Las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía se disparan un 60% desde el inicio de la pandemia
El Govern destina 70 millones extraordinarios a cubrir la demanda de esta prestación
El gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes una transferencia de casi 70 millones de euros al departamento de Derechos Sociales para hacer frente al crecimiento que han experimentado las solicitudes de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Desde que estalló la pandemia, las personas que han pedido esta ayuda han aumentado en un 60%, a causa de la caída de ingresos, el aumento del paro y la lenta recuperación del mercado laboral.
El presupuesto inicial para la Renta Garant...
El gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes una transferencia de casi 70 millones de euros al departamento de Derechos Sociales para hacer frente al crecimiento que han experimentado las solicitudes de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Desde que estalló la pandemia, las personas que han pedido esta ayuda han aumentado en un 60%, a causa de la caída de ingresos, el aumento del paro y la lenta recuperación del mercado laboral.
El presupuesto inicial para la Renta Garantizada en 2021 (prorrogado de las cuentas del año anterior) era de 289 millones de euros, a los que se sumarán los 70 millones aprobados por el Consell Executiu este martes.
La Renta Garantizada es una prestación que está en marcha desde 2017 y que, pese a ser una ayuda pensada para dar un ingreso mínimo a todas las familias vulnerables, su gestión ha sido muy criticada desde el inicio. Según los últimos datos publicados por la Generalitat, actualmente hay 101.623 expedientes activos y 169.473 personas beneficiarias de esta prestación. Esto es un 37% más de beneficiarios que en enero de 2020, antes de la pandemia. Pero las solicitudes han incrementado un 60%, en la línea de lo que señalan las entidades del tercer sector social de Cataluña: la Renta Garantizada no cubre todo el espectro de familias vulnerables que lo necesitan. Según los datos del Idescat, el 21,7% de los catalanes están en riesgo de pobreza.
El primer año de la implementación de la prestación, solo el 10% de las solicitudes cumplieron los requisitos, mientras que entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021 el porcentaje de admitidos fue del 36%. El alto número de denegaciones se debe a que no cumplían requisitos como estar por encima del tope de ingresos, incompatibilidades con el trabajo, no acreditar residencia en Cataluña u otros motivos.
Las entidades sociales creen que la cobertura de la Renta Garantizada debería ser mayor, y que se debería coordinar mejor con el Ingreso Mínimo Vital, una prestación estatal cuya gestión reclama la Generalitat. Mientras todavía está en el aire cómo se hará esta compatibilidad, Esquerra Republicana prevé incluir en los Presupuestos una primera partida para poner los cimientos de la Renta Básica Universal, un ingreso mínimo que está destinado a todos los ciudadanos y que se prevé que empiece con algunas pruebas piloto.