíos” se dan en materia de justicia, administración estatal, suministro de servicios públicos e intercambios transfronterizos, que son, señala, jurisdicción de las autoridades estatales españolas.