La jueza cita como imputados al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE extremeño

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha dictado este miércoles un auto en el que cita como investigado a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y a otras ocho personas por las supuestas irregularidades en su contratación en julio de 2017 por parte de la Diputación de Badajoz. Entre los imputados está también el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Ambos deberán acudir al juzgado el próximo 9 de enero.

La decisión de la jueza se produce un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara un informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que concluye que el puesto de trabajo que fue adjudicado a David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz se creó de modo apresurado en octubre de 2016 ―en ese momento Pedro Sánchez acababa de dimitir como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos― sin detallar las “necesidades primigenias” que se pretendían cubrir con él. Los investigadores admiten que, hasta el momento, no han podido concretar “de quién partió la iniciativa” de crear el puesto, del que destacan que empezó planteándose como de gestor o jefe de servicio para acabar siendo de “alta dirección”, con un coste de 123.000 euros anuales. El atestado destaca que una organización sindical mostró sus reticencias a su creación al considerar que las funciones que desempeñaría estaban ya cubiertas por un funcionario de menor rango.

A la vista del informe, la magistrada concluye que existen “indicios racionales de criminalidad” por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública, y ordena nuevas diligencias. Entre ellas, la citación también como investigados de otros dos cargos socialistas de la Diputación ―Cristina Núñez Fernández y Francisco Martos Ortiz―, así como de varios responsables de recursos humanos y de la delegación de Cultura de la institución, en la que está encuadrado el puesto del hermano del presidente.

La magistrada también pone el foco en el parlamentario socialista de la Asamblea de Extremadura Antonio Garrote, delegado del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, sobre el que se pide que se certifique su condición de aforado como paso previo a investigarle. Además, ordena la toma de declaración como testigos de los tres directores que han tenido los dos conservatorios provinciales en los últimos años y de otros tantos peritos de la Agencia Tributaria, así como que se le requiera a la Diputación de Badajoz nueva documentación sobre el concurso y el organigrama de la delegación del Cultura.

La magistrada destaca en su resolución que el informe de la UCO no ha encontrado, sin embargo, indicios de ningún supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez, como apuntaban la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la investigación. El documento policial destaca que no existe “ninguna evidencia” de que posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros, como se aseguraba en la denuncia. Los agentes destacan que un informe de la Agencia Tributaria ha llegado a la misma conclusión y achacan la acusación a un “cálculo erróneo” de los denunciantes al confundir el valor de las acciones con el número de las mismas. De hecho, el informe detalla que esas acciones estaban valoradas en 68.469 euros, una cifra muy alejada de la millonaria cantidad atribuida en la denuncia inicial, que por tanto “no sería acorde a la realidad”.

Pese a la rotundidad de los agentes en este punto, la jueza ha ordenado librar un oficio a la entidad financiera para que esta informe “sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez”. Por último, la magistrada critica “las continuas filtraciones a la prensa” de la investigación judicial y advierte a los abogados y procuradores de las partes de que serán multados con hasta 10.000 euros sin revelan el contenido de las pesquisas, principalmente de los correos electrónicos intervenidos, para lo que apela “a la ética profesional y buena fe procesal”.

Denuncia de Manos Limpias

La investigación que ha desembocado ahora en la imputación del hermano de Pedro Sánchez se puso en marcha tras presentar Manos Limpias una denuncia sustentada en informaciones publicadas en prensa según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior.

Tras la denuncia, la juez abrió diligencias de investigación el 30 de mayo y pidió a la Diputación de Badajoz “toda la documentación relativa a la contratación laboral” de David Sánchez, así como un informe sobre el proceso de selección para adjudicarle el puesto y “sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo”. Incluso solicitó que le informara de la “localización física del despacho donde [el hermano del presidente] desarrolle sus funciones habitualmente”, si existía un sistema de control horario para el personal de alta dirección o por qué se cambió en 2021 la nomenclatura del puesto por el de “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”. En esa misma resolución judicial, la magistrada encargaba a la Agencia Tributaria y a la UCO intervenir en la investigación.

La magistrada ordenó posteriormente el registro de la Diputación pacense, que se produjo el pasado 10 de julio, para intervenir los correos electrónicos de nueve personas. Lo volvería a hacer dos veces más. La primera, días después del primer registro. La segunda, a finales de septiembre. La información recabada en la documentación intervenida ha sido la base para el informe de la UCO, que ha desembocado ahora en la imputación del hermano del presidente y otras ocho personas. En su informe, la Guardia Civil dedica una anexo específico a analizar cuantitativamente el tráfico de correos enviados y recibidos por David Sánchez en su cuenta oficial.