Los inicios corruptos de Putin en la Barcelona olímpica

Su mundo se había desmoronado y todo estaba por hacer. La Unión Soviética se había desintegrado y Rusia buscaba capitalistas en el exterior para levantar al gigante noqueado. La llamada de la Barcelona olímpica a su ciudad hermana, San Petersburgo, no podía desaprovecharse. Era febrero de 1992 y Anatoli Sobchak, el primer alcalde de la capital de los zares elegido en las urnas, aterrizaba en Barcelona con una agenda intensa para captar inversiones. El hoy presidente de Rusia, Vladímir Putin, formaba parte de la comitiva.

Un artículo el pasado marzo en La Vanguardia redescubrió el paso de Putin por Barcelona. El Ayuntamiento ha hecho públicas las imágenes de un almuerzo en el Palacete Albéniz presidido por el entonces alcalde Pasqual Maragall. Al otro lado de la mesa, frente a él, se sentaba Sobchak, y a su lado, Putin. Otros medios de comunicación añadieron detalles de la semana que pasó la delegación rusa en la ciudad. Nació Digital recuperó imágenes de una cena en el Cercle d’Economia. Los testimonios de la época indican que Putin era un personaje secundario en la delegación petersburguesa, una suerte de secretario del carismático Sobchak. Nada más lejos de la realidad. “Putin era en aquel momento la persona a quien conocer en San Petersburgo”, escribió en 2014 la académica Karen Dawisha en Putin’s Kleptocracy, un libro de referencia para entender los inicios del autócrata ruso.

Putin era responsable desde 1991 de las relaciones internacionales de la segunda ciudad de Rusia. En su despacho, una habitación lúgubre y sencilla, con un cenicero y una mesa como único mobiliario, se autorizaban las operaciones de capital extranjero en San Petersburgo, según la investigación de la periodista Masha Gessen en el libro El hombre sin rostro. Lo que sucedía en aquellas operaciones de los años noventa, según concedía Putin en una biografía oficial del año 2000, no era precisamente ejemplar: “Era una época llena de negocios turbios, de montajes financieros piramidales y cosas similares”.

Cuando Putin recorría Barcelona aquel febrero de 1992 ya era sospechoso de haberse lucrado en los programas de intercambio de materias primas por alimentos procedentes del exterior. Su azote era la diputada de San Petersburgo Marina Salye. Esta encabezó una comisión de investigación que en mayo de 1992 concluyó que el jefe de relaciones exteriores del Ayuntamiento había autorizado como mínimo doce contratos fraudulentos valorados en cerca de 100 millones de dólares —94 millones de euros—.

Rusia necesitaba comida para su población porque la industria agrícola había saltado por los aires. El rublo no valía nada y no había dinero para comprar alimentos. La solución a la que llegaron las autoridades era el trueque de materias primas por alimentos. Los documentos de Salye demuestran que Putin autorizó por lo menos doce operaciones de venta de materias primas a precio de saldo con sociedades instrumentales que luego desaparecieron, una parte a cambio de divisas y la otra, a cambio de alimentos. El montante total de las comisiones estipuladas en los contratos superaba los 32 millones de euros. Los alimentos nunca llegaron a San Petersburgo. Putin admitió la estafa pero lo achacó a los empresarios con los que había negociado. Él mismo había liderado en 1991 la negociación de un programa de intercambio de carne alemana valorada en más de 90 millones de marcos —46 millones de euros—. La carne tampoco llegó a Rusia.

Putin aterrizó en Barcelona el 25 de febrero de 1992, un mes antes de que Salye presentara las conclusiones de la comisión a Yuri Boldirev, quien dirigía en el Gobierno del presidente Boris Yeltsin lo que en España sería el Tribunal de Cuentas. Boldirev concluyó que Putin había cometido múltiples delitos, pero no se emprendieron acciones contra él porque ni Yeltsin ni Sobchak lo quisieron. “Era un caso típico en aquella época”, explicaba Boldirev en el libro de Gessen, para quitar hierro al asunto.

