Subvenciones al deporte catalán para internacionalizar el ‘procés’
El juez sospecha que las ayudas a la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, que crecieron en 2017, se desviaron a fines independentistas
El deporte fue la principal vía que el Gobierno catalán utilizó para desviar, presuntamente, dinero público al procés. La investigación de un juez de Barcelona sospecha que las subvenciones concedidas por la Generalitat a la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas sirvieron, en realidad, a fines independentistas; por ejemplo, al mantenimiento de la estructura del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo...
El deporte fue la principal vía que el Gobierno catalán utilizó para desviar, presuntamente, dinero público al procés. La investigación de un juez de Barcelona sospecha que las subvenciones concedidas por la Generalitat a la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas sirvieron, en realidad, a fines independentistas; por ejemplo, al mantenimiento de la estructura del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica).
Los indicios figuran en el auto de entrada y registro al domicilio de Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma y uno de los detenidos el miércoles. La Guardia Civil ha analizado las subvenciones que concede anualmente la Generalitat y llega a la conclusión de que la mayoría lo son por la vía directa, o sea sin concurso público. El Govern se escuda en que hay “circunstancias excepcionales” que lo justifican, pero los investigadores replican que ese argumento “no se ajusta a la realidad”.
Entre 2013 y 2016, la Plataforma recibió cada año 295.000 euros en ayudas adjudicadas de forma directa. En 2017, el año de organización del referéndum de independencia, esa cantidad ascendió hasta los 1,3 millones. La principal partida de ese año (0,8 millones) está relacionada con la participación de la entidad en el Fòrum Crans Montana (CMF) que se celebra en Suiza. “Se habló de deporte -y es lo que tenía que promocionar la Plataforma- en una única sesión”, reprocha el informe policial recogido por el juez Joaquín Aguirre.
El informe señala que uno de los contratos, por valor de 300.000 euros, contó con la oposición del interventor Jordi Serra por ser “desproporcionado” y porque algunos objetivos citados en el expediente “no se ajustan a la política estrictamente deportiva”. Más tarde, el interventor se desdijo sin que nada hubiese cambiado.
Los correos electrónicos en poder de los investigadores sobre el contrato con el Fòrum Crans Montana arrojan algo de luz a este asunto. Eric H. escribió que la factura “corresponde a un encargo político”. “Esperemos que el interventor entienda el encargo, la naturaleza del proveedor y por tanto cómo se ha producido este pago”, añade. Lluís P., por su parte, también señaló que esa subvención de 2017 “obedeció a una cuestión política”.
La Guardia Civil recuerda que, en la edición de 2019 del Forum Crans Montana, Puigdemont fue presentado por el responsable del foro, Jean Pau Carteron, como “expresidente de Cataluña, líder del movimiento independentista que hoy está en el exilio”. Ese año, Eric H. remite un correo al presidente de la Plataforma y a Xavier Vendrell. Eric H. les explica que las subvenciones prevén “partidas significativas para el despliegue de un congreso de diplomacia deportiva”. Los investigadores admiten, no obstante, que no disponen de las facturas de 2019 y que uno de los objetivos de los registros es precisamente lograrlas y acreditar los hechos.
Una de las empresas de Vendrell, Forum 1406, había remitido facturas a la Plataforma. También lo había hecho Jaume Cabaní. Los investigadores consideran que los trabajos de ambas empresas fueron de “dudosa efectividad y realidad". Y señalan que Cabaní tiene relación con Puigdemont a través de Catglobal ASBL, “asociación de Puigdemont en Bélgica”.
Otro indicio que apunta al desvío de ayudas al deporte es la subvención otorgada a la Plataforma en 2017 dirigida a dos campañas: L’esport pel sí [el deporte por el sí] y Guanyarem [ganaremos], que “promocionaban el referéndum del 1-O y la independencia de Cataluña”, según la Guardia Civil.