Los sindicatos policiales estallan ante la escalada de violencia en Barcelona

El intento de quemar un furgón policial de la Guardia Urbana en Barcelona, en el que había un agente que pudo salir ileso, este sábado durante la novena manifestación para pedir la libertad del rapero Pablo Hasél, ha hecho saltar las alarmas entre responsables policiales, sindicatos, autoridades y partidos. Entienden que los hechos, sumados al asalto a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Vic hace 12 días, es un salto en la escalada de violencia.

Sindicatos de policías nacionales, autonómicos y locales mostraron este domingo su condena e indignación por los actos violentos y el ataque a la Guardia Urbana. El sindicato Sapol, mayoritario en la Guardia Urbana, anunció que se personará como acusación contra el responsable de atacar y quemar una furgoneta con un compañero dentro. “Mientras los políticos se esconden, nosotros haremos lo necesario para que todo el peso de la justicia caiga sobre los responsables”, aseguró el sindicato en las redes sociales. El portavoz de la organización, Jordi Rodríguez Lima, reprochó a la alcaldesa Ada Colau que no lidere la denuncia y pidió unidad a los partidos políticos en el rechazo para que su división no suponga “el más mínimo resquicio para que la violencia gane fuerza”.

El secretario de organización del sindicato CSIF, Eugenio Zambrano, puso el acento en que el sábado fue la primera vez que los manifestantes utilizaron fuego contra la policía y pidió un “apoyo institucional claro”, y más medios humanos y técnicos: “Necesitamos los mismos medios que tienen los Mossos de orden público para trabajar en igualdad de condiciones, porque se nos exige trabajar con los mismos resultados”.

El malestar de la Guardia Urbana se suma al de los Mossos d’Esquadra, que durante los últimos altercados se han sentido cuestionados por el Govern. Los graves disturbios del sábado se producen, además, en un contexto político poselectoral, cuando los partidos independentistas están negociando la formación de un Gobierno y la CUP pide la disolución de la brigada antidisturbios de los Mossos (Brimo), además de un nuevo modelo de orden público. Diferentes responsables de partidos independentistas han criticado la labor del cuerpo, mientras que ERC y Junts han aceptado debatir sobre el modelo de seguridad.

El consejero de Interior en funciones, Miquel Sàmper, señaló por la mañana: “Estamos viviendo un nuevo paradigma, que es la violencia en el núcleo de la seguridad”. Doce días después del inicio de los disturbios en varias ciudades catalanas, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se reunirán este lunes con mandos de Mossos y la Guardia Urbana para analizar la situación. El Govern se verá también con alcaldes de otros municipios afectados.

El sindicato Sicme, de los Mossos d’Esquadra, se ha mostrado preocupado porque “se focalice todo en el orden público”. “No lo entendemos cuando es moneda de cambio a la hora de confeccionar el nuevo Gobierno catalán”, reprochó su secretario de organización, Francesc Xavier Carabassa. La misma noche del sábado, el sindicato SME, también de los Mossos, afirmó en las redes sociales: “Por ahora 10 detenidos. Mientras algunos políticos se buscan sus sillas, los autónomos, restauradores y múltiples negocios resultan atacados y robados y los policías en el punto de mira, ¡vergüenza!”.

El consejero de Interior, Miquel Sàmper, tachó de “violencia pura, desbocada e inaudita” los disturbios registrados el sábado en la marcha, que congregó a 4.000 personas y acabó con 14 detenidos y seis mossos heridos leves, detalló. La alcaldesa Ada Colau visitó la comisaría de Ciutat Vella ante la que se quemó el vehículo junto al teniente alcalde de Seguridad, Albert Batlle, para expresar su apoyo a la Guardia Urbana. La regidora pidió el “rechazo unánime a la violencia” y ha hecho un llamamiento “a la calma”.

”Si llega a explotar el coche con un agente dentro estaríamos hablando de un muerto”, alertó el consejero de Interior y distinguió a los manifestantes pacíficos de “las 150 o 200 personas que lo que hacen es violencia pura, desbocada e inaudita”. “Llevaban mucho material incendiario, incluso garrafas de gasolina, con riesgo para las personas que lo llevan”, dijo.

Otros sindicatos policiales expresaron en Twitter su solidaridad con la Guardia Urbana. El Sindicato Unificado de Policía señaló que el ataque a la policía de Barcelona es “vandalismo puro y duro”. “Aprovechar el encarcelamiento de Pablo Hasél para destrozar la ciudad es una excusa torpe y sin argumentos”, consideró el sindicato. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresó su “indignación” por el incendio y condenó lo que, en su opinión, más que manifestaciones, “son en realidad puros ataques y asaltos a la policía”. El sindicato de la Ertzaintza ERNE se solidarizó también con los agentes.

Sobre la actuación policial de la noche del sábado, el consejero explicó que los Mossos d’Esquadra no cargaron contra los manifestantes ni utilizaron pelotas de espuma “porque los dispositivos no lo consideraron necesario”. “No hubo intervención política”, destacó sobre el operativo. Respecto al futuro de la Brigada Móvil, la Brimo, cuya disolución pide la CUP, Sàmper afirmó que “no se puede disolver”. “Un país no se puede permitir no tener unidad de orden público”, insistió.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona pidió una “condena unánime” y advirtió sobre la gravedad del ataque a la furgoneta de la policía local: “El sábado se produjeron hechos más graves que otros días. Además de los ataques a comercios vimos un ataque intencionado a la comisaría de la Guardia Urbana y se quemó una furgoneta con un agente dentro. Es gravísimo. Nunca será el camino, no pasó nada más grave de milagro”. La alcaldesa defendió que en una democracia “hay cuerpos policiales para detener los abusos contra la convivencia”. Colau abogó por abordar en el Parlament el debate sobre el modelo de orden público y ha evitado valorar el hecho de que la CUP no condene la violencia.

Durante la tarde del sábado se atacaron cajeros automáticos, oficinas bancarias, tiendas y también un hotel de la Rambla de Catalunya, por lo que el Gremio de Hoteles de Barcelona ha condenado “los graves hechos” y ha exigido “responsabilidad política”. “Es inadmisible que las Administraciones competentes no muestren una postura y actitud firme e inequívoca contra estos hechos, permitiendo que sucedan”, afirmaron en un comunicado en el que entienden que su actitud pasiva y ambigua “priva a los ciudadanos y al tejido empresarial de su derecho y sus garantías de seguridad”.