El Constitucional confirma que cambiar la composición de las mesas electorales es delito

El Tribunal Constitucional ha confirmado por unanimidad que constituye delito alterar la composición de una mesa electoral, al desestimar el recurso de amparo de una secretaria de ayuntamiento que llevó a cabo un cambio de este tipo en las elecciones autonómicas de Canarias de mayo de 2015. En su condición de secretaria municipal, la recurrente era también delegada de la Junta Electoral de Zona, y mientras cumplía esta función decidió alterar los resultados del sorteo para la designación de los miembros que habrían de integrar las mesas constituidas en aquella convocatoria a las urnas.

La conducta que se consideró delictiva consistió en excluir de las mesas electorales a las personas de nacionalidad española que tuvieran nombres y apellidos de origen extranjero. La secretaria municipal explicó que los elegidos posiblemente no conocerían bien la lengua española, y, por tanto, podrían provocar situaciones conflictivas durante la jornada de las elecciones. De este modo se alteraron los resultados aleatorios que para la elección de los miembros de las mesas proporcionaba la aplicación informática empleada en el sorteo de las personas que debían ocupar puestos en las mesas.

La propuesta de la secretaria municipal —explica el fallo— fue aceptada y determinó “la efectiva exclusión de esas personas, con la consiguiente alteración en la formación de al menos dos de las mesas electorales finalmente constituidas en el municipio”. La recurrente sostenía en la demanda de amparo que su condena infringe el derecho a la legalidad penal —establecido en el artículo 25.1 de la Constitución—, al entender que resulta “irrazonable y arbitrario” considerar que su actuación era un delito electoral, tipificado por el artículo 139.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La sentencia —de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador del tribunal— razona que la aplicación de su reiterada doctrina constitucional sobre el derecho a la legalidad penal conduce a denegar el amparo solicitado. El fallo argumenta que a partir del “recto entendimiento del papel de las mesas electorales como pieza clave de nuestro sistema electoral”, cabe concluir que es “acorde con modelos de argumentación que acepta la comunidad jurídica” identificar la conducta de la recurrente con el tipo penal aplicado.

El tribunal considera que “no es ilógica ni extravagante” ni tampoco “irrazonable ni sorpresiva” la interpretación realizada por la jurisdicción penal, porque “debe recordarse que cualquier persona mayor de edad censada en la sección correspondiente que sepa leer y escribir puede ser designada por sorteo público para formar parte de una mesa electoral”, de conformidad con el artículo 26.2 de la ley electoral. El Constitucional explica que carece de justificación la exclusión de ciudadanos españoles por el hecho de tener nombre y apellidos de origen extranjero.

El Constitucional considera que esta interpretación del tipo penal aplicado resulta también “coherente con la tutela del bien jurídico protegido, la salvaguarda de la pureza del proceso electoral en todas sus fases, para así garantizar la neutralidad, imparcialidad e independencia de la administración que interviene en los procesos electorales”. Para ello deben existir mesas electorales conformadas mediante sorteo público entre todos los ciudadanos mayores de edad incluidos en el censo de electores.