Un juzgado de Cádiz investiga también los contratos sanitarios fraccionados de la Junta

Un juzgado de Cádiz investiga el fraccionamiento de contratos menores sanitarios por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), entre los que también se encuentran adjudicaciones por la vía de emergencia, para comprobar si los dirigentes de la Junta (PP) incurrieron en una malversación cifrada en 235 millones de euros al trocear de manera artificial los contratos concedidos en 2021 en esa provincia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz investiga desde hace tres meses los contratos sanitarios adjudicados por la central de compras del SAS en esa provincia y se suma así al Juzgado 13 de Sevilla que investiga los contratos en los servicios centrales del SAS, causa que mantiene imputada a su directora gerente Valle García y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

La jueza titular del juzgado gaditano, Rosa María García, abrió diligencias el pasado 12 de noviembre y ordenó a la Intervención de la Junta que le informara sobre las “irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo”, según ha denunciado este lunes Podemos Andalucía. “Hablamos de 235 millones en contratos del SAS. En octubre denunciamos después de que la Intervención de la Junta detectara el fraccionamiento indebido y masivo en el 93% de las contrataciones del SAS en esa provincia entre enero y diciembre de 2021. Consideramos muy grave lo que está pasando en el SAS, donde se sortea la ley de contratos”, ha denunciado la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez.

Al margen de la causa abierta por los contratos principales concedidos desde los servicios centrales del SAS, Podemos Andalucía denunció el fraccionamiento de los contratos en cuatro provincias: Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva. De momento, la formación morada solo ha tenido constancia de la apertura de diligencias en Cádiz. “La Intervención detectó que en estos contratos se fraccionó el objeto de las prestaciones para eludir los umbrales de la contratación menor. En algunos casos, como con la farmacéutica Pfizer, se firmaron múltiples contratos menores idénticos que, sumados, alcanzaron cifras millonarias. El uso abusivo de contratos menores se detectó en áreas como obras de rehabilitación en hospitales, servicios de catering, y compra de material de oficina”, reza la denuncia de Podemos.

A lo largo del ejercicio de 2021, el SAS emitió en Cádiz 135.767 facturas que sumaban 235 millones en contratos menores repartidos en 175 expedientes, según aclaró la Intervención, órgano fiscalizador que audita las cuentas de la Junta y que consideró que estos contratos estaban “en fraude de ley”. La suma de esos 235 millones en contratos menores supuso el 23,2% de los 1.014,8 millones gastados en esa provincia hace cuatro años, según avanzó el pasado septiembre eldiario.es. El supuesto fraude por contratos menores ascendía a 458 millones en esas cuatro provincias andaluzas, que, tomando en consideración las ocho totales, se disparó hasta los 1.223 millones, como confirmó este periódico. En el cómputo total de todos los contratos menores suscrito por las ocho centrales provinciales de compra del SAS, la Intervención constató que el 92% contenía irregularidades.

Martínez ha incidido este lunes en las presuntas irregularidades: “Es un fraccionamiento masivo de contratos que supone graves consecuencias para el sistema de salud, un despilfarro de dinero a beneficio de unos pocos. ¿A quién beneficia este fraccionamiento? Yo no conozco a nadie que trabaje como intermediario de material sanitario, pero parece que el PP sí, como el novio de [Isabel Díaz] Ayuso. Tenemos que estar vigilante porque el PP de [Juan Manuel] Moreno hace una gestión pésima de la sanidad pública”.

Hace una semana, el Juzgado 13 de Sevilla rechazó por segunda vez investigar las contrataciones del SAS en otras provincias, después de la petición del PSOE andaluz para que dicho órgano asumiera todas las supuestas irregularidades cometidas en la región con el fraccionamiento de contratos, para evitar que se investigue “una causa general”. Entonces la portavoz de la Junta, Carolina España, estimó que la causa se estaba desinflando por la “máquina del fango y bulos” de los socialistas.

Ahora, Podemos ha desvelado que hace tres meses un juzgado de Cádiz había recogido el guante lanzado en su denuncia del pasado 1 de octubre. Este partido alega que ha informado ahora de la investigación del juzgado de Cádiz porque su auto le ha llegado hace solo tres semanas. “En esta causa le dijimos a la juez que hasta que no tengamos los informes de la Intervención no podremos informar”, afirman fuentes de la Fiscalía de Cádiz, que sigue a la espera de la recepción de dichos informes por parte de la magistrada.