Barcelona está hermanada con San Petersburgo desde 1985, cuando todavía existía la Unión Soviética y se llamaba Leningrado. Siete años más tarde, la delegación de San Petersburgo fue recibida por el Ayuntamiento y en el Palau de la Generalitat, la sede del Gobierno catalán; sus miembros se presentaron en el Cercle d’Economia y dieron una conferencia en el Colegio de Abogados para detallar las bondades de invertir en Rusia. El alcalde Sobchak también firmó un acuerdo de petróleo por alimentos valorado en 47.000 millones de pesetas —283 millones de euros— con Juspi, una sociedad creada entre Enric Bernat, fundador de Chupa Chups, y Lluís Prenafeta, quien fuera la mano derecha de Jordi Pujol como primer secretario de la presidencia de la Generalitat.

Prenafeta también estaba al frente de Petrocat, empresa petrolera apadrinada por la Generalitat. Según el documento firmado con el primer edil de San Petersburgo, Petrocat abriría diez gasolineras en la ciudad. “Ellos no cumplieron porque les cerraron el grifo. Vivían una situación muy adversa y te pasaban de un funcionario a otro. Perdimos el tiempo y la paciencia”, afirmaba Prenafeta en La Vanguardia. La realidad era más compleja. Xavier Bernat, hijo del fundador de Chupa Chups, apuntaba en 1994 en un artículo en EL PAÍS que una razón por la que se fue al traste Juspi era la corrupción. En aquel artículo se detallaba que el soborno medio para cualquier funcionario era de unas 20.000 pesetas, y que para tirar adelante con los acuerdos era necesario contratar a abogados que destinaban tres cuartas partes de sus honorarios a untar a empleados públicos.

A Prenafeta lo estafaron poco después cuando intentó el cambio de petróleo por alimentos directamente con el ministerio de Energía ruso. Otro negocio que fracasó en San Petersburgo entre los Bernat y Prenafeta era la concesión de un juego de lotería municipal. A los tres socios les llegó un documento falso, para que aportaran el dinero, garantizando una concesión que en verdad no habían conseguido, según informaba EL PAÍS en 1994.

Las relaciones exteriores de San Petersburgo, incluidas las inversiones, pasaban por el despacho de Putin. Quien en 1992 mantuvo con el futuro presidente de Rusia hasta tres reuniones fue Manuel De Forn, por entonces coordinador del Plan Estratégico de Barcelona. Sobchak volvió del tour por la ciudad olímpica a con la idea de levantar una central de distribución de alimentos a semejanza de Mercabarna. “Vimos que era inviable porque no había producción de alimentos; el problema no era de distribución, el problema es que no había nada que distribuir”, recuerda De Forn. “Putin no nos pidió dinero directamente, pero nos explicaron lo de los sobornos. Como no fue a más el proyecto no hubo problemas, pero lo que querían era que alguien de Barcelona les mantuviera”, resume este reconocido urbanista.

El enfado de Putin

Otra empresa que tuvo que vérselas con la corrupción local rusa era Codorníu. La compañía de cavas y vinos de la familia Raventós almacenaba sus productos en San Petersburgo. En una ocasión, en los primeros años de la década de los noventa, según explican fuentes de la oficina de Pujol, el almacén apareció destrozado y con los productos desaparecidos. Los representantes de Codorníu protestaron y fueron dirigidos a Putin: el hoy autócrata ruso “les soltó una bronca tremenda”, explican estas fuentes, “porque ya se les había advertido de a qué personas tenían que encargar la seguridad de su almacén, y no hicieron caso”.

Putin volvió a visitar España a partir de 1994, pero con una identidad falsa y en más de treinta ocasiones. Así lo revelaron los servicios secretos españoles a sus homólogos de los Estados Unidos, según recogía el libro de Dawisha. Los viajes de Putin, que se habrían extendido más allá de 1996, cuando pasó a trabajar en el Gobierno ruso, eran de trabajo, encuentros con nuevos millonarios favorecidos por él. Los últimos viajes, en 1999, los realizó de Gibraltar a Sotogrande (Cádiz) para verse con el oligarca Boris Berezovski.

Tras el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, el pasado febrero, a De Forn le llamó la atención un nombre entre los muchos miembros de las élites económicas y políticas rusas sancionados por la Unión Europea y los Estados Unidos: Ígor Sechin. De Forn recordaba este nombre porque era el secretario del funcionario Putin, su hombre para todo. Sechin fue viceprimer ministro y es el actual presidente de la petrolera estatal rusa Rosneft.

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